La alianza Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para encarcelar piqueteros.
“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años“, dice la propuesta presentada por el “halcón” Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, ente otros. Este proyecto legitima la persecución política, atenta contra la libertad de expresión y de reclamo, y castiga, como siempre, a quienes protestan reclamando por lo que les falta, carencias que los políticos deberían preocuparse por solucionar, y no por perseguir cuando se protesta por ellas.
El diputado del PRO reclama que: “Sean sancionadas las asociaciones u organizaciones sociales que, ejerciendo alguna clase de representación o recibiendo prestación económica por parte del Estado Nacional, cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas tales como la libre circulación de los ciudadanos o impedir desarrollar libremente su tarea productiva o comercial“.
“Desde la década de los noventa los planes sociales han constituido un recurso recurrentemente utilizado por el Estado para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares. Pero la relación del Estado con estos sectores nunca se da de manera directa, sino a partir de distintas mediaciones, entre las cuales se pueden mencionar las redes punteriles, las organizaciones de desocupados, ONG’s, etc.”, argumenta.
“Bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”, adhiere.
El proyecto prevé: “En el caso de sorprender a representantes o representados de estas asociaciones cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la circulación libre de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional donde indica que ‘toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala’”.
Y tipificado penalmente en el Artículo 194 del Código Penal pena a: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años“.
Los demás firmantes son: Alejandro Finocchiaro, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Francisco Sanchez, Alberto Asseff, Sofia Brambilla, Karina Bachey, Ana Clara Romero, Soher El Sukaria, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, María Sotolano y Gustavo Hein.
Fuente: Ágora
