La audacia que falta (Parte II)

Por: Roberto Candelaresi

Grupos de Presión y de Interés

Tengamos presente, que por ellos nos referimos a los agrupamientos de individuos que persiguen fines particulares comunes, influyendo sobre las decisiones de los órganos estatales, la acción de los partidos políticos y la opinión pública, para conseguir sus propósitos, y sin asumir la responsabilidad de la decisión política, tales como las FF.AA., asociaciones empresariales, sindicatos, iglesias, etc.

Estos actores, que han estado presente en todas las etapas políticas del país, en la actualidad actúan desembozadamente, pues aquellos que representan al PODER ECONÓMICO, tuvieron una fuerte experiencia reciente con el gobierno de Cambiemos, donde su presencia en las decisiones del gobierno es indiscutible, a partir de la participación de muchos CEOs corporativos en distintas responsabilidades de esa administración, incluso a nivel ministerial [V.g.: Aranguren, Cabrera, Dietrich, Caputo, et al], lo que les dio visibilidad y pretensiones de continuar dominando el aparato estatal, como si sus designaciones o mandatos perduraran en el tiempo.

Es asimismo muy obvio que la clase dominante el único derecho constitucional que respeta es el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, y sus propias garantías personales, desde ya. Cualquier avance de la ley sobre la regulación de cualquier campo económico, la reputan ipso facto de AUTORITARISMO.

De hecho, que las reacciones que toman, amparándose en el derecho de protestar y peticionar (que tanto critican a otros sectores sociales cuando éstos los utilizan) muchas veces son lesivas para el conjunto de la nación. V.g. cortes de ruta, desabastecimiento, retención de cosechas, etc.

Esa misma élite u oligarquía son los que en general (hay escasas excepciones) actuando o reaccionando, generan un clima de zozobra, de desasosiego e incertidumbre, que no solo los favorece económicamente (devaluaciones, suba arbitraria de precios de venta, retenciones, evasiones, falsas declaraciones, etc. que implican ganancia para esos pocos, pero alteración regresiva de todas las otras variables de la economía), sino que también genera un “mar de fondo” que les puede dar una nueva victoria política. 

Las formas que adoptan las entidades empresarias para manifestarse en oposición a decisiones del gobierno legítimo, a veces rayan la convocatoria a la desobediencia civil, al menos a sus asociados, y esta forma antidemocrática de proceder, no puede naturalizarse como un principio legítimo que los ampare.  

Las posiciones tan agonales que suelen adoptar para con el gobierno popular, incluyendo bloqueos y boicot a muchas medidas, muestran que son irreconciliables en una mesa de diálogo, a la que tan frecuentemente llaman las autoridades democráticas, particularmente el Presidente y la Vicepresidenta. La pugna es por el control del Estado, la selección de funcionarios de primera línea y el diseño de las políticas públicas. Como se advierte, es una suerte de anulación de LA POLÍTICA, y el resultado del MANDATO POPULAR.

Ante esta realidad, el gobierno de AF adopta la modalidad de la permanente CONSULTA a los intereses corporativos. La administración estatal es capaz de respetar VETOS que plantean los actores económicos poderosos, y reculan iniciativas propias. Esto exhibe DEBILIDAD, pero auto infligida. El gobierno de JxT no formula críticas públicas sobre tales actitudes desestabilizantes del empresariado poderoso, por lo que el error táctico es doble en nuestra apreciación: NO INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA general de cuales son las intenciones y objetivos que podría formar una barrera de protección o refuerzo para afianzar el rumbo propuesto desde el mandato popular. 

Memoria Activa

Enumeramos una serie de datos o eventos, que contribuyen a nuestra tesis de la falta de propensión del gobierno de Alberto Fernández a convocar a la movilización popular, y su preferencia por las negociaciones cerradas y en lo posible “formales”.

Como colofón del modo de actuar en estos sucesos, sostenemos que la propia gestión se desacredita   y se muestra débil, frente a la desestabilización y al golpismo que anima a gran parte de la oposición y a los factores de poder señalados:

Es tradicional que las nuevas administraciones aprovechen la reconocida (mundialmente) tregua de los 100 días que se funda básicamente en la “fresca” adhesión popular mayoritaria, y el reacomodamiento por desconcierto opositor generada en la derrota. Esos primeros días tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un presidente entrante. 

Es el lapso de desarrollar las propuestas y concepciones ideológicas y programáticas. Estos momentos iniciales representan una primera impresión sobre lo que se pretende hacer y cómo, ante toda la sociedad. Los primeros días de gobierno son un dispositivo comunicacional en sí mismo, que reúne la atención y movilización de los ciudadanos, con el objetivo de utilizar dicha fuerza social acumulada para concretar la acción política de lo propuesto y capitalizar la conquista popular. 

Es en ese periodo, donde los actos de gobierno deben ser conducidos por un preciso Plan de Acción que busque producir efectos políticos concretos. Los objetivos de los primeros días de gestión deben asegurar un control efectivo de los resortes de la administración, una señal clara a los poderes reales y sus intereses, y un COMPROMISO DE TRANSFORMACIÓN hacia los ciudadanos.

De manera implícita, tomar muchas decisiones (formación de gabinete, estructuras, decretos de emergencia, proyectos de leyes, viajes, etc.), es sinónimo de FORTALEZA, CAPACIDAD DE GESTIÓN Y POTENCIAL EFECTIVIDAD DE UN GOBIERNO. Ninguna de las medidas tomadas por Alberto Fernández en esos meses prepandémicos modificó el rumbo del país, que por inercia seguía siendo “amarillo”.

Léase también: La audacia que falta (Parte I)

Sitio de la bonaerense a la Quinta de Olivos. 

Con una insólita movilización en septiembre del 2020, decenas de policías bonaerenses rodearon la residencia del Jefe de Estado, en ese momento por razones sanitarias, sede del Poder Ejecutivo Nacional, exigiendo aumentos salariales y mejores condiciones de equipamiento. La demanda como se sabe, debió ser dirigida al GOBIERNO PROVINCIAL, en La Plata de quien dependen, no al Presidente en su vivienda.

El personal, utilizó los móviles al servicio de la institución, se presentaron uniformados y formaron frente a uno de los accesos (bloqueo), y los voceros, oficiales y suboficiales interactuaron con los medios de comunicación con caras tapadas. La protesta por lo demás resultó extemporánea, porque ya se habían anunciado soluciones a las cuestiones planteadas.

Todo lo expuesto configura en nuestra opinión, un acto de sedición o una afrenta y amenaza a la institución presidencial por parte de una fuerza de seguridad armada, actuando ilegal y semi clandestinamente, que no debió ser sino reprimida por las fuerzas federales, en el momento, de modo de emitir un claro mensaje de intolerancia hacia la insubordinación a las autoridades democráticas. Y no “negociaciones” y reconvenciones por esa actitud, que entendemos derivó posteriormente en sanciones administrativas para los cabecillas y a los funcionarios policiales que utilizaron los patrulleros para la protesta [abandono de servicio].

Al Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo “se le plantaron los empresarios”.

En plena pandemia, las corporaciones alimenticias, proveedoras del Estado, forzaron a la administración a aceptar sobreprecios en los ítems licitados, en razón de las grandes cantidades y las condiciones exigidas, que no era otra que la prontitud del abastecimiento para atender la emergencia en el 2020. Una suerte de extorción cuando el Ministerio trataba de paliar el hambre con sus programas de asistencia. En ese momento, los empresarios no moderaron sus pretensiones, y el gobierno cedió a mayores precios. Justificándose, el entonces ministro argumentó que “se me plantaron”, los proveedores. No parece una declaración adecuada a un representante del gobierno nacional, miembro del gabinete. No hubo a posteriori ninguna punición para tal conducta especulativa y antidemocrática. Se afianza el poder empresarial frente al Estado, que representa al universo de consumidores, por el espíritu conciliador del gobierno.

Caso Vicentín

A. Fernández originalmente impulsó como ” caso excepcional” la intervención de Vicentín, una empresa vaciada y quebrada fraudulentamente. Su pretensión era “rescatar a la empresa”, y la estrategia era que ingrese el Estado en este caso para garantizarse la administración de la misma, a la vez que favorecería a la Argentina para lograr la “soberanía alimentaria”. 

Esa iniciativa, contó con el respaldo de un grupo de intelectuales y dirigentes políticos de centro izquierda para que la fallida se transformara en una empresa pública no estatal, argumentando que la Argentina “necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos”. Las cooperativas del ramo serían la administradoras con veedores estatales.

Las operaciones de prensa, la opinión vecinal de la sede y la injerencia del gobernador de Santa Fe seguramente influenciado por los poderosos lobbies agroexportadores radicados en los puertos santafecinos, hicieron retroceder al Ejecutivo, incluso luego de emitir decretos y proyecto de expropiación. El resultado de los fraudes, evasiones y vaciamientos ahora es indisputable, pero por la inconstancia o la falta de voluntad política para confrontar del gobierno nacional, el camino fue otro, NO BENEFICIOSO PARA EL CONJUNTO.

Caso Hidrovía

Tema estratégico por la fuente de divisas, y el control de tráfico comercial más importante del país. La larga y prorrogada concesión que benefició un consorcio belga desde el menemato venció hace 15 meses, y la vía fluvial se sostiene con continuas contrataciones directas; sin tomarse la resolución de aprovechar la oportunidad para nacionalizar (o federalizar) el servicio de dragado y accesos portuarios de la autopista fluvial, por las fuertes presiones especialmente concentradas desde la Bolsa de Cereales de Rosario con el consorcio de agroexportadores, y de las empresas interesadas en una nueva concesión. Ahora, además, quedó vacante la titularidad del ente que debe hacer la licitación estratégica (ECOVINA). Tema pendiente por las continuas demoras administrativas y desacuerdos políticos entre distintos actores interesados. Dejar nuevamente el control y esta fuente de recursos a manos de capitales extranjeros, hoy ya ni merecería discutirse.

THE ECONOMY, ¡STUPID!

Dejamos algunas observaciones e incertidumbres, relatando datos concretos sobre el quehacer de la economía política, pero inquiriéndonos por sus motivaciones. La actitud frente a la producción y a la distribución de la renta en cualquier país, DEFINEN toda estrategia de gestión del gobierno del que se trate.  

No existe un bloque monolítico en torno a la cuestión económica, como es dable esperar en una coalición, sin embargo, reconociéndose todos en la misma fuente doctrinaria, al menos en teoría, no deberían existir diferencias conceptuales. No obstante, las estrategias para lograr las mismas metas difieren en cada general, como en las guerras.

Entre el “oficialismo albertista” y los operadores kirchneristas surge una discrepancia en torno al grado de autonomía del Estado respecto de las fuerzas productivas y del mercado. Esta diferencia incide en el modelo de desarrollo, por ello no es menor, y debería ser motivo de discusión y síntesis.

En tanto a la modalidad de interacción con los agentes económicos, existe también diversas miradas; mientras que el Kirchnerismo se respalda en el entusiasmo popular tras una mística, absorbe esa potencia política y adopta posición fuerte en la mesa de negociación [Guillermo Moreno, es el epítome de esto], el centrismo albertista busca la no confrontación mediante el acuerdo. Solo que las más de las veces, ellos no se cumplen por voluntad de los particulares.

Durante el cénit de la PANDEMIA, el gobierno de AF no tomó en materia económicas medidas excepcionales como control estricto de precios, o alternativas para el aprovisionamiento masivo, grandes multas por incumplimientos, secuestros de mercadería en situación de agio, o el impulso de denuncias judiciales por actitudes especulativas de algunos agentes como citamos anteriormente. Nunca se aplicó la Ley de Abastecimiento, tampoco los cupos para exportar (para contener precios locales) fueron estables y se perdió una oportunidad dada la excepcionalidad del momento y la sensibilidad pública, para presentar paquetes de leyes antimonopólicas. ¿Tal vez la consigna fue no disgustar a grandes operadores para no empeorar el cuadro?

La BANCA por su lado, aprovecha por doble punta LAS ALTAS TASAS DE INTERÉS con que financia al Estado por su Gasto Público descontrolado en la época crítica de la pandemia, y estimula la emisión de bonos con lo que se asegura también grandes ganancias [con lo que reciclan el déficit cuasi fiscal, una deuda en pesos monstruosa heredada del neoliberalismo macrista]. Las corridas cambiarias han sido provocadas más de una vez, por mesas de dinero dependientes de estas instituciones [en el pequeño mundo financiero y bursátil TODO SE CONOCE], las crisis cambiarias son “provocadas”, pero nunca recibieron reproches por parte de las autoridades financieras del gobierno. El resultado es una DEPENDENCIA ESTATAL del sector financiero.

Desde el inicio de la administración, pese a los ingentes ingresos de divisas y saldos comerciales positivos, la CAÍDA DE LAS RESERVAS fue una constante. El BCRA parece carecer de una política seria y sistemática en su cuidado y preservación. Se atendieron durante los 2 primeros años, todas deudas privadas sin analizar su consistencia. Es sabido que muchas filiales arman autopréstamos con sus casas matrices, como un mecanismo para egresar divisas y realizar ganancias sin trabas (ni impuestos). Otras operaciones autorizadas automáticamente eran la compra ANTICIPADA de insumos, por parte de empresas industriales y comerciales.

Continúa …