Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y universitarias reclaman desde hace dos semanas en las calles panameñas una rebaja en el precio de los combustibles y de los alimentos.
En medio de masivas protestas por el encarecimiento del costo de vida y cuestionamientos por el uso de las finanzas públicas, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este miércoles un plan de austeridad de urgencia de nueve puntos a aplicar en la máxima brevedad posible. “Por una vida digna”, es el principal llamado de sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes universitarios a las movilizaciones que se llevan a cabo desde hace dos semanas y que se hicieron sentir más fuerte este martes con un paro nacional. Exigen la rebaja del precio de los combustibles y de los alimentos.
“La Asamblea Nacional informa a la ciudadanía en general que tras una reunión urgente, la Junta Directiva aprobó formalizar hoy, miércoles 13 de julio, una solicitud de contención de gastos ante el Ministerio de Economía y Finanzas”, informó el Legislativo en un comunicado, a 10 días desde el inicio de las protestas en varios puntos del país centroamericano, informó la agencia Europa Press.
Entre las medidas acordadas de urgencia para optimizar el uso de los recursos nacionales se encuentran la suspensión de viajes y viáticos al exterior y al interior del país de los diputados principales y suplentes. También fueron suspendidos los aumentos salariales, nombramientos permanentes, contratos de proveedores de alimentación y servicios de publicidad, así como giras de trabajo, compra de equipos de oficina y pago de horas extraordinarias. Además se aprobó una reducción del 50% del consumo de combustible a la flota institucional y la suspensión del sistema de aire acondicionado durante cuatro horas diarias.
No obstante, no se contempla una eventual reducción de plantilla de la Asamblea (la cual no ha parado de crecer en los últimos años), tal y como se especuló durante la elaboración del plan, cuando se abordó la posibilidad de reducir un diez por ciento el personal y fomentar la jubilación anticipada de manera voluntaria. Tras estas decisiones, el Parlamento hizo nuevamente un llamamiento a la población para que mantenga “la cordura” y “la sensatez” e invitó a sindicatos y al resto de organizaciones de la sociedad civil a “retomar los espacios de diálogo” como única “vía legítima” para superar estas crisis.
Las y los manifestantes, que protestan por los altos precios de los combustibles y los productos básicos, así como por el mal manejo de las finanzas públicas, bloquearon algunas de las principales vías de acceso en, al menos, nueve de las diez provincias del país en la jornada de paro nacional del martes. Se reportaron numerosas protestas en las provincias centrales de Coclé y Los Santos, y en las occidentales de Veraguas y Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. En estas dos últimas el tráfico fue interrumpido en varios tramos de la vía Interamericana.
En Ciudad de Panamá, los manifestantes salieron del céntrico Parque Porras, donde acampaban, y se dirigieron hasta la Asamblea Nacional de Diputados, fuertemente custodiada. Muchos llevaban banderas panameñas y portaban pancartas con mensajes como “la corrupción desfalcó mi nación”, “queremos gobernantes honestos” o “dónde está la plata”, en medio de cánticos al ritmo de cacerolas e instrumentos musicales.
“El costo de la vida es lo que tiene al pueblo en la calle”, afirmó Sergio Gallegos, un manifestante indígena de la comarca Ngäbe-Buglé, citado por la agencia AFP. En los últimos días también se han incrementado las críticas por los altos sueldos de autoridades y los gastos de los parlamentarios. En La Chorrera, localidad contigua a la capital panameña, los manifestantes protestaron en la vía Interamericana, una ruta central que une Panamá con el resto de Centroamérica.
El Consejo de Ministros local, también impulsó una serie de medidas de austeridad para hacerle frente a la crisis que atraviesa al país. Según el comunicado de Presidencia de la Nación, se estableció: el control de precios a 10 productos de la canasta básica de alimentos para frenar el aumento y asegurar su abastecimiento; la modificación de peajes del Canal de Panamá; y la modificación a la Ley 28 de 2015 que beneficia a sobrevivientes de la masacre en Bocas del Toro en el año 2010.
La decisión -firmada por el presidente, Nito Cortizo- también prevé la instauración de un proceso de reducción del 10 por ciento de la planilla estatal; el inicio de un programa de retiro voluntario de servidores del sector público; la suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley; la restricción de asignaciones de nuevos teléfonos celulares en entidades de gobierno; la prohibición de efectuar viajes para asistir a congresos, pasantías o invitaciones, excepto que se trate de la representación formal del país o como miembro de una organización de carácter internacional, solo se autorizarán viajes al exterior para misiones oficiales.
En tanto, ningún ministro, viceministro, director o subdirector de una entidad perteneciente al Órgano Ejecutivo podrá viajar al exterior acompañado por personal de protocolo o equipo de prensa, salvo que la naturaleza de la misión oficial lo requiera.
En tanto, el Ejecutivo convocó para este jueves a un diálogo a los grupos organizados, asociaciones y movimientos representativos que en los últimos días se han manifestado en diferentes partes del país. De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Comunicaciones, la Iglesia católica, a través del arzobispo José Domingo Ulloa, se ofreció para servir como facilitador en este diálogo.
Por su parte, el Sistema de las Naciones Unidas en Panamá emitió un comunicado para llamar a los distintos actores a “encontrar consensos” para restablecer la calma ante las protestas, huelgas y cierres que se producen en todo el país. Además, instaron a que se mantengan las principales vías de transporte abiertas “para garantizar el acceso a la alimentación, salud y educación, además de los servicios humanitarios y otros de índole vital para las personas”. También instó al Estado a “garantizar la seguridad y condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de la población general incluyendo a quienes se manifiestan”.
