En el primer día de vacunación se suministraron 16.505 dosis contra el Covid-19. Además, en balance del primer año, el Gobierno hace énfasis en la “herencia” del FA y el impacto del virus.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el primer día de vacunación contra el Covid-19 se suministraron 16.505 dosis. Hasta ahora hay 54.567 personas anotadas para recibir la vacuna de Sinovac, que es la primera en suministrarse en Uruguay. La agenda para reservar día, lugar y hora de vacunación se abrió el viernes pasado.
Finalmente, luego de tantas dudas impulsadas hasta por el propio presidente uruguayo, comenzó la vacunación. Pero aquellas dudas y subestimaciones son las que llevaron al país a ser el último en vacunar en el continente.
El primer grupo en recibir las vacunas es el que integran trabajadores de la educación, del INAU, policías, bomberos y militares; todos menores de 60 años y en actividad.
Para el personal de la salud y los mayores de 60 años el gobierno reservó las vacunas de Pfizer, que se espera comiencen a llegar la semana próxima, con una primera entrega de 50.000 dosis.
El 2020 seguramente no fue el año que Luis Lacalle Pou imaginó durante un largo tiempo para sus primeros pasos como presidente de la República. Pero fue lo que le tocó a una coalición multipartidaria que se estrenaba en el gobierno, y que a un año de asumir, pasa raya a los logros y materias pendientes.
En vísperas del discurso que Lacalle Pou brindará este martes ante la Asamblea General, el Poder Ejecutivo cumplió con el mandato constitucional y envió al Parlamento este 1° de marzo su memoria anual con el repaso de las políticas aplicadas en el primer quinto de su administración.
A lo largo de dos tomos, que suman unas 800 páginas entre Presidencia y los ministerios, el gobierno describe un primer año condicionado no solo por la batalla contra el covid-19, sino también por la supuesta “herencia” recibida tras quince años de gobiernos frenteamplistas, a quienes más acusan de los problemas actuales.
Varias oficinas del gobierno advirtieron en sus respectivos informes situaciones de “descontrol”, “desidia”, “desorden administrativo”, “deudas pendientes” y “políticas deficitarias”.
Es el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, donde las autoridades señalaron que asumieron con “el objetivo de modificar quince años de políticas deficitarias en materia de seguridad y cifras alarmantes de delitos”. “Fue necesario iniciar un proceso de ordenamiento organizacional, presupuestal, financiero y de recursos humanos, cuya eficiencia y eficacia se irá consolidando a partir del ejercicio 2021”, indica el balance del ministerio conducido por Jorge Larrañaga.
Con eso como base, fue resaltado el éxito de la gestión a través del cumplimiento de tres ejes, que fueron referidos por Larrañaga en diferentes ocasiones. “Restituir el orden, la autoridad, la ley y el respeto como base de la convivencia; respaldar jurídica y materialmente a la policía; (y) restablecer la plena aplicación de la ley porque sin ella no hay paz ciudadana”, señaló el documento.
La reducción de la plantilla de trabajadores en Ancap, Antel y UTE durante el primer año de Lacalle Pou, no parecieron figurar en el balance.
Entre los resultados obtenidos, la cartera destacó la disminución de la denuncia de todos los delitos en los meses que lleva Larrañaga de gestión, en comparación a los últimos del exministro Eduardo Bonomi. Los datos (que comprenden el lapso de marzo a diciembre) indican que los homicidios bajaron 20,83%, las rapiñas 11,17%, los hurtos 19,25%, la violencia doméstica 4,57%, y el abigeato 1,29%.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) (que durante todo el año mantuvo un ojo en el legado del Frente Amplio a través de una serie de auditorías) destacó que “al asumir la nueva administración, se constató que el ministerio era un organismo manejado por la discrecionalidad, la falta de procesos y protocolos y la desidia frente a la normativa, al respeto de los contribuyentes y beneficiarios”.
La cartera encabezada por Pablo Bartol señaló que “se comprometió a orientar sus esfuerzos en revisar el impacto real de las acciones del organismo frente a la demanda existente, la reestructura funcional para dar posibilidades de una carrera administrativa y remuneraciones justas y por último modernización tecnológica de la gestión administrativa para lograr una mayor eficiencia y un mejor control de los recursos públicos”.
El informe también mencionó la detección de “jefaturas acéfalas”, “fallas en los controles de rendiciones de cuentas a organizaciones sociales”, pagos “duplicados” y otras irregularidades administrativas.
Por otra parte, el Mides también advirtió por presuntos abusos en las licencias médicas. En ese sentido, fue señalado que en los últimos 30 meses se habían acumulado “un aproximado de 43.611 días de licencia médica”. Teniendo en cuenta el número de funcionarios en el ministerio, eso implica un promedio de 25 días de licencia médica por funcionario en esos dos años y medio (unos 10 días al año).
Entre los hallazgos mencionados por las autoridades mencionaron la “amplia demanda de consultas psicológicas de funcionarios” por “burn-out” (agotamiento); demanda que “no se lograba responder debido a la inexistencia de un protocolo de intervención”.
El Ministerio de Vivienda, en tanto, afirmó que su “situación presupuestal aún está comprometida por la herencia de la anterior administración, la cual tuvo un especial énfasis en compromisos asumidos en el período post-elecciones nacionales de noviembre de 2019, complicando la gestión de las tareas correspondientes al año 2020”.
“El ministerio ha transitado el año 2020 enfrentando una serie de realidades peculiares como lo fueron un cambio de administración, la irrupción de los nuevos límites presupuestales impuestos por lo abultado del déficit fiscal y la deuda externa que recibió el país”, añadió el documento.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) también inicia su repaso con una mención a la herencia del Frente Amplio. El informe señala que se recibió “un ministerio caracterizado por el descontrol sobre los gastos, numerosas deudas y pagos pendientes, desorden administrativo, vínculos laborales precarios y deudas con el personal, y ausencia de rumbos estratégicos comunes”.
Como ejemplos, la secretaría de Estado conducida por Pablo Da Silveira mencionó “la debilidad de los mecanismos de control de gasto” y la “acumulación de decisiones arbitrarias” que “se refleja, entre otros casos, en la evolución de las erogaciones por publicidad”, que habían llegado a “niveles exorbitantes”.
El balance del Ministerio para el año 2020 incluso mencionó el convenio con el Museo Gurvich por $ 5,5 millones anuales, algo que según la actual administración se realizó “sin hacer las previsiones presupuestales correspondientes”. También menciona el caso de los Centros MEC como ejemplo de falta de “definiciones estratégicas” y “desacople” entre oficinas.
Según el repaso de Educación y Cultura, los “esfuerzos” en el control de gastos permitieron realizar “ahorros importantes” y abatir 13,4% los gastos de funcionamiento y 13,7% los gastos de inversiones.
El ministerio abordó también la situación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que ha sido objeto de debate en los últimos días, luego de que se conociera la reducción en su presupuesto operativo.
En la memoria anual del MEC se advierte que “las nuevas autoridades de la agencia encontraron una institución que había asumido compromisos para el quinquenio que estaban muy por encima de las disponibilidades presupuestales previstas” y “una estructura salarial muy desalineada con los niveles salariales del país y un escaso control sobre el gasto”.
En concreto, el gobierno cuestionó que “el plan estratégico aprobado en diciembre de 2019 preveía ingresos por 1.207 millones y compromisos con terceros por 1.662 millones”. “Todo esto obligó a un esfuerzo de replanificación”, agregó el documento.
Las críticas a la “herencia” dejada por el Frente Amplio también están presentes en el relato que hace el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que destaca que la situación económica “ya era compleja previo a la pandemia”. “Desde 2018 la economía nacional estaba en un proceso de desaceleración, el déficit fiscal se había incrementado alcanzando en 2019 el mayor en tres décadas, la tasa de desempleo de febrero 2020 alcanzó el 10,5%, la mayor desde 2007 y la pobreza había aumentado en los últimos dos años”, afirmó el MEF.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 2020 estuvo pautado por la puesta en marcha de “iniciativas relevantes” para el país y, al mismo tiempo, por la atención que requirió la pandemia de Covid-19. “Un rasgo fundamental de la acción de este ministerio estuvo en lograr atender los problemas urgentes del corto plazo sin descuidar los problemas estructurales de largo plazo”, sostuvo el texto.
Por otro lado, afirmó que se trabajó en la puesta en práctica de “medidas fundamentales atendiendo a la realidad nacional más allá de la pandemia”.
En ese sentido, la cartera liderada por Azucena Arbeleche destacó la puesta en práctica de una nueva regla fiscal basada en el balance estructural y tope de gasto “que le permitirá al país ubicarse en una trayectoria fiscal sostenible en el tiempo”, según las autoridades.
Y agregó que, el trabajo en común con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la definición de una nueva estrategia de inserción internacional “redundará en un mejor acceso a los mercados de exportación que, a su vez, permitirá mejorar la competitividad del país”.
Al estado de situación que relataron varios ministerios se sumó, a los 13 días de iniciado el gobierno, la llegada de la pandemia de coronavirus, que obligó a la administración de Lacalle Pou a acomodar el libreto e intentar congeniar su compromiso de ahorro y austeridad con un aumento del gasto en asistencia social.
El Mides, por ejemplo, informó que asistió en total a 1.071.908 personas en contextos de vulnerabilidad. Entre refuerzos a la Tarjeta Uruguay Social, a las asignaciones familiares y canastas alimenticias, el Mides gastó unos US$ 120 millones, según consignó el documento.
Hasta diciembre, en tanto, se proporcionó atención y acogida a 6.059 personas sin hogar, a través de diferentes dispositivos del Mides. Eso implicó un incremento de 32% respecto a igual período en 2019, cuando se atendieron un total de 4.588 personas.
El Ministerio de Economía, asignador de todos esos recursos, señaló en su apartado que “un rasgo fundamental” de su acción durante el 2020 “estuvo en lograr atender los problemas urgentes del corto plazo sin descuidar los problemas estructurales de largo plazo”.
“A partir del 13 de marzo, con la detección en nuestro país de los primeros casos de COVID-19 la acción del Ministerio de Economía y Finanzas estuvo pautada por la atención a la consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la situación. Desde el primer momento se aseguraron todos los recursos necesarios para la atención sanitaria, así como recursos para atender los problemas sociales y económicos emergentes”, aseguró el MEF.
“A lo largo de todo el año 2020 se adoptaron medidas para mantener los motores de la economía encendidos al ritmo que lo permitían las restricciones sanitarias necesarias y se actuó para mitigar el impacto social de la pandemia”, añadió la cartera conducida por Azucena Arbeleche.
Entre las políticas aplicadas para contener el impacto de la crisis el gobierno destacó el refuerzo de las transferencias del Mides y la asistencia a empresas mediante el Sistema Nacional de Garantía (SIGA), así como la creación, junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del seguro de desempleo parcial, que “ayudó a mantener puestos de trabajo que de otra manera se hubieran destruido”, y también la ampliación del seguro de enfermedad.
Las referencias a la pandemia y sus efectos también ocupan un lugar central en el balance que hace el Ministerio de Salud Pública, protagonista de las políticas aplicadas para combatir el virus y su propagación.
La autoridad sanitaria también advirtió en su informe por el impacto que tuvo la pandemia en la atención médica de otras afecciones ajenas al covid-19, como el cáncer o la tuberculosis, en línea con la preocupación que expresó el GACH por la disminución de las consultas y diagnósticos de enfermedades no transmisibles.
