Las dos mujeres fueron abusadas por efectivos de esa fuerza cuando eran adolescentes. Los efectivos fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión por los hechos, ocurridos entre 2009 y 2011.
El Estado y la Policía Federal Argentina deberán pagarle 10 millones de pesos más intereses a dos mujeres que fueron abusadas y explotadas sexualmente por efectivos de esa fuerza cuando eran adolescentes y atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.
Según informó el Ministerio Público de la Defensa, seis efectivos de la Policía Federal y un agente del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión por los hechos, ocurridos entre 2009 y 2011.
La condena indemnizatoria fue emitida el pasado 14 de octubre por la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°1, Silvina Andrea Bracamonte. La suma deberá pagarse en el plazo de veinte días desde que la sentencia quede firme.
Esta medida, que apunta a reparar el daño al proyecto de vida de las dos mujeres, incluye la cobertura integral de sus gastos en transporte y material educativo. También prevé los gastos futuros para el tratamiento psicológico de las que hoy son dos jóvenes adultas.
Según indicaron fuentes judiciales, los montos ordenados en esta sentencia no registran antecedentes similares y se fijaron “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos”.
Además, entre las medidas que solicitó la defensa pública y fueron incluidas en la sentencia, se encuentran el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen tanto su educación secundaria como luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio.
También como forma de reparación, “el fallo condenó al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencia contra las mujeres y perspectiva de género destinados a miembros de la Policía Federal”.
Entre 2009 y 2011, las víctimas, que atravesaban una situación económica y socioambiental precaria, fueron inducidas y persuadidas bajo amenazas por agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la fuerza y también con personas ajenas a ella. A partir de esa explotación, las adolescentes recibían dinero y parte de lo obtenido por el ilícito era repartido entre los uniformados.
Según lo denunciado por las víctimas y que fue confirmado en la sentencia, los policías se valieron del cargo que ocupaban para amenazarlas y utilizaron todos los elementos a su alcance para cometer el delito, tales como armas de fuego, intercomunicadores y predios a los que únicamente ellos tenían acceso (departamentos, edificios, pensiones, dependencias varias, baños y boleterías de la estación de tren de la línea San Martín, en los cuales eran obligadas a mantener relaciones sexuales con distintos hombres), entre otros.
