El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas aprobó la cancelación de la membresía de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La Cancillería argentina acompañó esta sanción. La ola de protestas en el país asiático empeoró tras la muerte en encierro de una jóven de 22 años por negarse a usar el velo.
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Ecosoc) aprobó este miércoles la cancelación de la membresía de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en represalia por la represión de las protestas y el empeoramiento de los Derechos Humanos de las mujeres en el país. La decisión, presentada por la delegación de Estados Unidos, fue aprobada durante una sesión celebrada hoy por 29 votos a favor, 16 en contra -de países como China, Rusia o Nicaragua- y 8 abstenciones. Argentina fue uno de los países que acompañó la sanción.
“Mi delegación rechaza categóricamente la resolución aprobada hoy. Se basa en alegaciones ficticias contra la República Islámica de Irán”, explicó la representante iraní, Amir Saeid Jalil Iravani, y agregó que con esta decisión se socavan los principios de la Carta de la ONU. Así, indicó que Teherán ya advirtió del uso de esta plataforma por Estados Unidos para “asentar” un “precedente sin base jurídica alguna. “Por desgracia, (la ONU) está siendo rehén de un país (EEUU) que, de forma unilateral, aplica intimidación, acoso, para atender a sus fines políticos”, expresó.
La Cancillería argentina acompañó el voto en contra de Irán en la ONU. Según se indicó, el país y las otras naciones “expresaron su preocupación por la situación de mujeres, niñas y niños, defensores y defensoras de derechos humanos en ese país”, particularmente tras la muerte, bajo custodia, de la joven Jina Mahsa Amin, detenida por no llevar correctamente el velo islámico obligatorio en ese país.
Argentina, a través de la representante de la Misión Permanente ante la ONU, María del Carmen Squeff, pidió a Irán poner fin, tanto en la ley como en la práctica, a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y a respetar todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de opinión y de expresión, libertad de religión o de creencias y reunión pacífica y asociación.
“La República Argentina ejerce una política exterior con una fuerte perspectiva de género, que promueve la equidad de géneros como valor esencial y es reflejo de todos los esfuerzos que realiza nuestro país a nivel nacional”, sentenciaron desde el ministerio que comanda Santiago Cafiero.
Irán atraviesa una ola de protestas duramente reprimida por el Gobierno tras la muerte el 16 de septiembre pasado de Amini, una joven kurda iraní de 22 años detenida por no llevar correctamente el velo islámico obligatorio en ese país.
Desde su creación en 1979, la República Islámica de Irán fue sacudida por varias olas de protestas, pero esta crisis no tiene precedentes por su duración, por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye los llamamientos directos al fin del régimen.
El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de “disturbios”. Sin embargo, los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
Irán es el segundo país que más condenas a muerte lleva a cabo, sólo por detrás de China, según Amnistía Internacional. Más de 500 personas fueron ejecutadas en 2022, según Iran Human Rights (IHR).
Hasta la fecha, dos personas condenadas por su papel en las movilizaciones fueron ejecutadas, desatando las críticas de la comunidad internacional, que reclamó a Teherán que conmute estas penas y ponga fin a la represión de las manifestaciones. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo estar “en shock” tras conocerse el lunes pasado la segunda ejecución, efectuada “sólo tres semanas después de su arresto”.
Asimismo, desde la muerte de Amini, según organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, más de 470 personas murieron como consecuencia de la represión de las fuerzas seguridad del Estado, mientras que otras 18.000 fueron arrestadas.
