Por Nora Merlín
En el interior del Frente de Todos se está llevando a cabo un debate atravesado por dos ejes centrales. Uno de ellos es si Milagro Sala, Amado Boudou, Luis D´Elia, Julio De Vido, etc. son o no presos políticos; algunos sostienen que en realidad se trata de “políticos presos” y otros, como el Presidente Alberto Fernández, hablan de “detenciones arbitrarias”.
Más allá del juego de palabras, todas las posturas coinciden en que son presos del lawfare o de la guerra jurídica que, junto con las fake news, fueron operaciones que utilizó el neoliberalismo para perseguir a líderes políticos y funcionarios de la oposición, imponerse y ganar las elecciones en el 2015.
Se debate también en el Frente de Todos si es pertinente o contraproducente para la recuperación democrática que el pueblo demande la libertad de esos presos. Las posiciones difieren entre reclamar y presionar a la Corte Suprema para que los liberen o silenciar y esperar el tiempo “natural” de las instituciones, en este caso el poder judicial. Esta última postura afirma que se debe tener paciencia, que el reclamo en este momento no es conveniente porque podría perturbar al recién iniciado gobierno de Alberto Fernández, ocupado con otras prioridades tales como el endeudamiento o las urgencias alimentarias y sanitarias que dejó el macrismo.
Es necesario separar la paja del trigo. Las demandas populares expresan pedidos y afectos que no conviene desestimar ni concebir como obstáculos para la democracia.
El verdadero obstáculo y peligro para la democracia es el neoliberalismo cuyo poder corporativo, a pesar del cambio político, aún se encuentra vivito y coleando ordenando la cultura, por lo que gran parte de la subjetividad continúa actuando los ideales neoliberales. Por ejemplo, peligro constituye el rechazo de la política, el triunfo de la empresa y la administración como organizadores de lo social. La cultura tomada por una idiotez generalizada sin pensamiento crítico, que continúa repitiendo frases banales en las que las categorías de verdad y realidad no tienen la menor importancia.
El gobierno de Alberto y Cristina propone, junto con el cambio de modelo político y económico, un nuevo pacto social caracterizado por la ética y la solidaridad priorizando a los más vulnerables. La orientación del flamante gobierno supone un verdadero desafío, porque coexiste con la concentración económica y comunicacional neoliberal y sus variadas expresiones totalitarias, como el periodismo de guerra, el odio y las fake news.