La cuestionada Justicia Federal se hará cargo del caso que involucra de forma transversal a funcionarios judiciales y del PRO porteño.
El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.
El magistrado resolvió “hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes”, según surge de la resolución que citó un cable de la agencia Télam.
El planteo de inhibitoria había sido presentado por la defensa del juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola y había sido acompañado por el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe a través de un dictamen que esta agencia reveló al principio de esta semana.
Para el camarista Farah, la causa debe tramitar ante la Justicia federal porteña, con sede en Comodoro Py, porque los funcionarios públicos imputados ejercen sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires por lo que de haber incurrido en delitos vinculado a sus cargos debieron haberlo hecho en ese territorio, más allá de donde se hubieran reunido con sus coimputados.
“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, sostuvo Farah en su decisión.
En ese marco, el camarista indicó que “a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios” y agregó: “Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”.
El paso de la causa a Comodoro Py solicitado por Yadarola había sido rechazado en primera instancia, pero la decisión fue apelada por lo que debió intervenir la Cámara Federal porteña que este miércoles determinó que el caso pase a suelo porteño, al juzgado a cargo del magistrado Sebastián Ramos.
Esa decisión podría ser controvertida desde Bariloche y entonces debería dirimir la Cámara Federal de Casación Penal; quienes siguen el expediente consideran que las posibilidades de que eso pase son porque la jueza María Silvina Domínguez, que llevaba el caso en Bariloche, inició el camino de su jubilación y ese juzgado será subrogado por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.
Antes de que se expidiera el camarista Farah, el fiscal Agüero Iturbe había emitido un dictamen de 7 páginas en el que sostuvo: “En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”.
La causa por el viaje de los funcionarios, empresarios y exespías a la estancia del magnate británico Joe Lewis que todavía está en Bariloche lleva el número 17.869/2022 y está caratulada como a “Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas”.
Se intenta determinar si, como surge de la denuncia inicial realizada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y como se desprende del pedido de imputación firmada por la fiscal María Cándida Etchepare, el vuelo y el alojamiento de los funcionarios judiciales y políticos de CABA fue financiado por terceras personas o por alguna empresa.
El viaje se realizó el 13 de octubre, mientras que el diario Página/12 lo reveló el 17 de ese mes en el artículo que desencadenó la denuncia posterior.
El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
“Si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios”, sostuvo la fiscal Etchepare cuando impulsó la investigación.
En esa línea, señaló que “se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.
“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ´al contado´ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, remarcó.
Durante los primeros 40 días a partir de la denuncia, las medidas adoptadas por la fiscal se limitaron a la toma de declaración testimonial al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; a la recepción de las facturas presentadas por ese empresario para intentar justificar el supuesto pago del alojamiento por parte de los huéspedes, y de igual manera incorporó al expediente las facturas aportadas por la empresa aérea Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. -cuyo nombre de fantasía es Flyzar-, que estuvo a cargo del traslado de los viajeros desde el aeródromo de San Fernando hasta Bariloche.
El 4 de diciembre -40 días después de presentada la denuncia- el diario Tiempo Argentino y el portal de Internet El Cohete a la luna, publicaron las supuestas conversaciones entre los imputados, surgidas de la filtración de dos grupos de chat de Telegram, en las que lamentaban la filtración de su viaje y planeaban la forma de ocultarlo.
A partir de ese momento, Etchepare y Domínguez aceleraron la adopción de medidas de prueba, y el pasado 12 de diciembre concretaron el allanamiento del establecimiento Lago Escondido y los hangares y oficias de la empresa aérea involucrada.
