La responsable de Migraciones defendió la derogación del decreto 70/2017 y explicó que el país tiene las mismas herramientas que antes para expulsar o impedir el ingreso a la Argentina. Además, denunció las políticas discriminatorias durante el macrismo vinculadas también a los espionajes.
La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que “es mentira que los extranjeros con antecedentes penales puedan ingresar al país”, a partir de la derogación del decreto dictado por Mauricio Macri, y cuestionó a su administración, al señalar que “puso mucho marketing en el tema, pero lo que hizo fue achicar los plazos de la defensa que tenía un extranjero”.
“Ningún delincuente puede ingresar a la Argentina. Ni antes ni ahora, porque tenemos las mismas herramientas para expulsar a aquellos -extranjeros- que delinquen y las causales para impedir el ingreso de delincuentes a territorio nacional es el mismo en la ley de Migraciones que en el decreto 70”, afirmó Carignano, en declaraciones que realizó en América TV.
En ese sentido, agregó: “Les pido por favor que lean el articulo 29 de la ley (de Migraciones) y del decreto 70/2017 que es donde están las causales, los motivos que hacen que un extranjero no pueda ingresar a la Argentina o permanecer en el territorio nacional. Es el mismo artículo en la ley que en el decreto”.
Esto se vincula a que el pasado viernes, el Gobierno derogó un decreto de la presidencia de Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma resultaba “irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“No somos locos. No queremos que vengan los delincuentes extranjeros”, dijo Carignano el viernes por la noche, y se preguntó: “¿A quién se le puede ocurrir que vamos a dejar a ingresar a los delincuentes?”.
Con respecto a las expulsiones de extranjeros que delinquen en el país, aclaró que “hubo antes y después del DNU 70, pero más después de ese decreto porque se dedicaron a buscar a los presos extranjeros y los deportaron solo con la mitad de la condena cumplida y muchos de ellos volvieron a ingresar al país de forma ilegal y cometieron delitos, por lo que ahora están otra vez presos”.
Ante la controversia generada con la oposición al publicarse en el Boletín Oficial la derogación del DNU 70/2017, Carignano instó a “no mentirle a la gente. Hay que hablarle en serio, no hacer terrorismo. Le están mintiendo a la gente porque quieren generar miedo”, concluyó.
Ayer por la noche, en otra entrevista con América TV, denunció cómo funcionaban las políticas de migración durante el macrismo, y los espionajes que convivían detrás de eso.
“Adentro de migraciones había gente que también hacía espionaje y que también está sumariada hoy” fue lo que principalmente resaltó de directora actual.
“Nos encontramos con que, por ejemplo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tenía 20.400 claves, más claves que policías, y nos encontramos con muchísima gente que había espiado a deportistas, mujeres de deportistas, políticos, periodistas” denunció Carignano, agregando que “habían hecho un mal uso de las claves”.
“Lo que hicimos fue reglamentar el procedimiento porque esas claves son necesarias y los organismos las necesitan”, continuó, advirtiendo a su vez que cada institución, con su respectivo responsable, se hará cargo de la clave correspondiente y se deberá decir el procedimiento a realizar, utilizando la clave en el marco de las funciones.
Asimismo, manifestó que: “La secretaria privada del anterior Director había entregado 3 mil radicaciones a personas que no tenían ningún criterio para radicarse, y no había chequeado los antecedentes penales”, agregando que “todo está denunciado”
“El jefe de mesa de entradas de la gestión anterior estuvo preso por ser parte de una banda que daba residencias a ciudadanos chinos y resultó ser que el que firmaba los documentos para ellos, al llegar nosotros, seguía en el mismo lugar y firmando los mismos documentos” señala Carignano, y amplía: “Le cobraban alrededor de 25 mil dólares a cada chino por darle una residencia que no correspondía, todo figura en un expediente judicial”.
