El Gobierno decretó toque de queda por tres días y será solo para la región de Puno, afectada por la represión.
El Gobierno de Perú dispuso el toque de queda en la zona andina de Puno, en el sur, uno de los epicentros de las protestas por el reclamo de elecciones anticipadas para este año y contra la presidenta, Dina Boluarte.
En esa zona, la represión terminó con 18 personas fallecidas en dos días, y aumentó a 20 en el último. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo (hasta el lunes 9), 45 personas fallecieron en el marco de las movilizaciones desatadas luego de que el Congreso Nacional destituyera al expresidente Pedro Castillo, que sólo tuvieron una pausa durante las fiestas de fin de año. En este contexto, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país.
“Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana”, anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el pleno del Congreso. Poco después, la Fiscalía sumó otro anuncio que sacudió al país: aceptaba abrir una investigación contra la presidenta Boluarte por “genocidio” y “homicidio” por todas las víctimas que ya dejó la represión de Gobierno desde que asumió.
La cifra de víctimas fatales fue en aumento desde la tarde del lunes y aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo habló de 17 personas muertas, el número llegó a 20 con la confirmación de que también murió un policía, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado este martes en la urbanización Tambopata. De un total de 40 heridos graves que había, 5 personas se sumaron a la nómina de muertos, en su mayoría por impactos de proyectil, según detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge.
“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
En su presentación ante el Congreso en busca del voto de confianza al gabinete, Otárola detalló que “la inmovilización social obligatoria” -como llamó al toque de queda- se impone para “salvaguardar” la vida e integridad de las y los ciudadanos, tras las proetestas de este lunes. La medida, insistió, es “en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”.
Otárola también anunció que la presidenta Boluarte declaró duelo nacional laborable para este miércoles, en señal de respeto a las 45 personas fallecidas desde el 7 de diciembre, tras la destitución de Castillo. El funcionario reiteró que “para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”.
El lunes por la noche, un grupo de manifestantes incendió la vivienda del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, en la ciudad de Ilave, provincia de El Collao, en la región de Puno, según confirmó el legislador al portal RPP Noticias. Flore Ancachi señaló que el atentado causó graves daños a los bienes de sus parientes, ya que la casa les pertenece a sus padres y a su hermana, y anunció que no se quedará “con los brazos cruzados” al mencionar que ha identificado al presunto responsable.
Otros grupos ingresaron a las instalaciones de Plaza Vea en los distritos de Puno y Juliaca para saquear productos y hasta intentaron sacar un auto empujando desde el interior de un centro comercial.
En ese contexto, el gobierno regional de Puno, fronterizo con Bolivia, decretó tres días de duelo en toda su jurisdicción “en razón a los trágicos sucesos ocurridos en la provincia de San Román”, donde se encuentra Juliaca, para “aunarse al dolor de las familias dolientes y solidarizándonos con la población afectada”, señala un decreto publicado con la firma del gobernador Richard Hancco Soncco.
Las violentas acciones del lunes empezaron cuando unas dos mil personas intentaron tomar por asalto el aeropuerto -bajo resguardo policial y militar- de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 kilómetros al sur de Lima, en un intento similar al ocurrido el sábado pasado. “Hoy, más de 9.000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2.000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, dijo a la prensa Otárola.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran) informó en su perfil de Twitter que 53 puntos en seis regiones del país se encuentran con tránsito interrumpido. La mayoría de los bloqueos se producen en Puno y entre los puntos bloqueados está la autopista hacia Desaguadero, uno de los pasos principales de comunicación con Bolivia.
Los Gobernadores emitieron un comunicado
El Gobierno de Dina Boluarte lleva más muertes que días de gestión. Suman 48 las personas fallecidas, según el reporte de la Defensoría del Pueblo. El último, según contó el portal Ojo Público, es un chico de 15 años, que participó de las protestas en la región andina de Puno. “Nos dirigimos a los tres Poderes del Estado y a la ciudadanía en general para manifestarle (…) nuestra firme condena por las muertes ocurridas”, escribieron en un comunicado las y los gobernadores regionales organizados en asamblea. Allí, además, en consonancia con las demandas sociales, exigieron diálogo y adelanto de las elecciones.
Las protestas comenzaron el pasado 7 de diciembre luego de que el Parlamento unicameral votara la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Desde entonces, el estado de movilización se extendió poco a poco por las regiones con el reclamo de anticipo de elecciones y por el cierre del Congreso. Tras el impasse en las fiestas de fin de año, la salida a las calles se retomó y pasó a ocupar 10 a 25 regiones del país con bloqueos y marchas. Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Abancay, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Huancavelica y San Martín, según la Superintendencia de Transporte Terrestre, es en donde se hay mayor concentración de protestas en los últimos días.
“Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”, dice la proclama y convocatoria de un conglomerado de organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda para la jornada de este jueves en la capital del país, Lima.
Ante este panorama, el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un pronunciamiento con tres puntos en los que condenó las muertes en Puno y en otras regiones del país “producto de la protesta popular y el accionar del Gobierno”, sobre lo que solicitaron investigación y sanción.
Además, insistieron en su posición para efectivizar el adelanto de las elecciones generales “con recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato, como una solución efectiva a la crisis política”. Por último, exhortaron a la ciudadanía a “mantenerse vigilantes y a manifestarse pacíficamente”.
