Según indica, Patricia Bullrich, llegada ayer a Mascardi, lidera la represión contra las comunidades. También es posible que le saque una sonrisa a Espert, quien se puso duro contra mapuches y hasta pidió que se declare un estado de sitio. Villa Mascardi, en alerta.
Las crónicas de quienes están en el lugar alertan que las Fuerzas del Estado ingresaron a la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi a los tiros. Se trata de una avanzada aprobada por el Gobierno nacional, y firmada por el propio ministro Aníbal Fernández, que llega tras las denuncias de terratenientes, la oposición y algunas corporaciones mediáticas que quieren debilitar la lucha de la comunidad mapuche que están allí desde hace cinco años tratando de recuperar el territorio.
A un mes del quinto aniversario del crimen de Rafael Nahuel, la represión vuelve a ser nota del día y parece arrancarle una sonrisa a la oposición. Días atrás, el aspirante a candidato y actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se tomó la libertad de hablar sobre “el conflicto mapuche” durante un discurso que se esperaba que sea solo por las tomas en los colegios encabezadas por quienes levantan las banderas de la lucha estudiantil.
Pero también habló la propia Patricia Bullrich, quien no solo es presidenta el PRO sino que ejerció como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y que impulsó una sistemática represión contra la comunidad. Bullrich volvió a tildar de terroristas a las personas que se manifestaron sobre la Ruta Nacional 40 y pidió que se produzca de manera inmediata el desalojo que hoy garantiza el Gobierno nacional.
Por su parte, el economista y diputado nacional José Luis Espert anunció que presentará un proyecto de ley para declarar estado de sitio en esa zona de Bariloche y criticó al Gobierno por no defender a terratenientes.
Sea por eso o por lo que sea, la realidad es que, finalmente, el Frente de Todos como fuerza gobernante del país terminó oficializando a un “Comando Unificado de Seguridad” que bien temprano se presentó en Villa Mascardi. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aportó más de 200 efectivos federales al operativo del gobierno provincial y entraron a los tiros con el objetivo de detener a miembros de la comunidad originaria.
El Gobierno nacional creó el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, destinado a la “gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en esa localidad de la provincia de Río Negro, que colaborará también colaboración en diligencias judiciales.
La Resolución 637/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial, lleva la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y en su primer artículo, establece la creación del comando “destinado a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro, comando que en su rol de auxiliar de los órganos del sistema de administración de justicia, y bajo la coordinación de la Secretaría de Política Criminal, prestará colaboración en las diligencias que pudieran llegar a disponerse judicialmente, a efectos del aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”.
El comando estará conformado por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, establece la norma. Los funcionarios designados poseerán capacidad decisoria sobre el personal y los medios afectados al operativo de seguridad. En tanto, el comando se disolverá cuando lo determine su coordinación y tendrá su sede operativa en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Además, se estableció que la Coordinación General del comando será ejercida por la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que tendrá a su cargo la conducción de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo. Esa secretaría designará la nómina de abogados que cumplirán la función de enlace con las autoridades judiciales en turno y con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
La resolución invita al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Río Negro a designar un representante de los cuerpos policiales locales para integrar el comando, y se convoca al Juzgado Federal de Bariloche para que designe los funcionarios de enlace que estime corresponder, y con idénticos fines, convoca a la Fiscalía Federal de Bariloche.
En los considerandos, la resolución recuerda que el pasado 26 de septiembre “se originaron nuevos hechos de violencia” en la zona, que consistieron en “el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina implementado, precisamente, para realizar tareas de prevención y contención de anteriores episodios violentos”.
Tras esto, tomó intervención el Juzgado Federal de Bariloche y la Fiscalía Federal de Bariloche, quien consignó que “los episodios habrían sido protagonizados por miembros de la comunidad autodenominada ‘Lof Lafken Winkul Mapu’, y que los atacantes habrían empleado distintos tipos de armas, entre ellas armas de fuego”.
En este sentido, la norma amplió con que “el día 27 de septiembre de 2022, se ordenó judicialmente una inspección ocular con la actuación de personal del Gabinete Criminalístico de la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina y el apoyo del Escuadrón 34 de la Gendarmería Nacional Argentina”.
Además, reseñó que, “durante la medida, un grupo de entre quince y veinte personas, con sus rostros cubiertos, descendieron desde la montaña y emprendieron un ataque hacia el personal de la Gendarmería que se encontraba apostado en los límites del predio garantizando la seguridad de los funcionarios judiciales, por lo cual los presentes tuvieron que ser evacuados”.
El texto cita además que, luego, “la Fiscalía Federal de Bariloche imputó a los miembros de la comunidad autodenominada “Lof Lafken Winkul Mapu” quienes se encontrarían ilegalmente asentados en los predios contiguos hacia el norte a la vera de la misma Ruta Nacional 40 (lotes de Diego Frutos, de la Unión Personal Superior del Gas, del Obispado de San Isidro, de Magdalena Giménez de Tournier y dos lotes de la APN, el último donde se emplazan los restos destrozados de lo que fue el ex Hotel Mascardi) y que tales asentamientos se corresponderían con usurpaciones por medios violentos”.
Las autoridades consideraron que “resulta evidente que el accionar de las personas que se encontrarían ocupando los predios señalados se traduce en un impedimento del ejercicio del poder jurisdiccional y en la conculcación, por vías de hecho, del derecho de propiedad”, y que los hechos “han tenido por directo objetivo impedir la actuación preventiva de una de las fuerzas federales”.
“Las acciones desplegadas representan un riesgo para la comunidad toda, en tanto que, por las características propias del territorio, la provocación de focos ígneos genera un peligro común de difícil contención”, por lo que “resulta oportuno y conveniente crear el Comando a fin de contribuir con una eficiente labor en cuanto a la implementación de dispositivos de seguridad tendientes a la prevención de episodios de violencia en una zona que ya registra antecedentes”, añade la resolución en sus considerandos.
En ese punto, destaca la necesidad de “dotar de eficiencia y dirección al comando” así como “establecer canales de comunicación directos y permanentes con las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal en turno, a efectos de poder formular prontamente las consultas que resultasen necesarias”.
