Se incluyeron importantes reformas en educación, salud y reconocimiento indígena. El texto provisorio comenzará a ser revisado esta semana y deberá ser plebiscitado en septiembre.
La Convención Constitucional de Chile entró este fin de semana en su etapa final al aprobar el borrador de la nueva Constitución tras más de 10 meses de debate. Este lunes, el texto provisorio que incluyó importantes reformas en rubros clave como salud y educación, comenzará a ser revisado para finalmente ser plebiscitado en septiembre.
“Estamos muy felices de anunciar formalmente que ya tenemos el borrador de la nueva Constitución. Hoy, después de 103 sesiones del pleno, muchas de ellas maratónicas, cerramos finalmente el debate constitucional”, afirmó el último sábado la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.
A partir de la próxima semana, el borrador quedará en manos de una comisión de armonización que revisará la redacción y coherencia del cuerpo normativo. Luego, el borrador final deberá ser formalmente presentado a principios de julio y los ciudadanos votarán para aprobar o rechazar el texto el 4 de septiembre en un plebiscito de participación obligatoria.
Una vez finalizado el proceso, y de refrendarse la nueva Carta Magna, los chilenos dejarán atrás la constitución aprobada en 1980 durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. En cambio, los constituyentes establecieron que Chile será considerado “un Estado Plurinacional e Intercultural”. El borrador contiene un total de 499 artículos, una gran parte de ellos destinados a la ampliación de derechos sociales de tercera y cuarta generación, en rubros como salud, educación, género, ambiente y pueblos indígenas.
Uno de los cambios más importantes respecto a la constitución pinochetista se da en relación a la educación y la salud, ya que de aprobarse el nuevo texto constitucional estos servicios pasarán a ser gratuitos y públicos, uno de los principales reclamos de las protestas sociales de 2019 que desataron la convocatoria a la Constituyente.
Actualmente, la educación es en parte financiada por el o la estudiante o su familia, y cuenta con beneficios del Estado de acuerdo con su nivel socioeconómico, aunque en los privados, las familias deben hacer un aporte adicional. A partir de lo que aprobó la Convención Constitucional, la educación pasará en cambio a ser de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.
Sobre la educación superior, el texto indica: “El Estado deberá financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación”.
Por otro lado, con respecto a la salud, se aprobó que el Sistema Nacional de Salud esté integrado por prestadores públicos y privados. “La Ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse”, señalaron.
Los constituyentes plasmaron en su borrador otras reformas más allá de la salud y educación. Entre otros derechos sociales básicos, el texto provisorio reconoce el derecho a la vivienda digna, a la remuneración equitativa, al trabajo decente y a igual remuneración por igual trabajo.
En el ámbito político, el borrador elimina el Senado, crea un sistema de justicia indígena en paralelo al nacional y exige paridad de género en organismos públicos. También reconoce, por primera vez a nivel constitucional, la existencia de 11 comunidades indígenas, que se calcula que representan a casi un 13% de los habitantes del país.
En paralelo, la Convención Constitucional rechazó el sábado, en la última jornada de votaciones, reformas importantes a la industria minera entre las que figuraba el fortalecimiento de la propiedad estatal en los yacimientos del mayor productor mundial de cobre. El artículo 27, que originalmente otorgaba al Estado derechos mineros exclusivos sobre litio, metales raros e hidrocarburos y una participación mayoritaria en las minas de cobre, enfrentó fuerte oposición del sector minero y ya había sido rechazado la semana pasada.
La Comisión de Medio Ambiente sometió a votación múltiples variaciones del artículo ante el pleno de la asamblea durante la tarde del sábado, pero también fueron rechazadas. El plenario, sin embargo, autorizó enunciados sobre “acceso equitativo y no discriminatorio a la energía”, el estatus de las playas y la protección del territorio chileno antártico, entre otros. “Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”, dice uno de los párrafos que recibió luz verde.
