El dinero provino de una empresa que solo repartió dividendos para Macri y que, a su vez, los obtenía de otra firma donde una de las accionistas es Juliana Awada. Irregularidades y fraudes que Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, pedirá que se investiguen judicialmente.
El fideicomiso ciego que Mauricio Macri anunció para transparentar el manejo de su patrimonio durante su presidencia no tiene un solo papel en regla. La Inspección General de Justicia (IGJ) que conduce Ricardo Nissen solicitó que se lo declare nulo por numerosas irregularidades y detectó transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos a Macri durante su gobierno de una sociedad donde tenía acciones Juliana Awada, su esposa.
En la resolución 226, a la que accedió El Destape, la IGJ remarcó que todo lo que hizo Macri con su fideicomiso ciego fue irregular.
Por empezar, que la figura del fideicomiso ciego no existe en Argentina, que el exmandatario en su declaración jurada como Presidente puso un patrimonio con un monto dudoso que era 5 veces menor solo a lo que su hermano Gianfranco declaró en la amnistía fiscal y aún así no incluyó todos sus bienes en ese fideicomiso, que le dio el manejo de esa parte de su patrimonio a una empresa fundada por un funcionario propio y, para colmo, que nunca perdió el manejo de esa porción de su patrimonio y lo hacía a través de Laura “técnicamente no es delito” Alonso, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción.
Pero lo más notable es que Mauricio Macri recibió 54 millones de pesos en cuatro transferencias que para la IGJ son ilegales.
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“He decidido hacer un fideicomiso ciego y destinar a un conjunto de personas independientes que van a disponer todos mis bienes y se van a encargar de administrarlo mientras dure mi tarea pública”, anunció Macri el 7 de abril de 2016, a los pocos días de que su nombre apareciera involucrado en los Panamá Papers. Hoy, dicha frase pareciera carecer de verdad.
En el contrato del fideicomiso figura que el expresidente quería “evitar conflicto de intereses y otorgarle transparencia a la administración de su patrimonio durante todo el período en que ejerza el cargo de Presidente de la Nación Argentina”. Pero la IGJ encontró irregularidades de todo tipo.
La IGJ afirma que “era imposible que pudiera dar transparencia a la administración de su patrimonio” cuando “Macri no aportó todo su patrimonio personal sino una parte muy reducida de este”. Dejó afuera varias firmas y 18 millones de pesos que tenía en Bahamas y que aseguró que trajo al país.
Asimismo, Macri eligió para cuidar esa parte de su patrimonio a Seguridad Fiduciadia SA, una empresa privada fundada por Carlos Marcelo D’Alessio, su escribano de Gobierno. Es el tío del espía ilegal.
Por otro lado, sobre Seguridad Fiduciaria, la IGJ afirma que “su constitución y su actuación posterior es nula de nulidad absoluta” y también pidió su nulidad.
Macri solo puso su participación en 4 sociedades que “carecían de toda vocación de generar réditos” y donde tenía menos del 20% de las acciones.
Las 4 empresas que incluyó Macri (Agro G, 4 Leguas, Molino Arrocero del Río Guayquiraró y Maria Amina) no eran, para la IGJ, “estrictamente hablando, verdaderas sociedades, sino meros esquemas societarios que encubrían la actividad agropecuaria unipersonal el empresario José Alberto Andrés Uriburu”.
Las empresas no daban dividendos excepto Agro G, que le transfirió 54 millones de pesos a Macri en una maniobra que para la IGJ es ilegítima.
El origen de esos 54 millones de pesos era otra empresa, Latin Bio, donde Juliana Awada, la esposa de Macri, tiene el 20,25% de las acciones, según reconstruyó la IGJ. Por todo esto y más es que Nissen firmó la resolución 226 que promueve “acción judicial de nulidad” del “Contrato de fideicomiso ciego de administración” entre Macri y Seguridad Fiduciaria.
Este último dato que revela, mediante la resolución de la IGJ ,que Mauricio Macri recibió cuatro transferencias por un total de de 54 millones de pesos por parte de Agro G, una de las empresas en las que tiene acciones y que incluyó en su falso fideicomiso ciego. Y que todo fue ilegal, con fondos que provenían de una firma donde Juliana Awada es accionista y que se transferían únicamente a Macri.
Según se investigó, la mecánica se remonta a octubre de 2008, fecha desde la cual Macri tenía el 20% de la empresa Agro G. Otro 40% lo tenía Ventilux SA, radicada en Uruguay, y el 40% restante José Alberto Andrés Uriburu. El dirigente de Cambiemos le transfirió sus acciones al Fideicomiso Ciego el 11 de julio de 2016 y las recuperó el 11 de febrero de 2020.
Datos que encontró la IGJ: Agro G nunca repartió dividendos ni pagó honorarios a sus directores ni confeccionó la memoria de sus estados contables anuales. Sin embargo hizo transferencias de dividendos por 54 millones de pesos a Macri. ¿Como? A través de acciones preferidas que fueron creadas en 2013 pero no anotadas en el registro de acciones. Es decir, todo en negro. ¿Como explican que la empresa nunca repartiera dividendos a sus dueños pero sí 54 millones a Macri?
“La emisión de las referidas acciones preferidas -detalla la IGJ- constituyeron al instrumento para la fuga de grandes sumas de dinero de la sociedad Agro G en exclusivo beneficio del ‘Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración’”, o sea, de Macri.
El 26 de abril de 2016 Macri participó por última vez en la asamblea de socios de Agro G. Fue 19 días después de que anunciara la creación del falso fideicomiso ciego donde pondría estas acciones. Al año siguiente, en 2017, la firma Agro G hizo algo extraño.
Así lo describe la IGJ: “a diferencia de lo acontecido en ejercicios anteriores, se produjo una insólita y no menos irregular distribución de dividendos, pues por unanimidad se decidió abonar la suma de pesos 10.160.400 en concepto de dividendos en efectivo, pero exclusivamente a quien era, en ese momento, el único titular de las acciones preferidas, esto es, la accionista Fideicomiso Ciego de Administración”.
Esos 10.160.400 venían de la empresa Latin Bio SA, de la cuál Agro G es accionista. Agro G recibía supuestos dividendos de Latin Bio y se los transfería íntegros a Macri. Con un dato más: la IGJ encontró que Awada, la esposa de Macri, tiene el 20,25% de Latin Bio.
Esa maniobra de dividendos de Latin Bio transferidos a Agro G y luego directo a Macri la repitieron 4 veces:
1- 31 de diciembre de 2017, por $10.160.400.
2- 4 de abril de 2018, por $7.699.725.
3- 18 de octubre de 2018, por $25.860.107
4- 1 de agosto de 2019, por $10.566.592
Total: $54.286.824 transferidos a Macri durante su presidencia de manera irregular.
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“En poco más de dos años, el aludido Fideicomiso Ciego recibió de la sociedad Agro G Sociedad Anónima, en concepto de dividendos por las acciones preferidas que el Fideicomiso era titular, la suma de (..) $54.286.824, cuyo pago y percepción fueron ilegítimas toda vez que la emisión de dichas preferidas no estaban inscriptas en el libro de registro de acciones ni jamás nadie compareció a asamblea alguna como titular de dichas acciones preferidas”, dice la resolución de la IGJ.
La IGJ da otro dato: en 2018 la firma Agro G tuvo pérdidas pero le transfirió dividendos a Macri por más de 33 millones de pesos.
¿De donde venía ese dinero? Según reconstruyó la IGJ el dinero provenía de la sociedad Latin Bio. En el directorio de Latin Bio figuraba como presidente Alejandro Jaime Braun Peña hasta el 1 de octubre de 2020, cuando lo reemplazó Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de Macri. Y, según la IGJ, Juliana Awada tiene el 20,25% de la firma. Agro G, de la que Macri es accionista, tiene a su vez el 29.75% de Latin Bio. Si se suman Agro G y Awada da el 50%.
En síntesis y según la IGJ, Macri recibió 54 millones que provenían de una firma donde su esposa era accionista y que pasaron por otra sociedad que nunca repartía dividendos excepto en esa oportunidad.
Nissen le envió todo esto a la Oficina Anticorrupción para que evalúe si hay que hacer alguna presentación judicial.
La irregularidades detectadas por la IGJ y por las que pide la nulidad del fideicomiso ciego de Macri son varias:
- La figura del fideicomiso ciego no existe en la legislación argentina.
- No incluyó todos sus bienes, apenas un 40%.
- Le dio el control de sus bienes a una sociedad trucha llamada Seguridad Fiduciaria.
- El fundador de Seguridad Fiduciaria era Carlos D’Alessio, escribano de gobierno de Macri (y tío del espía ilegal Marcelo).
- La sociedad que manejaba los bienes estaba integrada por escribanos, algo ilegal.
- Siguió con control sobre esos bienes a través de Laura Alonso.
La figura del fideicomiso ciego no existe en la legislación argentina. Existen, si, fideicomisos a secas, una típica figura jurídica que, lejos de transparentar el patrimonio de una persona, lo oculta y pone a salvo de cualquier contingencia. Existen los fideicomisos a secas desde 1995, cuando se sancionó la ley 24.441. El fideicomiso también figura en el actual Código Civil y Comercial. Abarca el capítulo 30, de los artículos 1.666 a 1.707. La palabra ciego no aparece mencionada. Le pusieron fue “Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración” pero es un nombre de fantasía: tiene las mismas características y objetivos que un fideicomiso común.
Macri incluyó en su falso fideicomiso ciego sus acciones en 4 empresas y la participación en otro fideicomiso. Las firmas son:
- 4 Leguas SA
- Maria Amina SA
- Molino Arrocero Río Guayquiraró SA
- Agropecuaria Guayquiraró
- Una participación en el Fideicomiso Inmobiliario Caminito
Según la declaración jurada de Macri tenían un valor total de 44 millones de pesos. La IGJ destaca que Macri no incluyó la mayoría de su patrimonio en ese falso fideicomiso ciego. “No sé que habrá hecho Mauricio con lo suyo, pero lo que aparece en la declaración jurada es poca cosa. Y en el fideicomiso no debe estar ni la décima parte”, sostuvo Mariano Macri, el hermano menor de Mauricio, en una de sus conversaciones con el periodista Santiago O’Donnell.
Macri no incluyó su terreno en Tandil, su departamento con cochera que le alquilaba o prestaba a su amigo y titular de la casa de espías Gustavo Arribas, sus lotes en Pilar, su terreno en Uruguay, sus acciones en E. Costa SA, sus créditos con sus amigos Nicolás Caputo y Néstor Grindetti ni sus cuentas en el exterior (que luego, en teoría, nacionalizó) ni las que tenía en el país ni el dinero en efectivo. Obviamente, tampoco hizo mención a sus empresas off shore ni al terreno en la localidad de Bella Vista que reveló el periodista Horacio Verbitsky.
Las cuatro empresas tienen la misma dirección, la del estudio jurídico Uriburu. Su representante legal es Estanislao José Uriburu, que apenas recibió los pedidos de información de la IGJ comenzó a realizar distintas maniobras dilatorias para impedir el acceso a los libros contables de las firmas. Debe ser lo que buscan los Macri en un abogado, lo mismo hacen en el caso Correo.
La IGJ revisó los papeles de todas estas sociedades y están plagadas de irregularidades. En una de ellas, Molino Arrocero Río Guayquiraró, Macri tenía 35 acciones pero cuando dejó la presidencia contaba con 231, sin que figure como hizo para comprarlas. La firma también debe sus estados contables. En Maria Amina el entonces presidente Macri tenía 220.000 acciones el 16% de la empresa. Durante todo el gobierno de Macri no presentó sus balances ante la IGJ. Agro G nunca hizo estados contables pero le transfirió dividendos a Macri por más de 54 millones de pesos.
Otra de las irregularidades del falso fideicomiso ciego es la empresa que lo administraba: Seguridad Fiduciaria.
Fue fundada el 19 de octubre de 2001 por Carlos Marcelo D’Alessio. Macri nunca explicó porqué eligió a dedo a Seguridad Fiduciaria para que maneje parte de su dinero. La empresa la recomendó D’Alessio, a quien Macri nombró Escribano General de la Nación el 23 de diciembre de 2015, a los pocos días de asumir la presidencia. Al momento de firmarse el contrato, D´Alessio aún era vice presidente de Seguridad Fiduciaria. D´Alessio renunció a la empresa el mismo día que se firmó el contrato, el 12 de abril de 2016, pero esto recién se publicó en Boletín Oficial el 17 de mayo, más de un mes después. En síntesis: Macri le dio la administración de parte de sus bienes a la empresa de su escribano de Gobierno.
El Destape investigó en 2018 a esta empresa y reveló que directores estaban inhabilitados para esa tarea, que no declaraba empleados, que informaba una sede falsa, que no cumplía con los requisitos capital mínimo para una sociedad y que no declaraba instalaciones. Como broche, en un año ese falso fideicomiso ciego había reportado un incremento del 68% en el valor de los bienes de Macri y le generó al presidente más de 5 millones de pesos en ganancias, parte de las cuales provinieron de inversiones en Lebacs.
Todo esto ahora fue investigado por la IGJ, que también pidió la nulidad de esta sociedad.
Macri, al anunciar su falso fideicomiso ciego, hizo una puesta en escena cuyo primer acto fue asegurar que perdería el control de la parte de su patrimonio que incluyó bajo esta figura. Nada más alejado.
En los papeles, el inciso e) del artículo 5.1 del contrato establece que Macri recibía, a través de “técnicamente no es delito” Alonso, “la información que pueda necesitar para preparar sus declaraciones o presentaciones impositivas” y “un informe semestral con el valor de los Bienes Fideicomitidos, los fondos depositados en la Cuenta Fiduciaria, las pérdidas del período y los pagos realizados por obligaciones impositivas”. Por ende, Macri sabía cada 6 meses o máximo un año el estado de sus bienes. En 2017, cuando tuvo que presentar su nueva declaración jurada 2016, Macri directamente dejo afuera los bienes de su falso fideicomiso ciego.