El magistrado federal, Martín Bava con asiento en Dolores ratificó su competencia en el caso que tiene al ex presidente Macri como imputado.
El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, rechazó esta tarde la segunda recusación que le presentó la defensa del expresidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.
El expresidente Mauricio Macri volvió a recusar al juez federal de Dolores que intenta tomarle indagatoria por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, hundido en el mar Argentino en 2017. Macri, ahora relevado del deber de confidencialidad sobre temas de inteligencia, debía presentarse a declarar el próximo miércoles y, para no hacerlo, recusó por segunda vez al magistrado.
El 20 de octubre pasado, Mauricio Macri recusó por primera vez al juez que subroga en Dolores, acusando a Martín Bava de ser parcial y de prejuzgar al dar por acreditado que existió espionaje durante su gobierno. En la nueva presentación contra el magistrado, la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse vuelve a señalar que el magistrado no es imparcial y que incurrió en el prejuzgamiento.
Este lunes, el abogado del expresidente, Pablo Lanusse le endilgó al juez no haber actuado como corresponde al citar a Macri a indagatoria sin que contara con la autorización de revelar secretos de inteligencia.
De todas maneras, tras el escándalo montado la semana pasada en Dolores, Alberto Fernández hizo lo propio para relevar a Macri través de un decreto, pero en el nuevo escrito, la defensa de Macri solicitó la suspensión de la audiencia hasta tanto se resuelva el planteo de recusación al considerar que obra con animosidad en su contra, informó la agencia Télam.
En respuesta, Martín Bava, quien ya había sido confirmado por la Cámara de Mar del Plata al momento de la primera recusación por supuesto prejuzgamiento y falta de imparcialidad, rechazó la nueva maniobra del expresidente así como, también, una serie de medidas de prueba que había pedido el fiscal del caso, Juan Pablo Curi, tendientes a precisar cómo se maneja la AFI y el vínculo del entonces Presidente con la Casa Militar.
