La iniciativa, impulsada por diputados del Frente de Todos, apunta a prevenir hechos de violencia desde el Estado abarcando todas las regiones del país.
El fin primordial del proyecto es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en todo el país, además de brindar acompañamiento y reparación a las víctimas.
El ojo esta situado sobre las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios de toda la Argentina, buscando que sus actos violentos dejen de existir.
Este martes fue presentado mediante una videoconferencia en la cual participaron Horacio Pietragalla, principal referente de la Secretaría de Derechos Humanos, como también legisladores, referentes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y distintas organizaciones de la sociedad civil.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, fue la principal impulsorea,, junto con el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos), Leonardo Grosso.
En la videoconferecncia, los autores del proyecto explicaron los ejes centrales de esta propuesta para combatir la violencia institucional. “Creemos que esta ley es en beneficio del conjunto y no es en contra de nadie. Es un mensaje claro que tenemos que dar para saldar alguna vez esta deuda que tiene nuestra democracia”, señaló Penacca abriendo el encuentro.
“Esta iniciativa tiene que ver con que las reglas estén claras para los miembros de las fuerzas de seguridad, que muchas veces son quienes terminan asumiendo la responsabilidad por decisiones políticas de quienes los conducen”, agregó, subrayando que : “el proyecto iniciará el trámite parlamentario en la Cámara Baja, donde se van a generar instancias de participación en los debates de comisiones para que podamos escuchar y sumar los aportes de todos”.
En tanto Pietragalla Corti celebró la presentación que anhelaba, por lo que afirmó: “Uno de los pilares de nuestra gestión en la Secretaría de Derechos Humanos es la lucha contra la violencia institucional, por eso entendemos que esta ley viene a respaldar una política de Estado, viene a dar herramientas de gestión que perduren más allá de los direccionamientos políticos, para construir los cimientos de una democracia que tiene que ser cada vez más plena”.
“Se trata de un proyecto que brinda posibilidades concretas para luchar contra esta problemática que genera muertes y dolor a muchas familias argentinas. Por eso esperamos que sea aprobada prontamente por unanimidad, para demostrar que, más allá de los discursos mediáticos, todo el arco político quiere erradicar este mal de nuestra democracia”, incluyó el secretario.
Además, detalló que la Secretaría colaboró en la elaboración del proyecto a partir de las experiencias negativas que tuvo nuestro país con condenas por parte de organismos internacionales por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado argentino en manos de sus fuerzas de seguridad.
“Tener leyes contra la violencia institucional es también fortalecer a las instituciones policiales, para cortar con una historia de impunidad y construir una visión distinta con las fuerzas de seguridad en democracia”, consideró Pietragalla.
El proyecto establece distintas pautas de acción que rodean a las denuncias, con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo de mayor transparencia y eficacia, según confirmaron los mismos funcionarios.
El texto también incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad y establece una línea de puntos básicos de enseñanza acerca del uso de armas mortíferas y no mortíferas, cumpliendo con los estándares internacionales y su seguimiento. En ambas iniciativas tendrá un especial protagonismo la Secretaría de Derechos Humanos.
En dicho lugar, se estima la creación de un registro para poder generar información estadística útil que permita elaborar diagnósticos claros y avanzar en la toma de decisiones.
El proyecto, además, define un protocolo para resguardar a las personas que participen de manifestaciones en la vía pública.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, manifestó estar “orgulloso de ser parte de esta iniciativa que aborda una problemática difícil que todas las fuerzas políticas tenemos la obligación de debatir”. El diputado reconoció que no esperan que “la ley sea una solución milagrosa, pero sí un aporte que va a significar poder avanzar en temas que muchas veces queden fuera de los debates urgentes, pero que son primordiales”.
“Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral; debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla”, concluyó Yasky.
Por otro lado, el diputado Leonardo Grosso explayó: “Nunca hubiésemos querido estar acá para hacer una ley para ordenar un problema que existe, como la violencia institucional. Saludo esta iniciativa y creo que es una noticia promisoria para todos y todas los que venimos luchando desde hace tiempo para terminar con este flagelo. Para nosotros no es una bandera coyuntural, es un problema concreto que se lleva la vida de miles de argentinos desde hace mucho tiempo”.
No obstante, Grosso se refirió al Gobierno de Mauricio Macri, afirmando que durante éste se desarrolló “una política de criminalización y de represión social”, asegurando que esto sucedió de la mano de Patricia Bullrich. “Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la Justicia. Ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”, puntualizó Grosso.
