La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno porteño detalles sobre el funcionamiento de esta iniciativa destinada a estudiantes con problemas de conectividad en sus hogares.
El Ministerio de Educación de la Ciudad anunció la implementación del Programa “Conectate en la Escuela”, destinado a 6.500 alumnos de nivel primario y secundario que “presenten dificultades para la conectividad” y que por tal motivo no pudieron sostener el vínculo pedagógico luego del cierre de los establecimiento educativos por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado.
En ese marco, la Coordinación Operativa de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología, dependiente de la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales de la casa, elaboró un pedido de informes acerca de los motivos por los que se decidió optar por este proyecto así como sobre el estudio, diagnóstico o investigación que fundamenta la iniciativa y el método o instrumento de relevamiento de información elegido.
Además, en relación a este grupo poblacional, se pidió información sobre la cantidad de estudiantes:
a) según nivel de la educación, grado/año y distrito escolar.
b) que solicitaron la netbook o cualquier otro dispositivo del Plan S@rmiento BA.
c) que tramitaron solicitudes de becas (Ley 2917 de la CABA).
Cabe mencionar que la iniciativa del GCBA generó debate en amplios sectores de la comunidad educativa y generó el rechazo de cooperadoras, sindicatos docentes y el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), el cual nuclea a rectores de los Institutos Superiores de Formación Docente y de las Escuelas Normales.
Paralalamente, el Ministerio de Educación de la Nación rechazó el Proyecto de Protocolo presentado por el Gobierno de la Ciudad para la implementación del programa, de acuerdo a las recomendaciones de un informe de especialistas, en el cual se detalla que la medida “no responde a ninguno de los criterios pedagógicos, ni normativos acordados por el Consejo Federal de Educación, ya que no supone un plan de retorno a clases presenciales, ni cumple con el requerimiento base epidemiológico de que la apertura de las escuelas para actividades presenciales sólo puede realizarse en centros urbanos con tasa nula o mínima de contagios”.
Asimismo, el informe advierte que el protocolo presenta importantes omisiones sobre la selección, convocatoria y traslado de estudiantes, los procedimientos para concretar el distanciamiento físico, el impacto de la propuesta en la continuidad pedagógica, y las funciones de los docentes, entre otros aspectos relevantes.
La Defensoría del Pueblo comparte el criterio de que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas en el AMBA para el regreso de la presencialidad escolar y de que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar a todos los estudiantes de la jurisdicción -en particular a quienes atraviesan contextos de vulneración de derechos- la provisión de materiales pedagógicos, dispositivos tecnológicos y conectividad para poder acceder a clases virtuales y plataformas educativas a distancia.
Por último, cabe recordar que hasta el momento el Ministerio de Educación de la Ciudad no ha regularizado la situación de en torno a la tramitación de becas para estudiantes secundarios en situación de vulnerabilidad socioeconómica (Ley 2917) correspondiente al ciclo 2020.
