Durante el gobierno de María Eugenia Vidal se conformó una red de espionaje ilegal, es lo que se señala en una causa que fue elevada a juicio oral y que involucra a Guillermo Berra por la presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial.
El espionaje y las escuchas ilegales parece involucrar a diversos integrantes de Juntos por el Cambio. Gracias a la investigación judicial se pudo saber que en la provincia de Buenos Aires, cuando estaba al frente de la misma María Eugenia Vidal, desde la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad también se montó una red de espionaje ilegal.
La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien fue procesado por la presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas que no tenían nada que ver con su actuación en la fuerza policial.
De esta manera Berra fue procesado por la fiscal Cecilia Corfield quien se desempeña como titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, quien lo acusó del delito de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.
Es importante remarcar que en su resolución la mencionada fiscal también procesó a María Rosario Sardiña, quien es la pareja de Berra y que en aquel momento se desempeñaba como auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la policía provincial. Unos verdaderos emprendedores.
Ahora bien, debemos mencionar que el derrumbe de la PYme de Berra-Sardiña comienza a desmoronarse cuanda el 20 de septiembre de 2016, un exintegrante de la cúpula de la Policía Bonaerense, Néstor Omar Martín, presentó ante la justicia una denuncia indicando que lo habían investigado a él y a su grupo familiar de manera ilegal.
La fiscal también llegó a manifestar en su escrito que “para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados.”
De esta manera el 26 de noviembre de 2019 se llegó a denunciar las acciones de espionajes ilegales en perjuicio de integrantes del poder judicial, diputados, senadores, intendentes del conurbano y del interior de la Provincia, titulares de colegios profesionales e inclusive al propio titular del entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Gracias a los allanamientos a la sede de Asuntos Internos en La Plata y el secuestro de material informático la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15 de La Plata pudo recolectar pruebas para el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio quien consideró pertinente elevar a juicio oral la causa.
Entre las pruebas se encuentra la contratación de miles informes de crédito (Nosis) y de tareas de seguimiento respecto de personal policial pero además sobre políticos, funcionarios y hasta miembros del Poder Judicial. Tareas que excedían a las funciones de Asuntos Internos que sólo puede investigar a policías.
(Por Walter Onorato – @walteronorato) El tema del espionaje y las escuchas ilegales parece un mal generalizado dentro de Juntos por el Cambio. Gracias a la investigación judicial se pudo saber que en la provincia de Buenos Aires, cuando estaba al frente de la misma María Eugenia Vidal, desde la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad también se montó una red de espionaje ilegal.
La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense, quien fue procesado por la presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas que no tenían nada que ver con su actuación en la fuerza policial.
De esta manera Berra fue procesado por la fiscal Cecilia Corfield quien se desempeña como titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, quien lo acusó del delito de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.
Es importante remarcar que en su resolución la mencionada fiscal también procesó a María Rosario Sardiña, quien es la pareja de Berra y que en aquel momento se desempeñaba como auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la policía provincial. Unos verdaderos emprendedores.
Ahora bien, debemos mencionar que el derrumbe de la PYme de Berra-Sardiña comienza a desmoronarse cuanda el 20 de septiembre de 2016, un exintegrante de la cúpula de la Policía Bonaerense, Néstor Omar Martín, presentó ante la justicia una denuncia indicando que lo habían investigado a él y a su grupo familiar de manera ilegal.
La fiscal también llegó a manifestar en su escrito que “para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados.”
De esta manera el 26 de noviembre de 2019 se llegó a denunciar las acciones de espionajes ilegales en perjuicio de integrantes del poder judicial, diputados, senadores, intendentes del conurbano y del interior de la Provincia, titulares de colegios profesionales e inclusive al propio titular del entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Gracias a los allanamientos a la sede de Asuntos Internos en La Plata y el secuestro de material informático la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15 de La Plata pudo recolectar pruebas para el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio quien consideró pertinente elevar a juicio oral la causa.
Entre las pruebas se encuentra la contratación de miles informes de crédito -Nosis- y de tareas de seguimiento respecto de personal policial pero además sobre políticos, funcionarios y hasta miembros del Poder Judicial. Tareas que excedían a las funciones de Asuntos Internos que sólo puede investigar a policías.
El nombre del funcionario de Maria Eugenia Vidal, Guillermo Berra, había tomado estado público en 2016 cuando fue mencionado por Lorena Martins, la hija del ex agente de la SIDE, Raúl Martins, acusado de ser responsable de redes de prostitución. En aquel entonces se denunció en las redes sociales que el ex comisario Sergio Maldonado era un asesor “informal” vinculado con Guillermo Berra.
La red de espionaje ilegal montada por funcionarios provinciales de María Eugenia Vidal llegó a “vigilar” sin autorización de funcionario alguno del poder judicial, lo que significa que ningún juez avaló los trabajos realizados por Berra y compañía.
De esta manera fueron espiados entre otros:
- Sergio Ricardo Maldonado
- César Ricardo Melazo
- Mario Alejandro Mac Dougall
- Juan Pablo Mussi
- Franco Daniel Schillaci
- Tomás Fernando Espinoza
- Juan Domingo Tomás Espinoza
- Mario Alberto Ishi
- María Florencia Alconada
- Tomás José Gigli
- María Alejandra Bellini
- Diego Ariel Otero
- Néstor Emilio Otero
- Elías Mahli
- Juan José Tocci
- Daniel Alejandro Salcedo
- Ricardo Oscar Bogoliuk
- Norberto Aníbal Degastaldi
