Por: Diego Adur
A partir de la pandemia de Covid-19 y respecto a lo que sucedió durante el gobierno macrista, los juicios por crímenes de lesa humanidad han tenido un aceleramiento profundo y mucha más visibilidad. Pasada la primera mitad del 2020, ha habido juicios que retomaron sus audiencias de manera virtual –mediante videoconferencias-, otros procesos se iniciaron en plena cuarentena y hasta incluso hemos asistido a veredictos y sentencias de diversas causas. Los medios de comunicación –sobre todo los alternativos- han puesto el foco en los juicios con coberturas gráficas, radiales y televisivas, lo que generó mayor publicidad de estos procesos, acompañado de más personas siguiendo las causas por crímenes de lesa humanidad
“Condenar a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, con accesorias legales, por hallarlo coautor penalmente responsable de los siguientes delitos, todos los cuales concurren materialmente: homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, de esta manera anunciaba su veredicto el presidente del Tribunal Oral en lo Federal Criminal N° 4 de San Martín, el juez Esteban Rodríguez Eggers, en el histórico juicio por la Represión a la Contraofensiva Montonera. En la sentencia fueron condenados a prisión perpetua los 6 imputados del juicio, a los que también se les quitó el beneficio de sus pensiones y jubilaciones militares y se les ordenó la reclusión en cárcel común, previa revisión de su estado de salud. Los condenados fueron Eduardo Ascheri, Marcelo Cinto Courtaux, Jorge Bano, Luis Firpo, Roberto Dambrosi y Jorge Norberto Apa, todos integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. El juicio había comenzado en abril del 2019 y se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19. Retomó sus audiencias en junio del 2020 y tuvo veredicto en junio de este año.
Casos para destacar son el juicio que investiga los Vuelos de la Muerte que partieron desde Campo de Mayo y también el proceso que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigadas policiales de Banfield, de Quilmes y de Lanús –con sede en Avellaneda-. Ambas causas se iniciaron en plena pandemia, en octubre del 2020, de forma virtual y sorteando todas las dificultades del caso; Problemas de conexión de las partes del juicio y testigos, micrófonos que no podían activarse y cámaras que no encendían formaron parte del repertorio de las primeras audiencias de estos 2 juicios. Pero ese tipo de dificultades técnicas no es lo único que generó rispideces en el ambiente de los derechos humanos. Se planteaba un interrogante que continúa aun hoy. Los juicios deben seguir, porque los imputados por estos delitos imprescriptibles son viejos y puede darse lo que llamamos impunidad biológica: que mueran sin recibir su condena. Por otro lado, los y las testigos que se presentan audiencia tras audiencia a contar su historia, la de su familiar y a pedir Memoria, Verdad y Justicia, deben hacerlo alejado del ámbito judicial. Esto es fuera de los tribunales donde deben llevarse adelante causas como estas. A veces, la incomodidad o la falta de experiencia para hablar frente a un celular o una computadora, completamente solos y solas, en domicilios particulares, son cuestiones que dificultan que las declaraciones se desarrollen de la mejor manera posible. Pensemos que existen equipos de acompañamiento especialmente preparados para asistir a las víctimas de estos hechos. Además, lamentablemente, si el proceso de juzgamiento de estos crímenes no se acelera las personas que dan testimonio, los y las sobrevivientes del genocidio también irán muriendo sin poder aportar sus declaraciones en las causas que se van abriendo.
El juicio por los Vuelos de la Muerte en Campo de Mayo es muy particular. Es un juicio que continúa en proceso, pero la mayor parte de su etapa testimonial –esto es, las audiencias destinadas a escuchar las declaraciones de las personas que aportarán el material probatorio para la causa- fue con ex conscriptos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio en Campo de Mayo y estuvieron destinados el Batallón de Aviación del Ejército. En el momento de los hechos que se juzgan –años ’76, ’77 y ’78- eran jóvenes de 18 o 19 años, sin militancia política ni sindical reconocible. Sin embargo, contaron cómo vieron, escucharon o se enteraron del ingreso de personas al Batallón, encerradas en camiones de transporte de sustancias alimenticias y cómo eran subidas, sedadas, a los aviones que luego despegaban para arrojarlos al mar o al Río de la Plata. Muchos de los ex colimbas reconocieron haber visto a los y las detenidas ilegalmente subir a los aviones bajo el efecto de una droga anestésica. Uno de los testigos que se encargaba del mantenimiento de la pista declaró haber encontrado decenas de ampollas de ketalar, una droga utilizada con esos fines. Otros testigos relataron que encontraron prendas de ropa de mujer y de hombre esparcidas por el aeródromo e incluso contaron haber visto el interior de los aviones manchados de sangre. En este juicio se investiga la responsabilidad de Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, genocida condenado en varias ocasiones por delitos de lesa humanidad, y de los jefes del Batallón de Aviación del Ejército: Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza –que además volaba los aviones Fiat G-222, los indicados por los testigos como los que usaban para los Vuelos de la Muerte-, Eduardo Lance y Horacio Conditti. Este proceso se lleva adelante por 4 víctimas: Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. Es importante señalar que no fueron las únicas víctimas de los Vuelos de la Muerte, sino que son caso en el juicio porque sus restos fueron hallados en las costas del mar o del río y pudieron ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). De hecho, se presume que la desaparición por Vuelos de la Muerte fue una de las principales formas de exterminio de personas en Campo de Mayo.
El lento retorno a la normalidad
Algunos juicios de los que comenzaron a mediados de este año, con la pandemia un poco más controlada en nuestro país, están utilizando el formato de semipresencialidad en sus audiencias. Esto quiere decir que algunas de las partes –abogados defensores, de la fiscalía, querellas o jueces- se conectan a la audiencia virtualmente, pero los testigos lo hacen en la sala del Tribunal de forma presencial. Es el caso, por ejemplo, del juicio Garachico –conocido también como Arana II- que tiene como imputado a Julio César Garachico y a Miguel Osvaldo Etchecolatz. La causa recorre sobre todo lo que fue la segunda desaparición de Jorge Julio López, en el 2006 cuando era uno de los testigos esenciales del juicio precisamente contra el genocida que fue el Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante el Terrorismo de Estado.
Otro de los juicios que inició bajo la modalidad semipresencial es el que investiga lo sucedido en una quinta en la localidad de La Reja, partido de Moreno, cuando un comando conjunto de policía y Ejército irrumpió en una reunión de la conducción del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo) con militantes de otros países latinoamericanos a tan solo 5 días del golpe de Estado, el 29 de marzo de 1976. El juicio La Pastoril comenzó hace poco y se encuentra en su etapa testimonial, después de lo que fue la lectura de cargos y la declaración indagatoria de los imputados en las primeras audiencias.
Los y las testigos, en su mayoría, prefieren llevar adelante su declaración en el juicio oral y público de manera presencial. No solo por las dificultades técnicas señaladas anteriormente sino también porque el valor simbólico que tiene hacerlo en un Tribunal. Es difícil contar una historia desde el horror –aunque muchas veces también se mezcle con el amor, la militancia y los sueños de las juventudes de los ’70-. Resulta incómodo hacerlo en la intimidad de sus hogares, donde en muchos casos el ambiente no es el ideal para desarrollar ese relato. Ya sea por la cantidad de integrantes que habitan el domicilio, por las distracciones que pudieran existir y, sobretodo, por el hecho de encontrase solos y solas frente a un dispositivo electrónico sin el acompañamiento del público asistente a la audiencia. Una de las cosas que más se extrañaron en este tiempo de virtualidad en los juicios obligada por la pandemia fueron los aplausos de los compañeros y las compañeras al final de cada declaración testimonial.
Queda mucho camino por recorrer. Actualmente son 19 los juicios orales por crímenes de lesa humanidad que se encuentran abiertos repartidos en 10 provincias de la Argentina. Además de las desapariciones forzadas, los asesinatos y las torturas, en los procesos se investiga la responsabilidad civil de los imputados, la función del aparato de inteligencia, la violencia sobre menores, los delitos sexuales, entre otros. Todos los datos sobre las causas pueden encontrarse en www.juiciosdelesahumanidad.ar
Los juicios no solo vienen tardando mucho tiempo en dar inicio sino que también se extienden a lo largo de los años una vez que están abiertos, algo riesgoso si pensamos en la posibilidad de impunidad biológica de los imputados. Uno de los reclamos más urgentes del mundo de los derechos humanos al respecto es que se designen más jueces en los Tribunales Orales Federales para que puedan aumentar la cantidad de audiencias por semana de cada proceso. Los jueces que integran los TOF suelen repetirse y eso impide que las audiencias puedan desarrollarse sin límite horario sino que se ven interrumpidas porque los magistrados tienen que asistir a otros juicios. Así se acorta la posibilidad de llevar adelante las causas con mayor celeridad y no solo se muren impunes los responsables de perpetuar el Terrorismo de Estado en la Argentina sino también los compañeros y compañeras sobrevivientes que ponen su voz, su cuerpo y han dedicado su vida a hacer memoria, para buscar la verdad y alcanzar la justicia.
