El presidente habló con Roberto Navarro en El Destape Radio, donde contó que inició una investigación por una violenta amenaza que recibió. “En mi Gobierno no amenazamos ni perseguimos ni operamos sobre fiscales ni jueces, nadie tiene que sentirse en riesgo”, manifestó Fernández sobre la frase que causó polémica.
El presidente Alberto Fernández admitió que recibió una amenaza de muerte y que presentó la denuncia correspondiente: “Recibí una amenaza de muerte y está trabajando la Policía Federal”. El mandatario contó que “todos recibimos amenazas” constantemente “con esa lógica libertaria”, pero se limitó a hablar en profundidad sobre el caso. “No puedo contarlo porque temo interferir en la investigación”, contó el Presidente.
Durante la entrevista, Fernández y el periodista Roberto Navarro demostraron preocupación por la violencia naturalizada y la instalación de los discursos de odio, especialmente desde sectores opositores al Frente de Todos.
Como ejemplo, se destacó la manifestación de un grupo de personas que atacaron la Casa Rosada con palos con fuego y bombas de estruendo, el pedido de pena de muerte del diputado de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez hacia Cristina Kirchner; o también los constantes escraches que reciben los dirigentes políticos o personas que demuestran cierta cercanía hacia el Gobierno e incluso, la reciente denuncia contra Navarro por parte de Eduardo Feinmann y Silvina Martínez, luego de que el periodista pidiera la intervención de los organismos del Estado para frenar los discursos de odio en los medios de comunicación.
“La democracia nos exige un nivel de convivencia que debemos respetar. Lo que estamos viendo es un caudal de un grupo de gente que ataca, agravia y genera violencia física”, comenzó diciendo el Presidente, y destacó las agresiones que vienen por parte del sector Libertario: “Van y dejan bolsas, simulando que adentro hay cuerpos humanos. O las cuelgan de las rejas de la Casa Rosada. O patean los autos de los funcionarios ¿Qué tipo de libertad están promoviendo?”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de accionar frente a estos movimientos de odio, Fernández sostuvo que se los puede denunciar por el delito de “incitación a la violencia” que figura en el Código Penal.
Por otro lado, al referirse al revuelo que se generó por sus declaraciones sobre el fiscal Alberto Nisman y ahora, el fiscal Diego Luciani, Fernández expresó hoy que “ha habido una enorme tergiversación” de sus declaraciones. “La frase aislada fue parte de una pregunta que me sorprendió. No tengo ningún temor de que pueda pasar eso”, dijo, en referencia a la posibilidad de un suicidio por parte de Luciani. En este sentido, sostuvo que en su Gobierno “no amenazamos ni perseguimos ni operamos sobre fiscales ni jueces” y agregó que “nadie tiene que sentirse en riesgo”.
Más temprano, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti habló en la habitual conferencia de prensa que da cada jueves y apuntó contra los medios de comunicación que utilizaron la declaración del Presidente, acusándolo de violento: “Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche, la comparación la hicieron los periodistas y estuvo ayer en la tapa de los portales durante toda la tarde. La comparación la están intentando realizar desde diferentes ámbitos, en algo que se estudia en la facultad de comunicación: empiezan a generar temas y luego quieren autoconfirmarlos”.
Con respecto a una posible manifestación en apoyo a Cristina Kirchner, Alberto Fernández sostuvo que se evalúa la posibilidad de hacer una marcha desde el espacio y, en este punto, aseguró: “Voy a hablar con los compañeros para ver qué proponemos”.
Por otro lado, con respecto a lo que se vivió en la previo al último alegato de Luciani, Alberto Fernández agregó: “Nadie cultiva la violencia. Cristina no cultiva la violencia. Ustedes tenían la pantalla partida mostrando la casa de Cristina y a Luciani, no sé que tiene que ver mostrar la casa de Cristina. Era como una convocatoria a que fueran ahí”.
El lunes terminaron los alegatos de los fiscales generales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad y pidieron la pena de prisión de 12 años para la Vicepresidenta y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Cristina, a quien le negaron el derecho a la defensa luego de que los fiscales introdujeran pruebas nuevas, había denunciado en julio pasado que la Corte Suprema tiene una sentencia “escrita y firmada” en su contra por la causa de la obra pública en Santa Cruz.
