El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá resolver el grave problema de falta de vacantes en las escuelas públicas y explicar en dónde están las 54 escuelas que dice haber construido.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña ratificó un fallo que le ordena al Gobierno de la Ciudad garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria, informar cuáles son las 54 escuelas que dice haber construido y publicar en su página web “toda la información relativa a la cantidad de vacantes disponibles por Distrito Escolar actualizada en tiempo real”.
El fallo de Cámara, firmado por los jueces Horacio Corti, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta, dispuso que la administración porteña debe garantizar el acceso a la educación distritos escolares que corresponden a 27 barrios.
![CIJur - Centro de Información Jurídica del Ministerio Público de la Provincia de Bs. As.](https://cijur.mpba.gov.ar/images/articles/3446/C%C3%A1mara_Nacional_de_Apelaciones__en_lo_Civil_y_Comercial_Federal..jpg)
También dispone que deberá “informar cuáles son las 54 escuelas nuevas construidas, detallando si se trata de obra nueva, de mantenimiento, de ampliación, de mudanza, fecha de inicio y finalización, tipo de nivel del centro educativo, cantidad de vacantes que ofrece, domicilio y distrito escolar al que pertenece”.
Además, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá “publicar en su página web toda la información relativa a la cantidad de vacantes disponibles por Distrito Escolar actualizada en tiempo real”.
La Cámara dispuso, a su vez, enviar la sentencia a la Legislatura porteña para que “destine los recursos presupuestales necesarios para que el GCBA cumpla con la obligación constitucional de asegurar la Educación pública”.
La acción judicial fue iniciada por familias del colectivo de Vacantes Para Todxs y del área de la educación Patricio del Corro, Alicia Navarro Palacios, Federico Raúl Puy, Bárbara Antonella Pastore y Lelia Wainrib, a quienes se sumó luego la candidata a diputada Myriam Bregman. La causa fue impulsada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) Eric Soñis y la propia Bregman.
El fallo de Cámara revocó dos decisiones de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que obligaba al gobierno porteño a que “instrumente una ayuda económica a los tutores o responsables que deben acompañar a los niños a establecimientos educativos ubicados a más de diez cuadras de sus viviendas, garantizando que se cubra el costo de 80 viajes de colectivo/subte como mínimo” y a que “efectúe las acciones necesarias a fin de que los recorridos y frecuencias del servicio público de transporte incluyan y cubran las necesidades de traslado de los barrios vulnerados de la Ciudad”.