Por: Roberto Candelaresi
Introducción
A propósito de la reciente presentación, – a fines de abril- , de un renovado portal de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que vincula a más de 70.000 alumni que pasaron por sus instancias ‘formativas’, y la ratificación por sus autoridades en ese mismo acto, de su propósito prioritario de “perseguir la corrupción política”, entendiendo esa enunciación como un eufemismo característico de las políticas norteamericanas en la región, nos vemos estimulados a desarrollar en esta suscinta columna, algunos resultados de tal formación (es decir, su aplicación), particularmente en nuestro subcontinente latinoamericano.
Según la visión de reconocidos politólogos, las democracias (re)surgidas en la región en la década del ’80, después de una larga noche dictatorial, germinaron como nuevas especies de regímenes democráticos [de la tercer ola de Huntington, o delegativas de O’Donnell], en que civiles electos, solían abusar de los límites constitucionales en cuanto a su autoridad, utilizando figuras tales como poderes extraordinarios o de emergencia. Por tanto, esos y otros autores propugnaron el establecimiento de instituciones que acotaran la autoridad de los gobernantes y garantizaran la rendición estatal de cuentas.
Ciertamente, es un diagnóstico universalmente aceptado, el que en la mayoría de los países no contaban con poderes judiciales fuertes e independientes, que pudieran acompañar cabalmente el proceso de democratización, y ello es así por carecer de protecciones constitucionales para su independencia, las formas ‘personalizadas’ de designación de jueces supremos que los hacían dependientes de los Ejecutivos, y , en general, de que no disponían de herramientas adecuadas para conseguir un sometimiento efectivo del Estado a la ley y liberarse de la manipulación por parte del Estado y de otros actores poderosos.
En consecuencia, durante los ‘90, en el marco de enmiendas constitucionales que habilitaron cambios institucionales, los países latinoamericanos se comprometieron en importantes proyectos de reforma judicial, en la mayoría de los casos con ayuda técnica y financiera de agencias extranjeras y organizaciones financieras internacionales. [Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.]. Otros grupos gubernamentales y privados también estuvieron financiando programas para modernizar el poder judicial. [El “Latin American and Caribbean Bureau of the US Agency for International Development”] participó en casi todos los países, desde programas de intercambio judicial a proyectos para una reestructuración multidimensional del sistema de justicia (Colombia).
El PROBLEMA se plantea, en el modo y contenido que tal “ayuda” originada en tales nobles propósitos, se proporciona a los planteles de magistrados, fiscales y jefes de fuerzas de seguridad latinoamericanos, que, a primera vista, verificando la experiencia de los egresados en sus marcos institucionales, parecen haber permutado de un poder avasallador a otro de la misma especie radicado ahora en el ámbito judicial. En efecto, nuestra hipótesis es, que las instituciones abocadas a la ‘capacitación’ de estos funcionarios, subsidiadas por y al amparo del gobierno de Estados Unidos, conforman foros de adoctrinamiento para la cooptacion de magistrados, fiscales y oficiales de la ley para proteger a los intereses corporativos e impedir la consolidación de proyectos soberanos, con alcance y común a toda Latinoamérica, el mecanismo operativo es el LAWFARE, y la estrategia desplegada en los últimos 10 o 15 años, empoderar a los poderes judiciales para limitar a los ejecutivos democrátivamente electos en sus márgenes de maniobras.
Repasemos; en estos días, asistimos impávidos a la excesiva represión a las manifestaciones de protesta en Colombia, que incluye asesinatos de civiles por parte de las fuerzas de seguridad o grupos militarizados, claras expresiones de violaciones a los derechos humanos, que son denunciadas por ONGs y observadores independientes ante el mundo, y, al mismo tiempo, una pasmosa indiferencia de su poder Judicial, que solo se articula en el caso de producir salvaguardas a oficiales masacradores. Otro caso sintomático de desapego por la justicia evidente, es que el fiscal que lleva la causa contra el expresidente Uribe, por sus vínculos con los narcos y fuerzas paramilitares, autores de múltiples asesinatos en el país, solicita la prescripción de la misma en vez de impulsarla. Lo sintomático es que este cambio de conducta se produce luego que se conociera que el fiscal estuvo en Miami con funcionarios de la Homeland Security Investigation (HSI), del Departamento de Justicia de EE.UU.
Existen evidencias – a través de escuchas telefónicas – de que la campaña de Duque fue financiada por narcos. Los judiciales que investigan fueron amedrentados. La DEA informó que se ocupará de “resolver el caso”, mientras que el senador norteamericano Marco Rubio culpa a narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas nternacionales por tratar de desestabilizar a un gobierno “elegido democráticamente”, lo curioso es que el propio senador, omite considerar que el “Plan Colombia” cuyo financiamiento, él junto a otros legisladores sostiene presupuestariamente, tenía (tiene) como objetivo asistir en la represión de la insurgencia y reducir drásticamente la producción y circulación de coca en Colombia. Washington aportó U$S 15.000 millones desde 2001 para tales fines, sus resultados no son muy alentadores, toda vez que la guerrilla ‘izquierdista’ en su mayoría depuso las armas (supuestos protectores del comercio narco para financiarse), la producción de cocaína en el país sufrió una explosión, en los últimos años.
Otro caso palmario de la nueva performance judicial adoctrinada es la actuación en Perú, donde los egresados de los cursos de formación estadounidense y pertenecientes al Ministerio Público Fiscal, anuncian una investigación contra un congresista electo de Perú Libre, agrupación del ganador de la primera vuelta electoral, el progresista Pedro Castillo, que enfrenta a la coalicion de derecha de Keiko Fujimori. Curiosamente , la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado (algunos concurrentes a los cursillos) anuncia inicio de Juicio poco antes de la 2ª vuelta, con un claro impacto político en la opinión pública. La imputación es sobre la antigua pertenencia del incoado a Sendero Luminoso, pero todo ello por meras declaraciones de “arrepentidos”, vinculados a la DEA que esa misma agencia presentó a los tribunales. Todo ello, luego que Castillo anunciara que si llegarara a la presidencia, expulsaría a la delegación de su país. Por el modo de presentar estos temas en las planas de los noticiosos en Perú, podemos inferir también que con mediante el programa difamar y juzgar de los medios concentrados del país y sus operadores judiciales, están asociados para desacreditar al candidato Castillo.
Otras operaciones de los ‘formados’ judiciales con la asistencia de los ‘mass media’ pro establishment queda patentizada en la persecusión y descalificación permanente de Rafael Correa y la detención de su ex Vicepresidente Jorge Glas (caso Odebrecht). El Departamento de Justicia de EE.UU. entregó “pruebas” sobre el cohecho y, para afianzar el beneplácito de cortesanos ecuatorianos, financió la infraestructura informática de la Corte Nacional de Justicia.
Un reconocido egresado de los cursos de ‘capacitación’ norteamericanos de la ILEA, es el otrora fiscal paraguayo René Milcíades Fernández Bobadilla, premiado originalmente por su participación en la operación Lava Jato, lo ascendieron posteriormente a Ministro (SENAC) con felicitaciones de la Embajada. Una vez en su nuevo asiento , emprendió una inmediata campaña para involucrar a Fernando Lugo en investigaciones ‘a la brasileña’. Tengamos presente que la la Corte Suprema de Justicia del Paraguay avaló la destitución de Lugo. En la actualidad, su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 es financiado por el National Endowment for Democracy (NED) [Sostenido por el Congreso de EEUU, defiende intereses corporativos, principios neoliberales y lucha contra el populismo], organización que también paga programas de formación jurídica, policial y política. Otra entidad involucrada en la “modernización” de la justicia paraguaya es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), su colaboración la canaliza por medio del Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDG). “Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro (…) la presidencia y la vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control político…”. Estas declaraciones de la embajadora de EE.UU. a su cancillería (Depto. de Estado) fueron filtradas por WikiLeaks, desnudan el verdadero interés y motivación del gobierno yankee en “colaborar” tan estrechamente con la CSJ, y por extensión, arriesgamos a pensar que es común a todas los Supremos Tribunales en el subcontinente.
Podríamos citar en este racconto el golpe al presidente Manuel Zelaya de Honduras en 2009, que si bien se manifestó por una crisis política entre poderes, el congreso como opositor y los tribunales electorales y supremo avalaron la destitución del gobernante, por declarar ilegal una consulta (plebiscito) para una eventual reforma constitucional (proyecto progresista). Curiosamente, una medida de raigambre democrática, es motivo para imponer un gobierno de facto NO ELECTO y desplazar a quien ocupaba legítimamente la 1ª magistratura fundado en mera formalidades. Sin sorpresa alguna, el gobierno norteamericano reconoció a las nuevas autoridades inmediatamente.
El otro caso que por conocido, no es dable abundar, es de los sucesos en el último quinquenio sobre el manejo del poder en BRASIL, desplazamiento también de la presidenta democrática por maniobras de élites partidarias en el congreso, basadas en falsas imputaciones y seguidamente una persecusión (a)jurídica implacable al ex presidente Lula, para frustrar su presentación a elecciones, y posteriormente para disminuir las posibilidades eleccionarias de su candidato del PT, con amplio despliegue mediático de fake news y calumnias. Un escandaloso proceso judicial del famoso juez Moro (egresado de la escuelita) y avalado por instancias superiores, que afortunadamente en la actualidad se está revirtiendo.
Cerrando nuestro cúmulo, digamos que el caso de Bolivia, presenta oscilaciones en la conducta del aparato judicial, que en principio avaló el golpe, ahora, rendido ante la expresión democrática que mayoritariamente coloca nuevamente al MAS al poder, retrocede sobre sus pasos y actúa (al menos formalmente) en el sentido ético de la justicia. Solo es jugoso aclarar, que dos investigadores norteamericanos del célebre M.I.T., habrían probado en un trabajo exhaustivo, la la inexistencia de fraude por el MAS, aquel supuesto que dio lugar a ‘justificar’ el golpe por parte de la OEA y organismos concurrentes, pretendiendo su difusión antes de la última elección, fueron abordados – según sus propias denuncias – por funcionarios del Departamento de Justicia para disuadirlos de su publicación, es decir, una expresión de poder ejercida en el propio territorio estadounidense con ciudadanos propios, para alinear conductas a los intereses de su gobierno.
Antes de presentar a la entidad ‘estrella’ que materializa esta estrategia de dominación geopolítica, hacemos breve referencia a otras semejantes que coadyuvan a aquel propósito.
El ya mencionado NED (Fundación Nacional para la Democracia), cuyo designio declarado es promover la democracia liberal en el mundo, declara en sus metas actuales, “combatir el capital corrosivo”, particularmente las inversiones y asistencia financiera de origen chino o ruso. Su línea de acción procura cortar los lazos (o entorpecerlos) con aquellas potencias, “esclareciendo” a los funcionarios latinoamericanos del riesgo que se corre con deudas e inversiones globales, como avanzada en este continente. Evidentemente es una clara expresión de la posición contraria al multilateralismo por parte de Washington.
Simultáneamente y en concomitancia, por iniciativa de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, se ha presentado un Proyecto de ley [ACTSA] para limitar (abordar los retos de) las actividades económicas, políticas y de inteligencia CHINAS en la región. Incluye asistencia técnico-jurídica para compatibilizar estándares a la Ley de Corrupción de EEUU en el extranjero.
Finalmente citamos; en un foro de reciente concreción (05/05/21), en el Hotel Biltmore Miami, convocando por la “Defensa de la democracia en las Américas” en el que Rubio fue anfitrión, y, organizado por el Interamerican Institute for Democracy, que proclama difundir los valores de “libertad, democracia y el institucionalismo para el bienestar ciudadano”, y cuyo director Carlos Sánchez Berzaín, es un asilado del gobierno boliviano de Lozada, refugiado en EE.UU. por una masacre de protesta en 2003 en su país, responsable como ministro de defensa y de ultraderecha anticastrochavista confesa. Acudieron líderes de la derecha sudamericana, como Piñera de Chile, Lenin Moreno de Ecuador, Luis Almagro por la OEA, Mauricio Macri de nuestro país, entre otros. Básicamente cuestionan los ‘senderos soberanos’ de las democracias populares y alientan a que los poderes ejecutivos limiten la capacidad de las políticas “populistas”, sin consideración alguna por la legitimidad de sus fuentes o el deseo y respaldo social.
Centrándonos en el alma mater de todo el despliegue ‘persecutorio’, digamos que la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, si bien tiene sedes en todo el mundo y su central en Roswell, Nuevo México, para operar sobre nuestro territorio, cuenta con asiento en El Salvador [Téngase presente que La Escuela de las Américas fue echada de Panamá en su momento].
Como señalamos anteriormente su misión se puede resumir en operativizar la guerra jurídico mediática y forma jueces y fiscales conforme intereses de EEUU. Su meta táctiva es perseguir la corrupción política [traducida en la práctica – conforme a la vasta experiencia – en hostigamiento a líderes populares y sociales].
Fue fundada en 2005 [Condoleezza Rice] para asegurar beneficios yankees en la región. Los creadores: agencias de seguridad e inteligencia, Inmigración y Aduanas y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. El director es “agente especial del Scio de Seg.” (DoE)
Mas allá de sus propositos declamadaos específicos, cada sede tiene una misión política. En Perú, por ejemplo, hay una dependencia conocida como Naval Medical Research & Development (¿?). Dependiente directamente del Departamento de Estado, es a través de sus embajadas encargadas de seleccionar participantes, que hacen llegar invitaciones personalizadas a los funcionarios selectos, para participar en los Cursos, capacitaciones y entrenamientos para judiciales y de seguridad. Garantizando la participación como secreta. Ello por ejemplo, contraría nuestro orden jurídico que requiere una autorización federal para participar en toda formación de origen extranjero, cuando se trata de funcionarios públicos.
Tenemos una experiencia de la flagrante contradicción o ilegalidad promovida por el gobierno norteamericano, cuando funcionarios de la CABA asistieron a cursos ofertados (legales, cyberdefensa, etc.) sin la señalada autorización, y cuando las autoridades nacionales, exigieron revelar los participantes, la organización declinó responder.
Sus simposios centran la mirada en la corrupción (supuesta o real) y la relación con los medios de comunicación, dada la importancia de difundir las ‘investigaciones’ para causar un determinado efecto en la opinión pública. Describen estrategias contra el delito político y como recuperar activos de líderes politicos. Estimulan el uso de “informantes” y fomentan la cooperación entre Sociedad Civil y los mass media. [Caso cuadernos, tesoros enterrados, etc. en nuestro país son vivos ejemplos de la mecánica]
Sus últimas metas son pugnar por homogenizar toda normativa alineada con regulaciones de Whashington, para luchar con actores estatales Extrarregionales [China, Rusia] y los estados Malévolos [Cuba, Venezuela, Nicaragua] que así, literalmente describen.
El enfoque de la ILEA es de la guerra jurídica [LAWFARE] que se puede resumir en una justicia corporativa sumada a medios de comunicación afines. Todo ello en el marco doctrinario (norteamericano) de la Guerra de Amplio Espectro, pues involucra a la sociedad civil con actividades de defensa. Conforme esa concepción, enfrentamos nuevas amenazas, por tanto el nuevo conflito es cultural, político, militar, etc. Se desarrollaría así operaciones entre organizaciones, procesos y cierta tecnología.
Resumidamente, se promueve mediante esta práctica “catequística”:
- Implantar criterios de justicia de EEUU (permiten defender inversiones y fugar dinero)
- Ajustar procesos para ser complementarios con EEUU, o permitir que sean instancia superior.
- Asumir como beneficiosas las prioridades políticas del DoS (cooperación entre medios y jurídicos).
- Articular persecusión de cuestionadores a politicas de EEUU.
El LAWFARE (concepto desarrollado por militar naval estratega en 2001) utiliza las legislaciones para objetivo “político-militar”. Resulta menos cruento y más económico que los golpes de estado promovidos, o las invasiones. Su efecto consiste en dañar los vínculos entre dirigentes populares y sus bases. Criminalizan arbitrariamente. DIFAMAN sistemáticamente, ganando credibilidad en cierto sector de la sociedad. Se manipulan jueces que son PROTAGONISTAS de estos procesos, quienes interpretan sesgadamente las leyes al servicio del poder. Un título recomendable para ampliar el tema es Lawfare: guerra judicial-mediática de Rafael Bielsa y Pedro Peretti.
El quid de su triunfo en la cooptación de estas mentes para alinearlas en orden a sus intereses, y los de sus aliados, en nuestra opinión es la confraternidad que logran entre su alumni (egresados), vínculo que se perpetúa mediante contactos esporádicos, invitaciones a celebraciones americanas, festividades, viajes y nuevos ‘perfeccionamientos’, todo lo cual genera un vínculo de confianza y a la vez de lealtad, con quienes se entienden son una suerte de promotores profesionales y guías intelectuales, amén de su afinidad ideológica que consolidad en este ámbito.
El fin político tan inconfesable pero siempre subyacente, es debilitar los trayectos emancipatorios de los pueblos (menguar o erradicar sus intenciones soberanas mediante la estigmatización, la exclusión, la criminalización de sus líderes). Los gobiernos iberoamericanos deben desestimular toda participación en estos eventos de ‘capacitación’ a menos que se consensen entre gobiernos sus contenidos y la orientación de sus métodos pedagógicos. Único forma para un Camino propio sin tutela ni injerencia.
