Por: Roberto Candelaresi
Introducción Histórica
Tanto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fueran creados en los acuerdos de Bretton Woods, se convirtieron a lo largo del tiempo en dos organizaciones multilaterales relevantes de la post guerra, y este “ascenso” a la nueva condición fue anclado, desde un punto de vista político y financiero, por los Estados Unidos, que siempre fue el mayor accionista, miembro más influyente y el único con poder de veto en ambas instituciones, forjándolas como parte de su infraestructura de poder global.
Como instrumento de política externa norteamericana, históricamente exploró –de diversos modos –, la concordancia entre dinero, ideas y preceptos políticos para extender su influencia e institucionalizar sus pautas en el ámbito internacional. Se constituye así en un actor político, intelectual y financiero, en su singular condición de prestamista, formulador y articulador de políticas, y difusor de “soluciones” para el desarrollo capitalista (en clave anglosajona).
En consonancia con el BM, la actuación del FMI, [amén de quien se encontrara a su “cargo formal”], se volvió más amplia e intrusiva, combinando el énfasis en el ajuste macroeconómico con las reformas (del Estado) y el ajuste de políticas sociales en los países clientes intervenidos, y, aunque en cada ciclo parece reverdecer la autocrítica y la revisión, lo único que demuestra la entidad es su notable capacidad de adaptarse a los cambios en curso en el ambiente político y económico mundial, y, aunque cambie el discurso de presentación, sigue promoviendo siempre la liberalización económica; la disipación de los derechos laborales; la mercantilización y privatización de la vida social, y, de la (defectuosa) relación sociedad-naturaleza en nombre de la “competitividad global”.
Marco de Referencia de la Problemática.
En abril de 1956, Argentina, por iniciativa del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, ingresó al Fondo Monetario Internacional, contrayendo así su primer préstamo con dicho organismo internacional. Entre 1956 y 2006 la Argentina suscribió 21 acuerdos de condicionalidad fuerte con el FMI: 18 de derechos de giro, 2 de facilidades extendidas (1992 y 1998) y 1 de servicio de complementación de reservas, en 2001.
Después de años de no depender de su “ayuda financiera”, y habiendo liquidado durante la gestión de Néstor Kirchner un saldo adeudado de casi U$D 10.000 millones, – que permitió un margen de maniobra (soberanía) mucho más amplio en el campo económico por parte del gobierno argentino–, la administración “Cambiemos” de M. Macri en 2018, y luego de agotar toda financiación externa privada, suscribe otro préstamo con el Organismo, que implica naturalmente el sometimiento a un plan de ajuste dictado por aquél.
Ese acuerdo estipula prestamos al país de hasta 56.300 millones de dólares, de los que finalmente se desembolsaron 44.200 millones ya que la administración de Alberto Fernández desestimó los últimos tramos que debían recibirse ya en su mandato, contabilizándose una deuda que actualmente, (por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio), asciende a U$D 45.455 millones.
Digamos a fuer de referencia, que el “stock” de deuda externa bruta total de Argentina medido a valor de mercado ascendía al finalizar el segundo trimestre del 2021 a 218.862 millones de dólares, lo que significó un aumento de 2.232 millones de dólares con respecto al primer trimestre del año.
La reunión del presidente Alberto Fernández con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, representa un nuevo capítulo en las negociaciones que la Casa Rosada comenzó hace ocho meses para refinanciar los U$D 45.000 millones del préstamo que el organismo otorgó al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
El Poder Ejecutivo actual negocia desde principios de año con directivos del Fondo, el propio programa financiero que despeje los altos vencimientos que implica el acuerdo vigente en 2022 y 2023 [la hoja de ruta de devoluciones indica reintegrar al FMI cerca de U$D 38.000 millones solo en esos años]. Desde ya el Gobierno de Alberto Fernández pretende no continuar con la agenda de pagos y renegociar la totalidad del acuerdo.
Los acuerdos de facilidades extendidas (Extended Fund Facilities), que sería una de las modalidades para refinanciar deudas cuando falla el cumplimiento del plan original, es de una duración (PLAZO) máxima de 10 años. Pero la estrategia argentina (del Frente de Todos) es modificar la duración del nuevo acuerdo – y este es uno de los aspectos centrales en la negociación – con una salida por fuera de los estatutos de la entidad que lleve el programa a 20 años de duración. La justificación se basa en que precisamente el acuerdo original (con Macri) escapó de los reglamentos. No cerrado aún el nuevo acuerdo, la resolución quedaría recién para después de las elecciones parlamentarias.
El otro tema central, tratar de ir a un nuevo esquema de TASAS DE INTERÉS del programa financiero con la Argentina, se propone eliminar las sobretasas (o sobrecargos) que incrementan el peso de los intereses, o sea; atentan contra la recuperación económica de los países toda vez que esos puntos de más, que el FMI cobra cuando presta más de lo que la cuota del país hubiera limitado, es regresivo y procíclico.
El tercer tema trascendente de la negociación, es la de las CONDICIONES (o mejor llamados CONDICIONAMIENTOS) que impone el Fondo a los países en la forma de “metas macroeconómicas [cuantitativas y cualitativas]”, usando para justificarse el eufemismo “problemas estructurales” en su diagnóstico, por los cuales asisten a los países ante las crisis de balanza de pagos.
Así se involucran desde el organismo solicitando REFORMAS ECONÓMICAS que modificarían temas jubilatorios, laborales y fiscales para asegurarse tales metas. Eso es lo que reclaman públicamente para llegar a un acuerdo sobre una hoja de ruta de la economía argentina. Léase; «queremos conocer el programa económico del gobierno a mediano plazo (si incluyen o no aquellas reformas)». Otros aspectos relevantes del acuerdo hablan de metas de acumulación de RESERVAS y de la reducción del DÉFICIT FISCAL (desde el 8% del PBI que alcanzó en 2020).
Se busca siempre el apoyo de Estados Unidos al cambio de reglas o mejoras en la condición de devolución, no solo porque ese país definió la concesión de tamaño préstamo a la administración macrista, sino porque su concurso es decisivo para cualquier arreglo, en función de su mayor alícuota de poder en el directorio (16.52%) y principalmente por su facultad de VETO a las decisiones del mismo. Seguido por China y Japón, y las potencias europeas. Es por ello, y no por “selfies”, que el presidente Fernández (y Guzmán) procuran reunirse con los mandatarios de esos países.
Solo para abundar, digamos que los mismos países y sus líderes, se involucran en otra negociación financiera con Argentina, se trata del CLUB DE PARÍS, pero que no es objeto del presente artículo por lo que solo mencionamos que las giras y encuentros entre mandatarios, suelen tener el doble propósito de atender la problemática de ambas deudas.
Kristalina Georgieva, una aliada sensible e interlocutora bajo ataque.
La directora gerente de la Institución que, en lo discursivo viene teniendo un acercamiento a la argumentación y justificaciones argentinas, para lograr un nuevo y justo acuerdo, está recibiendo denuncias vinculadas a su actuación previa al actual cargo, que podría inducirnos a pensar que detrás de ellas, aflora una trama de intereses.
Kristalina Georgieva tiene un mandato de 5 ¾ años renovables, que inició en enero de 2019 por lo que se extiende hasta 2024. Ante una eventual renuncia, el 1er subdirector gerente asumiría, se trata de un norteamericano republicano ex funcionario del Departamento del Tesoro [Geoffrey W. S. Okamoto]. Tengamos presente que David Lipton, anterior ocupante de ese cargo, fue el que canalizó el préstamo a MM y hoy es asesor para América Latina en el Tesoro (de nuevo tendrá injerencia).
El directorio ejecutivo del FMI con 24 miembros, elige y puede despedir al director gerente, las cuotas definen el poder de voto de cada representante, es decir, EEUU y sus aliados cercanos, ya poseen más del 50% de sufragios.
Cargos (Denuncia) contra Kristalina
Básicamente se acusa a Kristalina de presionar a los encargados de realizar el vilipendiado informe “Doing Bussiness” del Banco Mundial (BM), para subir la calificación de China y otros países, entre ellos, Arabia Saudita, a cambio de conseguir aportes de fondos para la institución. En otras palabras, la acusación es de ejercer “presiones indebidas” a funcionarios del BM cuando se desempeñaba como directora general en esa institución –entre 2017 y 2019–.
Es plausible especular que la administración Biden podría estar detrás de las denuncias, hay incluso una nota de congresistas en la que afirman que la conducta de Kristalina muestra la penetración de China en instituciones multilaterales como la ONU y OMS. Sin embargo, el jefe del informe, negó haber sido objeto de presiones por parte de la economista búlgara, y China por otra parte siguió escalando posiciones luego de su partida del BM.
Esta maniobra que podría tratarse como un “golpe de estado institucional”, -si se concreta su remoción–, está siendo apoyado por los medios de prensa que usualmente representan a la burguesía financiera estadounidense (Bloomberg). Las herramientas son conocidas por los argentinos, rotular o tratar el asunto como de “escándalo”, “la pérdida de credibilidad” del objetivo y “el daño a la institución” mientras no se retire.
Las presiones para materializar su RENUNCIA, canalizadas en opiniones divulgadas, denuncias periodísticas, etc., pueden llegar a tener un componente de Lawfare [persecución judicial], sin embargo, pese a existir amenazas en ese sentido, hasta el momento no interviene la justicia como en una investigación criminal.
Algunos motivos sobre este ataque que vulnera a quien se mostrara comprensible con las autoridades actuales argentinas, a nivel hipótesis, puede ser el disgusto del gobierno de Biden sobre la asignación de los DEG repartidos (U$D 650 mil millones) a todos los socios, para aliviar la crisis sanitaria y económica de algunos países de medios y bajos ingresos. Medida “progresista” que contraría los valores e intereses del neoliberalismo, precisamente desde el propio centro del sistema financiero global. Minar la influencia de China y sus aliados en el interior del FMI podría ser otra causa, y finalmente, para enviar un claro mensaje a otros actores de que no crucen ciertas líneas rojas.
Múltiples falencias de estructura, metodología y principios que cruzan al FMI.
Todo poder incontrolado es peligroso. Cuanto mayor sea el poder, mayor será el peligro. Y una garantía de que cualquier cosa peligrosa (ya sea un arma, un automóvil, un reactor nuclear o el FMI) traiga desgracia; es la falta de control y responsabilidad.
No ignoramos que el FMI tiene el poder. Puede causar daños similares a cualquier guerra: pobreza, hambre, migración forzada y hasta muerte. Puede perjudicar inmediata y directamente, negar un préstamo, negar un pago o desconocer a un gobierno (como hizo con Venezuela, a pesar de su demanda de recursos para hacer frente a la pandemia), pero todo lo que necesita hacer es escribir un “informe de país” [Country Report] desfavorable, hacer declaraciones negativas o predicciones pesimistas, y el sector financiero hará el trabajo sucio y provocará una tormenta en cualquier país “díscolo”.
El problema principal hacia el interior del organismo, es que no tiene un control directo por parte de otro poder (estadual o supranacional, como la ONU), pues su diseño institucional fue pensado para un staff de cándidos e inocentes tecnócratas, lo que plantea una situación de fondo. A esto se suma que en su ‘marco de referencia’ en cuanto a valores universalmente consagrados, no figuran (juzgando sus antecedentes históricos indisputables), con lo que, en resumen, destacamos los siguientes aspectos problemáticos:
El Fondo no tiene principios democráticos. De los muchos acuerdos de créditos concedidos a Latinoamérica, 1/3 de ellos fueron destinados a solventar DICTADURAS o GOBIERNOS DE FACTO, financiamiento que siempre termina pagando el pueblo, sin ningún beneficio a cambio. A lo largo de décadas benefició a autocracias como la de Stroessner, Videla, Pinochet, y antes, al dictador Batista de Cuba y a los feroces dictadores salvadoreños.
Una entidad sin ética ejemplar. Como ejemplo irrebatible citamos los conocidos procesamientos judiciales que varios de sus ex titulares tuvieron que soportar, por cuestiones reñidas a la ley y a toda moral. Mal pueden resguardarse valores institucionales si sus cabezas delinquen y son condenados por corrupción (Rodrigo Rato, Cristine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn).
Problemas de “agencia” [representatividad]. Sus directivos parecen reportar a más de una cabeza, prueba de ello es que algunos directores renuncian (especialmente los subdirectores norteamericanos), para pasarse a la actividad privada en altos puestos de transnacionales bancarias. O en su defecto, como asesores del Tesoro de EE.UU. (David Lipton) trasuntando una sospechosa correspondencia.
No hay responsabilización por conductas ni malas gestiones. Paradojalmente, el organismo que tanto exige a los ‘beneficiarios’ de sus préstamos, para gestiones de buena gobernanza y medidas punitivas de anticorrupción, no cuenta con un códice apropiado para imponer disciplinas rectas, y su única sanción prevista para el funcionario que con tanto poder se corrompa, es llanamente el despido. Sin otras consecuencias, penales o disciplinarias, ya que carece de tales disposiciones en su diseño.
El reparto del poder y su circulación para el management es antidemocrático y demodé. El diseño de poder y autoridad, reflejan un statu geopolítico de la posguerra, que ya no representa la configuración mundial actual, amén de conservar irritantes prerrogativas para (básicamente) los EE.UU., con su posibilidad de vetar cualquier decisión estratégica como señalamos al principio de este artículo.
En efecto, hoy los Estados Unidos puede, junto a sus principales aliados tomar la decisión estratégica que su voluntad o intereses nacionales indiquen. Ello estaría reñido con el diseño original de la institución, que suponía que los países no debían ser sometidos por otros empleando sus servicios, que deberían ser globales, y por lo tanto resultaría impropio.
En la actualidad, coexisten en su seño, potencias emergentes (China, Rusia, India) cuya participación en la economía y finanzas mundiales deberían tener una representatividad acorde en el directorio. Sin embargo, se sigue empleando por tradición (léase conveniencia) una suerte de discriminación de nacionalidades, al seleccionar siempre a un europeo para el puesto de Director Gerente, y a un estadounidense para el cargo de Sub Director Gerente.
A su vez, para la selección de staff y el resto de funcionarios, también se verifica una discriminación, esta vez de carácter ideológico, ya que aparentemente no se emplea una forma meritocrática, sino que admiten solo a los de formación económica neoliberal, lo que redunda en una ausencia de pluralidad de ideas. Se persiste en modelos que probadamente han fracasado, porque el sesgo ideológico parece prevalecer en la visión técnica de los problemas. Y eso conforma otra contrariedad para una buena gestión.
Parte de las condicionalidades que exige el Fondo para conceder ayuda financiera, es la liberalización del comercio y del mercado de capitales (movimientos sin barreras nacionales) en los países asistidos. Estas reglas neoliberales impactaron en gran ENDEUDAMIENTO (paradójica consecuencia para los programas impulsados por una institución que se supone ayuda a estabilizar la balanza de pagos) y trajeron consecuentemente una enorme VULNERABILIDAD a los países deudores, siempre comprometidos a crecientes desembolsos [que sustraen al crecimiento].
Conclusiones
Después de haber estudiado en numerosas academias, las nefastas consecuencias que las “caprichosas” recetas del FMI traen a los países, (de las que Argentina es testigo), avizorando la salida mundial de la pandemia, y sus necesidades nuevas de capitales e inversiones, no hay dudas que sería un momento histórico oportuno para plantear el rediseño de esta Institución, desde sus bases.
El organismo debe ponerse al servicio de las naciones y sus pueblos, y no sea solo un instrumento estratégico de dominación al servicio de un decadente imperio, un puñado de multibillonarios y cierta banca privada con fondos siempre recuperados, producto de la especulación de unos pocos que terminan pagando TODA LA SOCIEDAD, sin beneficios.
Para ello también es menester, que su personal y directivos sean productos de rigurosas selecciones de candidatos en base a capacidad intelectual y experiencia que garantizará cierta pluralidad de ideas, pero fundamentalmente, imponer un código disciplinario que garantice una “accountability” [responsabilización y rendición de cuentas] de las autoridades y decisores, y trabas contractuales para evitar la directa migración a entidades multinacionales vinculadas con las finanzas.
Finalmente, en su conformación, debería reflejarse los equilibrios geopolíticos actuales de modo de “democratizar” su funcionamiento, y mitigar al menos, si no anular, las maniobras disuasivas y amenazantes que los poderosos de hoy impunemente despliegan para disciplinar a quienes tienen ideas propias y benéficas para los países asociados, como el caso de Kristalina Georgieva que desarrollamos al comienzo de este trabajo.
