El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, le informó a los demás miembros del tribunal que a partir de ahora intervendrá en causas de sus ex clientes, entre los que están Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, Quilmes, el Grupo De Narváez o el fondo Pegasus.
Hasta hoy, Rosenkrantz se había excusado de participar en más de 100 expedientes de las empresas que patrocinó desde su estudio de abogados. Sin embargo, comunicó a través de una nota la decisión que tomó tras haber pasado cinco años desde su designación. “Había preferido no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Intervendré en el futuro en tales causas”, sentenció.
Sus ex defendidos, entre los cuales está la empresa Claro, no tardaron en alarmarse, y el entorno estatal también se encuentra pendiente de esta decisión que puede afectarlo directamente, tanto como a Clarín.
Es que la Corte debe resolver si el decreto de Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial es aplicable al Grupo Clarín, es decir, si el Estado puede limitar sus tarifas de cable, internet y telefonía. También si el Estado puede controlar la fusión Telecom-Cablevisión, un caso en el que, tal como informó El Destape, lograron frenar que la Comisión Nacional de Valores (CNV) fiscalice una maniobra por la cuál perjudicaron a sus accionistas, entre ellos la Anses.
El juez supo abogar a favor del holding dirigido por Héctor Magnetto, por lo que no puede juzgar a sus supuestos “ex” clientes, al excepción de que la Corte Suprema maniobre a su favor y le otorgue el espacio. Asimismo, de obtener tres votos en su contra, se le puede poner frenos a su accionar, aunque es un hecho de difícil desarrollo.
Esta Corte se encuentra partida, y una de las pocas opciones para el freno es que intervenga la lista de conjueces de la Corte que dejó Macri y cuyo mandato vence a principios de noviembre. Así, el Presidente debería enviar un nuevo listado al Senado donde, por otro lado, carece de los votos para aprobarlo.
La carta de Rosenkrantz
El texto que les hizo llegar a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, próxima a dejar el tribunal, comienza exponiendo: “Pongo en su conocimiento que he decidido intervenir en la presente causa. Si bien en autos está involucrada una parte (la empresa Claro) a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”.
“No intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni prestando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente. Tampoco mi imparcialidad se ve afectada por razones de decoro y delicadeza”, continúa.
Allí alega también que en una causa donde la demandada era YPF, otro de sus ex clientes, la Corte rechazó una recusación en su contra, sin distinguir recusación de excusación.
“Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las de la presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal – más de cinco años- estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”, concluye el juez en la nota.
Todo indica que Rosenkrantz intervendrá en las causas de sus ex clientes, que no son pocos, justificándose porque pasaron “más de cinco años” desde su llegada a la Corte y que eso es tiempo suficiente para no apartarse de las causas. No obstante, el Código Procesal, en su artículo 30, no pone un plazo de tiempo para la obligación de excusarse y en el artículo 32 establece que el que no lo haga incurrirá en causal de “mal desempeño”. Por ende, no hay norma alguna que le de aval.
El estudio de abogados del actual juez de la Corte era Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Cuando Mauricio Macri lo designó en la Corte Rosenkrantz le dejó el estudio a su socio Gabriel Bouzat. En la web del estudio figuraba el listado de clientes (los que habían autorizado que los mencionaran) pero apenas sonó el nombre de Rosenkrantz para la Corte lo borraron. Muchas de estas empresas tienen causas en al Corte.
En el caso del decreto es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el presidente Fernández estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. El Enacom apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso. Ahora Rosenkrantz avisó que intervendrá.
El otro caso se dio tras la fusión de Cablevisión con Telecom, donde la ley los obligaba a ofrecerle a todos los accionistas de esas empresas la posibilidad de comprarles sus acciones. Eso incluye a la Anses, que tiene el 9% de Cablevisión Holdings y el 11,34% de Telecom. Sin embargo, en el caso de Telecom, pretendieron pagarles mucho menos de lo que valían.
El holding ofreció 110 pesos por acción, cuando su valor en la Bolsa porteña superaba entones los 145. La estafa era de 8.400 millones de pesos.
La CNV, cuya tarea es controlar estas operaciones, quiso intervenir, pero el lobby judicial de Magnetto logró una medida cautelar que le ató las manos al organismo, y ahora le toca resolver a la Corte. En el medio del trámite judicial Magnetto logró que Macri cambiara la ley a su favor.
Rosenkrantz también usó una ONG falsificada como estrategia legal para defender al Grupo Clarín en el caso Fibertel, cuando con la resolución 100/2010, se estableció la caducidad de la licencia de Fibertel, absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado. En ese momento, Rosenkrantz utilizó a la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC). Esta ONG fue creada en 2000 y utilizada para plantear un supuesto interés colectivo en el funcionamiento de Fibertel. Su domicilio era el mismo que el estudio de Rosenkrantz, y sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín.
La coincidencia entre los miembros de la ONG trucha ADC y el estudio de abogados del Grupo Clarín fue pasada por alto por los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo, que le dieron lugar a la medida cautelar que permitió a Fibertel seguir operando de forma irregular alegando un interés colectivo que no era más que una jugarreta del actual cortesano Rosenkrantz.
Esta maniobra le permitió a Fibertel seguir operando sin licencia durante años. Tal era la irregularidad que, el 4 de marzo de 2016, el gobierno de Macri revocó la resolución 100/2010 para liquidar el pleito y el 22 de abril le autorizó a Fibertel transferirle su licencia a Cablevisión.
Cabe destacar también que Rosenkrantz se excusó en varias causas porque intervenía Julio César Rivera, abogado histórico de la familia Macri. Entre sus defensas se incluye desde los negocios hasta temas familiares, como el divorcio de Mauricio con Isabel Menditeguy en 2005. También tuvo un rol clave en la causa Correo Argentino.
Rivera, junto a su socio Beltrán Louge, está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino. Es decir, tienen que controlar que todo se haga de forma legal en esta causa que lleva más de quince años. Lo insólito es que el que tiene que controlar defiende los intereses del deudor, los Macri. E incluso Mauricio lo nombró conjuez de la Corte.
