La presidenta peruana dictó la medida en siete departamentos del centro-sur del país. A casi dos meses de la destitución de Castillo, ya hay unos 60 muertos por la represión y las protestas.
El Gobierno de Perú decretó este domingo el estado de emergencia por 60 días en siete departamentos del centro-sur para intentar contener las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, cuyos bloques y, principalmente, la represión policial ya provocaron alrededor de 60 muertos en dos meses.
El nuevo decreto excepcional se adoptó horas después de que una multitudinaria marcha para exigir la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso terminara anoche con enfrentamientos y represión en el centro de Lima, la capital de Perú, con 26 detenidos y 24 heridos.
El descontento social con las nuevas autoridades nacionales tras la destitución y la detención de Pedro Castillo ha dejado unos 60 muertos en todo el país, entre pedidos de dimisión y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Y ahora, tras las nuevas protestas del sábado por la noche en Lima, el Gobierno declaró el estado excepcional en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, que conforman casi la práctica totalidad del centro-sur del país.
El Gobierno argumentó que el decreto, que suprime algunas garantías constitucionales y da más poderes a las fuerzas de seguridad, se adoptó para “preservar la paz y la seguridad social” de Perú en medio de la crisis política y del creciente estallido social.
Esto, por ejemplo, significará que el control de la seguridad en el sureño departamento de Puno quedará bajo gestión interna de las Fuerzas Armadas, “incorporando a la Policía Nacional para lograr sus objetivos de seguridad en la zona de emergencia”, agregó el decreto. En Puno, además, regirá un toque de queda para la población por espacio de diez días, desde las 22 hasta las 4, según el documento oficial, informó la emisora RPP.
El Gobierno de Perú ya declaró el 10 de enero el estado de emergencia en las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna debido a los enfrentamientos que están teniendo lugar durante las manifestaciones que piden el cese de Boluarte. Esto, lejos de calmar la situación, agravó la represión de las fuerzas policiales y militares y los enfrentamientos con los manifestantes.
En el centro-sur y en Lima las manifestaciones se hacen sentir desde mediados de enero con centenares y miles de personas de regiones, pero los sectores residenciales y comerciales cercanos a la costa del Pacífico parecen ajenos a la crisis política y social.
A la movilización del sábado en la capital asistieron gremios campesinos, organizaciones civiles y bloques estudiantiles de las regiones del sur andino Cusco y Puno, de las más postergadas en Perú, así como de Lima.
Al caer la noche, la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos cuando avanzaban hacia la sede del Congreso y las cercanías del palacio de Gobierno. Los manifestantes enfrentaron a los cuerpos de seguridad lanzando fuegos pirotécnicos, y se protegieron con cascos y escudos caseros.
Un total de 26 personas fueron detenidas y otras 24 resultaron heridas en los enfrentamientos, informó el diario La República. La Defensoría del Pueblo de Perú dijo que cinco personas fueron hospitalizadas tras las protestas, entre ellas un agente de Policía.
La nueva protesta se realizó un día después de que el Congreso bloquease hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales. Con esta decisión basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre, tras la destitución y detención de Castillo.
“Nos duele en el alma que hayan archivado propuesta para adelanto de elecciones”, lamentó el cardenal peruano Pedro Barreto. Boluarte no ha reaccionado a la decisión del Congreso.
La mandataria reemplazó al ex presidente de izquierda Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. La intención inicial de Boluarte era completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de movilizaciones pidió al Congreso anticipar los comicios.
