Por: Roberto Candelaresi
América Latina es una región plenamente democratizada que, sin embargo, mantiene niveles críticos de pobreza y desigualdad. La deuda social sigue siendo considerable.
Se debe reformular la relación entre democracia e igualdad, incorporando las dimensiones sociales y económicas, las operaciones activas de inclusión de los grupos sociales subalternos, para generar una nueva Teoría Democrática que incluya la cuestión / participación social.
Los análisis basados en perspectivas institucionales o meramente normativas (regímenes que cumplen con las ‘formas’; elecciones, libertades individuales, etc.), son simplistas y reduccionistas -por eso populares, incluso entre politólogos-, pero carecen de todo poder explicativo fuera del “primer mundo”. Las evidencias empíricas demuestran que las democracias latinoamericanas presentan déficits (o debilidades funcionales) visibles en comparación con las de aquel. Se trata de regímenes híbridos con mucha injerencia de las élites políticas (y económicas), que se enquistan en el poder, u obstaculizan el desempeño de los gobiernos populares.
La estructura institucional ‘adecuada’ no garantiza linealmente la democratización política. Eso enseña que los paradigmas que imponen conceptos simples, pueden equivocarse pues la realidad suele ser mucho más compleja. Tampoco ayudan los instrumentos de análisis más sofisticados, que, a consecuencia de las críticas, se crean para mejorar el método evaluativo, si parten de las mismas nociones de la teoría cuestionada.
En la realidad, se da el fenómeno de «ciudadanía de baja intensidad», que se corresponde con una pobreza extendida, disparidades extremas en los ingresos y otras formas de discriminación, ya que desde este punto de vista desigualdad y pobreza propician relaciones sociales autoritarias. Restringiendo derechos, u operando en las conciencias mediante medios masivos, la dominación excluye a sectores de la sociedad de la participación política, y cuando la concurrencia a las urnas disminuye por desinterés o desánimo, o amplios sectores no se pueden manifestar y hacerse escuchar, se da lo que se conoce como «democracias de baja calidad».
El hecho es que, pese a la teoría [institucional] prevalente, en 4 décadas de democracia no se lograron reducir las desigualdades sociales extremas. Y a causa de endeudamientos, gestiones irresponsables, etc., la desigualdad social incluso aumentó en varios países, pues mientras se empobrecían sectores medios, se reconcentraban los ingresos en pocas manos. Hoy América Latina es el continente más desigual del mundo. Y entendemos que la falta de atención a la dimensión social de la democracia erosiona su legitimación. La cuestión social debe estar incluida en la agenda pública, entonces.
Otra clara consecuencia de esas “desviaciones” que afectan el interés general, es el descrédito creciente de gran parte de la población sobre la democracia liberal representativa occidental, que se pretende recomendar / imponer como modelo, pero el problema en realidad, es que se ven cuestionados los valores que la sustentan.
Un principio de solución a esta cuestión, lo dan los gobiernos populares, que procuran refundar la idea de bien común, como valor universal. Normalmente esa forma política ayuda a superar crisis sociales, y a reestablecer un nuevo equilibrio social y político. Promueve la movilización política, que no siempre implica participación política. Esta última además de la movilización, implica participación en las decisiones y normativas que garanticen su universalidad.
Solo acá planteamos la necesidad de repensar la relación entre democracia e igualdad social. De hecho, ya existen enfoques que enfrentan este desafío, tanto en sus aspectos metodológicos como teóricos, pero no se consolidaron en la academia como hegemónicos, sin embargo, son un avance que ya incluyen las dimensiones socioeconómicas entre las variables de análisis de la teoría.
Según nuestra concepción –distinta a la liberal–, la reducción efectiva de la desigualdad debería producirse no a través de posibilidades individuales o de la democratización en el acceso, sino mediante la promoción económica y el empoderamiento de las comunidades más pobres y los sectores subalternos, para efectivizar la participación y escucha de todos [igualdad en condiciones político-jurídicas] que se logra redistribuyendo recursos para que la equidad sea una realidad práctica [inclusión social].
Esto último, define a un régimen democrático social, estado que ciertos actores políticos y económicos más poderosos tratarán de obstaculizar, pretendiendo permanecer en una democracia liberal. Estrategia esta que desarrollan para conservar el poder, y no permitir la emergencia de “competidores” para las oportunidades específicas, bienes y recursos que solo disfrutan en un número limitado (privilegios), garantizando el sometimiento del resto. Restricciones (educación, al mercado) que generan «disparidades participativas», consolidando y ampliando las estructuras de desigualdad existentes. Otros mecanismos operativos que sostienen la exclusión y la perpetúan desigualdad, son los modelos de corrupción burocrática, el nepotismo en la administración y el clientelismo punteril.
Por otra parte, con el objeto de que la ciudadanía participe activamente en el debate necesario para delinear la ruta de la transformación, deben identificarse (desde el Estado por medio de los voceros y canales gubernamentales): los actores sociales relevantes que promueven intereses particulares y exclusión, nos referimos a miembros de las elites intelectuales y políticas identificadas como corporaciones, partidos, etc., y las elites funcionales, [representantes racionales de determinados subsistemas sociales].
Y, como ‘instigadores’, debe individualizarse al sector definido como «elite patrimonial», de gran peso social que logran obstaculizar todas las políticas de redistribución, de todos los regímenes políticos y económicos ejercitados. Y también será oportuno exponer al gran público los mecanismos de exclusión que promueven para evitar la democracia social, o sea, ¡la reducción de la desigualdad!
El mundo está cambiando. El mapa latinoamericano que se puede trazar hoy es de una geografía precaria, en cambio constante. Objetivamente ignoramos hasta cuándo será sostenible su destino si no se dan ciertos ajustes en pro de un mayor equilibrio y justicia social. Nuevos desafíos exigen repensar los deteriorados Estados de Bienestar y adaptarlos a formas de ciudadanía social que garanticen la democratización del bienestar, definitivamente.
Lo que se experimenta en la actualidad, es una suerte de keynesianismo para los ricos; ingentes volúmenes de gasto público invisibilizados para salvar o sostener ganancias de empresas privadas [se trata de no caer en recesión], mientras se discute públicamente la MENOR CUANTÍA REAL en gasto social. Erogación que, por insuficiente, (la vida cotidiana ha empeorada significativamente los últimos años), genera descontento popular y crisis de representación política. Aun así, los actores políticos y las instituciones públicas discuten políticas públicas, que entendemos, de no ejecutarse para beneficio de las mayorías, puede derivar el destino de nuestras naciones hacia una novela distópica.
El cambio de época exige transiciones vitales, que traen miedos y esperanzas, incertidumbres y oportunidades. El Estado deberá proponer un nuevo contrato social a forjar, contemplando nuevas realidades (ecología, géneros, etc.), lo que implica dejar el viejo modelo. Esta agenda no solo debe ser capaz de superar al neoliberalismo, sino ir más allá del estatismo clásico.
Tarea nada fácil pero ineludible de los gobiernos democráticos populares de la región, los que deberían armonizar sus políticas para fortalecer el conjunto, y asegurar así la fragua del destino de los pueblos, sin influjos exógenos.
