En un nuevo acto de atropello a los derechos de las comunidades, las tierras de pastoreo de la abuela Quispe fueron tomadas por asalto por infantería de la policía, una patota de partidarios del gobernador Morales y junto a Vialidad de la Provincia por la construcción de un camino para la megaminería.
A dos días que el gobierno provincial festejaba con globos, desfiles y flores la conquista española y entierra la preexistencia de los pueblos originarios, a la abuela Maria Quispe del paraje de Chiquero, de la comunidad indígena de Querusiyal, en Tilcara; a quien después de más de 7 días de asedio por parte de la infantería de la policía de Gerardo Morales junto a una patota de partidarios y Vialidad de la Provincia le fueron tomadas sus tierras por asalto.
Destruyeron el salón comunitario, fueguero oratorio y waka. La abuela se defendió e hizo pública, los días anteriores, las denuncias ante las intenciones de la construcción de un camino para la megaminería contaminante, así como el amedrentamiento con el robo de sus animales. Fue superada en número y en armamento por los invasores. En estos momentos la zona de pastoreo está tomada por la política extractivista del gobierno. La comunidad Querusiyal denuncia el uso de la violencia, el despojo y la falta de consulta y obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado relativo a su territorio; reconocido por la Defensoría del Pueblo de la Nación en 2015.
Durante varios años, funcionarios del Gobierno de Jujuy y Vialidad avanzan en la construcción de una ruta por ese territorio, sin realizar la consulta previa, libre e informada y sin que los integrantes de la comunidad sean protagonistas de qué se hace en su territorio.
Silvia Quispe, afirmaba que no están en contra del camino, sino que no puede ser destruyendo zonas de pastoreo comunitario, aguadas y mediante el amedrentamiento a sus habitantes. Ellos/as tienen el derecho de ser parte de la planificación de lo que se haga en sus territorios como lo ampara la última reforma de 1994 en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional donde se establece:
- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
- Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
- Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
- Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
- Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Todo esto supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Por ello, comunidad de Collamboy, el día lunes 18 se hizo presente en la ciudad capital para dar a conocer el conflicto que atravesaban, se reunieron con referentes de instituciones y organizaciones sociales para buscar el apoyo ante el reclamo territorial y en defensa de los recursos naturales, que se verían afectados por la empresa trasnacional Minerales Australes S.A que, también, se instaló en territorio de la familia Quispe, desde el mes de febrero con la finalidad de extraer litio y potasio, afectando aproximadamente 3.000 hectáreas.
Silveria Quispe de la comunidad Inti Apu Collamboy, de Coranzuli, en la puna jujeña, junto a otras integrantes de la comunidad dieron cuenta de la lucha en defensa del agua y la vida y como fueron criminalizados por delitos penales y contravencionales, como es costumbre en el régimen policiaco de Morales.
También, se dirigieron a la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) para expresar la “necesidad de resolver el trámite de relevamiento y otorgación de los territorios comunitarios que fue solicitado en el año 2018″. Así también, denunciaron una demora deliberada en los trámites “amparada por la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy”.
Por último, cabe recalcar que Argentina, como buen estado capitalista, impulsa el desarrollo de la megaminería tanto bajo el gobierno de Cristina Kirchner, como bajo el gobierno de Mauricio Macri, y lo es actualmente bajo el gobierno de Alberto Fernández, en clara alianza con los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, entre otros con más de 46 proyectos mineros.
El avance de los negocios extractivistas es una de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional, para que el Gobierno consiga los dólares que necesita para pagar la deuda ilegal con el organismo, a costa de convertir en “zona de sacrificio” los recursos naturales, la salud del pueblo y su herencia histórica, afectando sus costumbres y cosmovisión de vida.
