Siete años después de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia argentina continúa sus pesquisas para esclarecer la gran incógnita que sobrevuela este caso: El por qué del fin a su vida.
El procurador fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero por un disparo en la cabeza, en la noche del 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para exponer una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta, por un supuesto encubrimiento a varios sospechosos de terrorismo iraníes.
Dicha causa se fue diluyendo desde el 23 de diciembre de 2019, cuando el Tribunal Oral Federal número 8 revocó el pedido de prisión preventiva de Cristina Fernández. Finalmente, el 7 de octubre de 2021, el Tribunal declaró nulo el caso, luego de analizar planteos de los acusados en la causa por el Memorándum con Irán, con la conclusión por parte de los jueces de que no hubo delito en la firma del acuerdo.
En 2004, Nisman había sido designado al frente de la causa AMIA por el presidente Néstor Kirchner, a través de la creación de una unidad especial para la investigación de la misma, junto al jefe de contraespionaje de la Side (Secretaría de Inteligencia del Estado), el agente especial Jaime Stiusso. El entonces presidente firmó el acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados poniendo a disposición de Nisman los expedientes de los servicios de inteligencia
Ya en 2008, habiendo descartado la pista siria, Alberto Nisman pidió la detención del expresidente Carlos Saúl Menem y del exjuez Juan José Galeano por el presunto encubrimiento y falseamiento de pruebas, por haber construido una causa ficticia, con pruebas armadas y otras destruidas, para desviar la investigación y culpar exclusivamente a la policía local. Según los cables de la embajada estadounidense en Buenos Aires, revelados por Wikileaks, es posible que la decisión de Nisman de procesar a Menem fuera un intento de congraciarse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Contó con el apoyo de la Secretaría de Inteligencia para tratar de esclarecer el hecho. Posteriormente la investigación sobre el atentado quedó trunca debido a la falta de colaboración de Irán, que se negó a extraditar a los acusados.
El Gobierno argentino intentó que se llevara adelante la declaración indagatoria mediante un memorándum de entendimiento con Irán. Nisman se opuso a esta vía porque lo consideraba un proceso extrajudicial que impediría el enjuiciamiento de los acusados bajo la ley argentina.31Sin embargo posteriormente saldrían a la luz documentos donde Nisman daba su apoyo al Memorándum, uno de ellos fechado el 27 de febrero de 2008.
En 2010 denunció que era víctima de espionaje y amenazas contra él y sus hijas, debido a su accionar en la causa del atentado a la AMIA y con el fin de desplazarlo como fiscal de la misma. Nisman identificó en ese momento a los autores del espionaje y las amenazas, señalando al juez federal Claudio Bonadío, el expolicía y procesado en la causa AMIA Jorge Alberto “Fino” Palacios, al exministro Carlos Corach y a Maximiliano Corach, hijo del anterior y dirigente del PRO.
El 27 de febrero de 2013, el Congreso Nacional ratificó un Memorándum de entendimiento Argentina-Irán que había sido negociado y firmado por el gobierno argentino un mes antes, con el fin de establecer un procedimiento para que los ciudadanos iraníes imputados en la causa por el atentado a la AMIA pudieran prestar declaración indagatoria en Irán. Dos años después, el martes 13 de enero de 2015, el fiscal denunció a la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Tímerman, el diputado Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche, por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por haber formado parte de una aparente “confabulación” “destinada a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní imputados” en la causa AMIA.
Según Nisman, el Memorándum de Entendimiento suscripto entre Argentina e Irán era una maniobra delictiva realizada con el fin de exculpar a los iraníes, solicitando a Interpol que dejara sin efecto el pedido de captura internacional a cambio de destrabar las relaciones entre ambos países. La denuncia sostiene que el gobierno pretendía imputar a unos llamados “fachos locales”. La denuncia se fundamentaba en escuchas realizadas a un dirigente comunitario argentino con lazos con el gobierno iraní, que conversa, entre otros, con D’Elía y Esteche.
Después de realizada la denuncia, el entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintió que el gobierno argentino haya solicitado alguna vez que se tomara esa acción y denunció a su vez que Nisman estaba mintiendo. El fiscal presentó la denuncia ante el juzgado federal que conduce Ariel Lijo, donde se investiga el desvío de la investigación del atentado contra la AMIA.
Nisman afirmaba que Cristina Fernández había dado órdenes a un agente de la SIDE de su confianza o a Andrés Larroque, y que ambos ponían esas órdenes en conocimiento de D’Elía o de Esteche. Y D’Elía las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani (uno de los prófugos del atentado de 1994). Según Nisman, los motivos de las órdenes tenían el objetivo de superar “la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo (iraní) por granos (argentinos)” e “ncluso venderle armas (a Irán)“. Además manifestaba, sin prueba alguna, que para concretar el memorándum se había incluido la condición de que se consiguiera eliminar las alertas rojas que había en la Interpol contra varios funcionarios de Irán.
Dos días después, el jueves 15 de enero de 2015, el ministro Tímerman desestimó la denuncia y la calificó de “ridícula“. Presentó un correo electrónico que Ronald K. Noble, quien hasta 2014 fue secretario general de Interpol, le había enviado a la semana anterior, en el que afirmaba de manera categórica que tanto el ministro como la presidenta y todo el gabinete argentino permanecieron “cien por ciento comprometidos a que las alertas rojas de Interpol siguieran vigentes, con una actitud consistente e inflexible“.
En declaraciones radiales hechas se mismo día, el juez federal encargado de la causa AMIA, Rodolfo Arístides Canicoba Corral dijo que se había enterado por los medios de que había una denuncia, y agregó que no había avanzado porque el fiscal no se lo había comunicado. Puso en duda la legalidad de los procedimientos llevados a cabo por el Nisman, y evaluó si tendría que separarlo de la investigación de la causa. Advirtió además que en los últimos dos años el fiscal Nisman no le notificó que estuviera trabajando en la investigación de un presunto pacto de impunidad para que se dejara de seguir a los iraníes sospechados de participar del atentado y que el que firmaba casi todos los informes era el oficial de inteligencia Antonio Jaime Stiusso. Asimismo, Julio Maier, exprofesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que Alberto Nisman debería ser juzgado por haber sobrepasado la competencia del Poder Judicial.
El viernes 16 de enero de 2015, Nisman aseguró que el lunes 19 de enero concurriría al Congreso, invitado por las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, con el fin de presentar y profundizar la denuncia contra los presuntos implicados. Pero el fiscal nunca llegó a presentar su denuncia porque falleció el día anterior de su presentación en el Congreso Nacional.
Desde allí, las constantes especulaciones y acusaciones, debatiéndose el caso entre un suicidio y un asesinato, con pruebas que se fueron revelando extrañamente. No obstante, los medios lo calificaron de asesinato armado mediante operativos mucho antes se que se investigara el hecho en profundidad, mientras que la mayoría de las pruebas apuntaban a un suicidio. esto generó una reproducción discursivas que condujeron a marchas apoyando al fiscal, impulsadas por la oposición de entonces en pleno año electoral.
La palabra de Lagomarsino
El perito informático Diego Lagomarsino habló este martes del fallecido fiscal Alberto Nisman, al cumplirse 7 años de su muerte y aseguró que los responsables de la polémica pericia de Gendarmería “van a ir presos en algún momento”.
En diálogo con el programa Crónica Anunciada que se emite por Futürock, Lagomarsino ratificó: “Nisman se autodisparó y no lo digo yo, lo dice el expediente”. Además cuestionó que “lo que hay es una pericia trucha para sostener lo que no pasó: un homicidio”, y en esa línea reafirmó: “Claramente Nisman se autodisparó, lo dice la propia Policía Federal”.
Asimismo, el perito consideró: “Hay que ser muy estúpido para pensar que yo le entregué a Nisman un arma que estaba a mi nombre para que lo mataran. Ni a Spielberg se le ocurre una cosa así”. Por ultimo, deslizó: “Por hacer un bien, terminé metido en esto”.
Diego Lagomarsino fue quien, según él, le prestó el arma al fiscal con la que éste terminó suicidándose. Para el perito, quien trabajaba para Nisman, el suicidio es un hecho y no solo se vincula a la causa, sino a distintos inconvenientes, incluso familiares, que venía padeciendo el fiscal. Afirma no saber el “por qué” pero intuye que la presión ante la presentación de una causa que no era tal, y la posible caída posterior devenida en humillación, e incluso una pérdida del cargo, fue demasiado para alguien acostumbrado al poder.
Lagomarsino fue procesado por el juez Ercolini en 2017 considerándolo “partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas“. Ordenó embargo y mantuvo las medidas cautelares de sujeción al proceso. Todo esto, luego de una extraña pericia de Gendarmería Nacional en pleno gobierno de Mauricio Macri. Además, procesó a los custodios por incumplimiento de los deberes y encubrimiento. En septiembre de 2021 la Corte Suprema decidió peritar sus computadoras y teléfonos si hallar nada.
