Ya ingresó al Congreso el proyecto de pedido de juicio político contra los cuatro magistrados del máximo tribunal, y el Frente de Todos exigió la presencia de los cuatro jueces.
Los diputados del Frente de Todos presentaron ya formalmente el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Entre las medidas que solicitan se incluye que los cuatro supremos deban declarar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. También pide que se cite a declarar como testigos a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro y hasta se haga entrecruzamiento de llamadas.
El proyecto de resolución lleva la firma de 15 de los diputados del oficialismo: Eduardo Valdes, Marisa Uceda, Marcelo Cassaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Vanina Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvina Ginocchio, Gustavo González, María Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
El proyecto introducido en la Cámara de Diputados pide, por un lado, que sean citados a la Comisión de Juicio Político, en calidad de acusados, los cuatro jueces de la Corte con los que se buscará avanzar en el juzgamiento político: Rosatti (presidente del tribunal), Rosenkrantz (vicepresident) y Maqueda y Lorenzetti (ministros).
Por otra parte, el proyecto pide que sean citados como testigos diversos funcionarios, juristas, empleados públicos y organismos de derechos humanos. En total, se detallan pedidos de citación a 34 individuos y organizaciones.
Entre los funcionarios, el proyecto pide citar a los gobernadores “que suscribieron el acuerdo firmado por el Presidente de la Nación” (11 en total), a Carlos Zannini (procurador del Tesoro), Eduardo “Wado” de Pedro (ministro del Interior) y Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos).
También pide citar, hasta el momento como testigos, al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro y al vocero y mano derecha de Rosatti, Silvio Robles, ambos involucrados en los presuntos chats que muestran complicidad entre ellos acerca de cómo la Ciudad de Buenos Aires debía argumentar en el conflicto por la coparticipación federal.
En paralelo, el proyecto reclama la citación de los juristas Eugenio Zaffaroni (exministro de la Corte), Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista) y Baltasar Garzón (exjurista español), al igual que al académico especializado en medios Damián Loreti.
Asimismo, se pide la citación de “todos los Directores, Secretarios, Funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”. Específicamente, se menciona a los funcionarios de la Corte Hector Daniel Marchi, Sebastián Clérici y Enrique de Vedia.
Por último, el proyecto reclama citar a diversos organismos de Derechos Humanos como HIJOS, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS y APDH, entre otros, a raíz de que el caso Muiña, conocido como 2×1, fue incluido entre los causales para la promoción del juicio político.
En paralelo, el proyecto pide que se libren diversos oficios, 13 en total, que incluyen varios pedidos de prueba para determinar la responsabilidad de los jueces en los causales que se les imputan.
Entre estos pedidos de prueba, se destaca el que se le realiza a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) “para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas”.
También se piden copias de las designaciones de la esposa de Silvio Robles, Laura Latorre, como funcionaria porteña y como funcionaria nacional tanto en la vicejefatura de Gabinete como en el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Macri.
Además, en relación al conflicto por la coparticipación, pide una “determinación de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016”. También se le pide a la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación estimar el impacto presupuestario de la causa iniciada por CABA acerca de este tema.
Del mismo modo, se solicita “al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 que remita copia certificada del Expediente N° 5666/2021”, el cual involucra al director de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, designado por Maqueda.
El proyecto detalla además diversos causales por los cuales se promueve el juicio político a los jueces, mientras que detalla, en casa caso, los hechos específicos imputables a cada juez. Algunos de ellos se incluyen bajo la causa genérica de “mal desempeño”:
- “Respecto del ministro Horacio Rosatti: Las declaraciones que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte de los otros poderes políticos del Gobierno Federal”.
- “Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Los atropellos en el Consejo de la Magistratura”
- “La vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones publicadas por la prensa entre Silvio Robles (Director General de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta)”.
- “Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, a la luz de la Acordada N° 34/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”(sobre el juramento de los nuevos integrantes del Consejo de la Majustratura designados por Diputados).
- “Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda: la causa y el fallo sobre la “coparticipación” de CABA.
- “Respecto del Ministro Horacio Rosatti y los vínculos de su principal colaborador (Silvio Robles) con funcionarios de CABA”.
- El “caso Muiña”, conocido como 2×1, que benefició con la salida anticipada de prisión a criminales condenados por delitos de lesa humanidad.
- Incumplimientos y desmanejos relevados en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
- Desconocimiento de sentencias de jueces inferiores; arrogarse competencias ajenas mediante Acordadas e invalidar resoluciones parlamentarias de la Cámara de Diputados
