Por: Guido Miguel Vassallo
El fiscal Federico Delfino, quien investiga la causa, admitió que las prendas que llevaban las víctimas se destruyeron y que tenían 11 años de edad, y no 15 y 18 como sostenía un médico forense.
La ONU le exigió al gobierno paraguayo el esclarecimiento del asesinato de las dos niñas argentinas durante un operativo contra un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El representante de Derechos Humanos de ONU en América del Sur, Jan Jarab, demandó al Estado una investigación “sin demora y de forma imparcial”. El pronunciamiento disparó una inmediata reacción del gobierno, que tildó de “irresponsable” al funcionario y expresó que le “retira su confianza”. La Iglesia expresó su dolor por el uso de “dos niñas inocentes como carne de cañón” y le exigió al Estado una investigación seria. El fiscal Federico Delfino, quien investiga la causa, admitió que las prendas que llevaban las víctimas se destruyeron y que las menores tenían 11 años. En tanto, Mariana Ayala de Villalba, abuela de las dos niñas asesinadas durante el operativo militar, pidió que las autoridades paraguayas le devuelvan los cuerpos de sus nietas María y Lilian. Aseguró que ambas crecieron con ella en Misiones, y que no eran integrantes de la guerrilla del EPP. El fin de semana se procedió a exhumar los cuerpos de las niñas con el fin de realizar nuevas pruebas sobre la identidad y las circunstancias en que las menores fueron abatidas.
“Información inquietante”
A través de su representante en América del Sur para los Derechos Humanos, la ONU sostuvo que Paraguay debe investigar con urgencia e imparcialidad la muerte de las menores. “Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger”, se lamentó Jan Jarab, de acuerdo al comunicado de la oficina regional de la ONU con sede en Santiago de Chile.
Jarab afirmó que su oficina recibió “información inquietante” sobre los intentos de manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos”. Lejos de mostrarse conciliador, el gobierno paraguayo salió con los tapones de punta y a través de un comunicado de Cancillería manifestó que “rechaza rotundamente las expresiones” y “considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado”. Según el ministerio de Relaciones Exteriores, el reclamo de la ONU lleva al gobierno nacional “al extremo de retirar la confianza al señor Jarab”.
La Confederación Episcopal Paraguaya (CEP) se sumó a las críticas de la ONU al expresar el “dolor por la pérdida de vidas humanas, que en este caso significó la muerte violenta de dos niñas de 11 años de edad”. La CEP también puso en tela de juicio el operativo realizado por el gobierno: “Los procedimientos son confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes”.
En relación a los cuestionados procedimientos, el fiscal Federico Delfino confirmó algunas de las presunciones. “Se tomaron muestras de las vestimentas, y por esta cuestión de la covid-19, automáticamente se tuvieron que destruir. Pero antes de esa destrucción se hicieron tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, aseguró Delfino en torno a la destrucción de pruebas fundamentales para la causa.
Entrevistado por el canal local Telefuturo, el agente del Ministerio Público agregó que los cuerpos fueron enterrados rápidamente porque todos los intervinientes podían “terminar imputados” por tener cadáveres expuestos, descuidando el protocolo que rige por la pandemia de coronavirus. La abogada defensora de la familia de una de las niñas acribilladas, Daisy Irala, aseguró sin embargo que desde el comienzo los militares supieron que mataron niñas y también el presidente Mario Abdo Benítez, quien se fue al lugar y “tapó, vistió a las niñas y las armó para intentar justificarse”.
“Pido la repatriación de los cuerpos”
Integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género con sede en la ciudad de Posadas, visitaron la casa de Mariana de Jesús Ayala de Villalba, madre de Carmen, Osvaldo y Liliana Villalba, líderes del EPP, y abuela de las niñas asesinadas. Ayala de Villalba confirmó la identidad y la edad de las menores, registradas como ciudadanas argentinas.
“Nos encontramos con una mujer de 76 años junto a dos de sus hijas al cuidado de sus nietos e hijos. Una abuela tratando de proteger a su familia del hostigamiento y la persecución de un aparato represivo brutal”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 Alicia Rivas, miembro del Equipo Misionero, luego de visitar la casa de Ayala de Villalba. “Mariana es abuela de las dos niñas. Ellas vivían con su abuela desde bebés. A fin de año viajaron a Paraguay porque querían conocer a sus padres. No pudieron regresar al país por el cierre de fronteras por la covid-19. Iban a la escuela en la ciudad misionera de Puerto Rico”, agregó.
Rivas considera que la preocupación más grande que tiene ahora la abuela de María y Lilian es “la seguridad de los niños y niñas que están junto a ella en Misiones”. “Es atroz la campaña de difamación del gobierno paraguayo queriendo instalar que es una guardería guerrillera, cuando solo se trata de una casa donde vive una abuela con sus hijas y nietos”, añadió Rivas, para quien la versión del gobierno paraguayo es “insostenible”. “Pido encarecidamente por la repatriación de los cuerpos de las niñas. Tengo esa esperanza”, se la escucha exigir a la abuela de las dos víctimas de 11 años en el video difundido luego del encuentro.
Fuente: Página 12
