La Legislatura porteña aprobó un proyecto que reconoce los sistemas de reconocimiento facial. Organizaciones civiles rechazaron esta tecnología por considerarla contraria y violatoria de derechos fundamentales.
Por 36 votos afirmativos, 18 negativos y sin abstenciones, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una reforma de la Ley 5688 del Sistema Integral de Seguridad Pública, incorporando y regulando el denominado “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos”.
La propuesta fue de Claudia Neira (FdT) y otros miembros de Frente de Todos, trabajada luego por distintos bloques en la Comisión de Seguridad, que preside Claudio Cingolani (VJ). El proyecto incorpora el Sistema de Reconocimiento a la Ley 5688, implementado por el Gobierno de la Ciudad en abril del año pasado, mediante la resolución 398/19 del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El objetivo, según explicaron, “es aumentar y especificar las disposiciones” ya establecidas tendientes a garantizar la “privacidad, confidencialidad y derecho a la intimidad” de las personas en lo referente a las cámaras que captan imágenes públicas.
Las organizaciones Access Now, Amnistía Internacional, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), DATAS, Fundación Vía Libre, Observatorio de Derecho Informático Argentino alertó sobre la iniciativa y señalaron que la incorporación de esta tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos.
La iniciativa fue fuertemente criticada por un grupo de entidades por las implicancias de las actividades de vigilancia masiva en los espacios públicos y su interferencia con derechos fundamentales. El hashtag #NoAlReconocimientoFacial se convirtió tempranamente en tendencia en la red social Twitter y se mantuvo durante todo el debate.
Las organizaciones Access Now, Amnistía Internacional, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), DATAS, Fundación Vía Libre, Observatorio de Derecho Informático Argentino señalaron que la incorporación de esta tecnología presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos.
Mediante un comunicado, las entidades firmantes explicaron que el sistema no solo procesa información biométrica de las personas buscadas, sino de todo transeúnte que pase frente a las cámaras, lo que afecta la privacidad y “asume que todos y todas somos culpables, por lo que recolecta datos sensibles para determinar luego si somos o no una persona buscada”.
También destacaron que “la idea de estar bajo constante vigilancia produce un efecto inhibitorio, sobre todo en aquellas personas que emiten discursos críticos contra las mismas autoridades que tienen control sobre estas tecnologías”.
“Al eliminar el anonimato, la tecnología de reconocimiento facial impide el libre ejercicio de este derecho por el miedo a futuras represalias”, advirtieron y añadieron que esta tecnología “tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura, lo cual deriva en un sinnúmero de falsos positivos y afecta de forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Fuente: Diario Judicial