Por: Roberto Candelaresi
Introducción
A partir de lo adelantado en nuestro artículo anterior, repasamos que, a pesar de los récords de precios y cosechas de granos actuales, el BCRA no está incorporando reservas, más aún, mostramos que en lo que va de la gestión del Frente de Todos, han disminuido las existencias, pese a contar con un interesante saldo comercial a favor. Las razón por la que no se suman tienen que ver primordialmente con un puñado de causas por egresos de divisas, tal como explicáramos en aquel ensayo. Sin embargo, una conducta que es recurrente en gran parte de los grandes productores agropecuarios, siempre vinculados al mercado exterior, es la de retener en silo-bolsas gran parte de sus cosechas con fines especulativos, ‘desabasteciendo’ temporalmente las arcas oficiales.
Esa conducta, posibilitada por el ingenio de almacenamiento en campo mencionado, desplazó para siempre el esquema de estacionalidad que caracterizaba el flujo de ingreso de dólares al país. Las liquidaciones de divisas se demoran generando periodos de situaciones de escasa disponibilidad de moneda fuerte a las autoridades monetarias de la nación, que deben hacer frente con ese recurso las obligaciones comerciales y financieras de otros sectores.
Esa retracción de la liquidación, como consecuencia de la retención de granos o subproductos a ser exportados (aceites, pellets, etc.) es constante, especialmente en periodos electorales, o, ante anuncios de la aplicación de alguna gabela o retención por parte del Estado. Es decir, un grupo de rentistas o grandes productores agropecuarios, se suman al complejo agroindustrial en una estrategia, que los constituye en Grupo o Factor de Poder, ya que con sus acciones gravitan en la toma de decisiones de las autoridades democráticas, y lo hacen porque no tienen un objetivo único, sino un programa de acción de índole político, toda vez que adoptan posiciones que trascienden sus intereses comunes, interviniendo en campañas públicas y/o directamente proselitistas.
Estimamos que un mayor control para evitar las múltiples maniobras del comercio exterior ya conocidas, es en esta época indispensable para sortear estas restricciones externas artificiosas, y facilitar un desacople de los precios internos. Ambos son propósitos fijados por el actual gobierno. Es por eso que trataremos de despejar en el presente trabajo, procedimientos perjudiciales para los intereses generales, datos concretos y cuantificados y los actores que los efectivizan.
El campo y sus gravámenes
Los derechos de exportación tan variados según los productos o rubros, ya nos hablan de que resulta impropio referirse al “CAMPO” como un todo. En efecto, incluso dentro de lo producido en las cadenas agroindustriales, hay productos que son mayoritariamente destinados a la exportación 80% o + (soja, trigo, limón, maní, etc.), y otros de baja inserción en el mercado exterior con menos del 20% de su producción sale al mundo (avícola, vinos, yerba, porcinos, etc.).
El caso es que se aplican derechos de exportación a la mitad de los productos, que son precisamente los que se exportan, aunque con un amplio rango de alícuotas. Estos impuestos son un instrumento para direccionar la producción de alimentos y evitar shocks externos directos. Pero, cuando la situación extraordinaria como la actual, generada por la guerra en Europa, ha disparado todos los precios de materias primas alimenticias, resultan poco efectivos.
Esta temporada de recolección es ligeramente inferior a la anterior (unos 130 millones de tons.), aunque siempre muy por encima de los valores promedios históricos, pero ese dato desde ya potencia aún más los precios de cereales y oleaginosas, sensibilizados por el conflicto bélico, por lo que se espera que la “cosecha de dólares” será mucho más abundante.
La “pesada carga” de los Impuestos
Si nos atenemos a ciertos discursos de protesta impulsados desde el bloque de hacendados-complejo agroexportador, y diseminados con cuantiosos lobbys y medios auspiciados por ese factor de poder, el complejo agroindustrial, por ejemplo, «está gravado con un 70%!» o que el Estado se queda con esa porción del saldo exportable. La realidad indica, sin embargo, que solo la mitad de la producción está alcanzada y que solo paga menos de 20% en promedio por sus ventas al exterior [Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA]. Y ello es así, pues, son pocos rubros los sujetos a gravamen [la mayoría exento], y, porque existen alícuotas diferenciales para primeras transformaciones de los granos (subproductos como aceites y harinas), que han sido incluso rebajadas a menos de la mitad por la actual administración del FdT.
Aquellos discursos aludidos, ante toda tentativa de suba de retenciones, invocan «la confiscación de recursos del campo por parte del Estado» o una supuesta «alta presión impositiva» que de ninguna manera es tal. Mas aún, la sociedad es testigo de las innumerables maniobras evasivas para no pagar impuestos vigentes por parte de productores agrícolas, desviando embarques vía Paraguay, Brasil o Uruguay. Un comercio ilícito de considerable magnitud (35/40%).
Variedad
Existen rubros con muy bajas alícuotas o directamente no tributan. Naturalmente, los cereales y oleaginosas explican el 90% de la recaudación, muy lejos de los aportes de las economías regionales (4%), carnes (1%), lácteos (0.8%) y otros menores. A su vez, existen tres complejos regionales que no pagan retenciones: legumbres, té y yerba.
Así, en 2021, la soja pagó un 30.7% por lo exportado, el maíz al igual que el trigo, ambos contribuyen con un 11%, de lo propio, la carne tuvo un impacto del 7.9% y la leche, un 6.7% aportado de sus ventas externas.
Pero los tractorazos por las dudas, siguen de moda, tanto como el recurso del lock out y la clásica maniobra de acopiar y retener producción tal como describimos más arriba. El dato actual es que el complejo cerealero-aceitero no han liquidado (a fines de abril) 14 millones de toneladas, que equivalen a unos u$s 8.500. presionando a la inflación. Esto último es a consecuencia de que mientras esa suma no ingrese al Banco Central, la entidad es obligada a sostener restricciones al acceso a la moneda extranjera, tanto para particulares como –más importante– a importadores, tensionando la cotización “libre” de la divisa y, por tanto, a los precios internos. En otros términos, se da el fenómeno de “cuello de botella”, por la escasez de dólares por temporadas que impide a la industria importar insumos, y así, todo se encarece, por aquel acopio especulativo.
Ganancia sojera como ejemplo.
Los márgenes de rentabilidad en estos dos años pasados de pandemia, con el pico del actual en guerra, ¡se triplicaron! Eso no impide que los agentes rurales marchen en alguna acción política de la oposición para “resistir” alguna modificación del nivel de las retenciones. Desean absorber la totalidad de las “ganancias inesperadas” en la inflación, aunque ello exponga a la población general al impacto de la escalada internacional de precios. A modo de ejemplo: en el sur de Córdoba, a mayo 2020 el margen neto por hectárea (en campo propio) era casi u$s 230, a marzo de este año, se generó un margen neto de u$s 678/ha. [Informe Trimestral de Márgenes y Resultados – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación]
En el primer año de pandemia, la soja ya se había disparado en precio y margen, con un curioso correlato con la disparada de precios de los alimentos en el ámbito local. Las utilidades operativas de las principales alimenticias treparon 170% en el bienio 2020/21. En el mismo período, la inflación de alimentos y bebidas fue del 114%. es evidente la correlación entre las remarcaciones de los oligopolios “nacionales” y sus ganancias, multiplicadas a niveles récord.
Reporte: “Claves para la ‘guerra’ contra la inflación – Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
El caso testigo puede ser la gigantesca alimenticia Arcor, cuyo incremento de ganancias es del orden del 142% durante la pandemia (al mismo nivel de la suba en el margen neto de la producción rural y no casualmente), distribuyendo $7.000 millones a sus accionistas. Después de perder sistemáticamente en sus balances bajo gestión macrista.
Otro tanto experimentaron sus colegas productores y empresarios, disfrutando de la inflación de precios internacionales, sin reservas. Prueba de ello es que los productores y la agroindustria realizaron importantes inversiones de capital, ampliando su equipamiento e instalaciones de acopio y procesamiento.
Ciertamente, además, la liquidación de divisas de los Industriales Oleaginosos y los Exportadores de Cereales entre 2020 y 2021 al Banco Central tuvo una importante alza (38%) [u$s 32.800 millones]. Este año –motivado por las consecuencias de la guerra– sigue el ritmo incremental. El diferencial explica el incremento de los márgenes agropecuarios, que incluso desbordó el cálculo informado por la Bolsa de Comercio de Rosario, del 25% como ganancia neta en dólares para el sojero, pero se admite ahora que el margen neto rondaría el 32% en la moneda ‘fuerte’. Muy pocas actividades lícitas arrogan ese margen.
El que no llora, no mama.
Los hacendados y empresarios vinculados, junto con la corporación de exportadores (mayoría de multinacionales) protestan por la decisión del gobierno de aumentar las retenciones de la harina y el aceite de soja; solo un par de puntos porcentuales, cuando los precios internacionales se dispararon en más del 20%, desde la conflagración desatada en Europa, pero se argumenta desde las cámaras empresarias del sector, que alterar cualquier variable por parte del gobierno nacional es «un cambio de las reglas de juego, que generan incertidumbre entre los productores».
Al respecto se recomienda: La pandemia y la guerra dispararon un 197% en dólares la ganancia sojera
Nada se dice del cambio positivo de variables para sus beneficios extraordinarios (salida momentánea de competidores mundiales en la oferta, nuevos mercados demandantes, precios de altísimos rendimientos, etc.) al cual se acomodan rápidamente, mientras acumulan con toda avidez. De hecho, las estimaciones actuales anticipan un ingreso extra por las diferencias de precios internacionales, de u$s 7.000 por encima de previsiones de cosecha base para este año, considerando solo granos de soja, maíz y trigo.
El que espera: ¡NO desespera! (al menos en el caso de los productores del agro).
El gobierno anunció su compromiso de igualar el ritmo de la devaluación (la suba del tipo de cambio – o depreciación del peso –) con el de la inflación, lamentablemente, aunque la medida sea razonable para no provocar un retraso mayor en la cotización del dólar, que tarde o temprano se debe corregir, puesto que el índice inflacionario desde que comenzó el 2022 superó el aumento de la divisa (17% / 13%), con este anticipo, genera expectativas en los operadores económicos que retrasan todas las transacciones (y no solo en el rubro granario y subproductos).
Los productores por tanto esperan las mejoras del T°C°, para mejorar aún más sus rendimientos en pesos. Financieramente lo pueden hacer, pues los bancos financian a los productores con una tasa de interés menor a la inflación, entonces prefieren tomar crédito que vender los granos. Una regla que debe revisarse, tanto más para bancos oficiales, que terminan asistiendo a agiotistas y especuladores con fondos públicos. El Caso Vicentín debería aleccionar a las autoridades bancarias y monetarias.
También existe una estratagema de signo contrario; en efecto, si se advierte (o llanamente el gobierno anuncia) una suba en retenciones, a nivel comercial, desde el sector agroexportador se adelantan las operaciones cerrando contratos de venta [venta anticipada] para eludir el incremento proyectado. Conducta recurrente en épocas de cambios de gobiernos.
A propósito de intermediarios y los protagonistas de la cadena productiva y comercializadora, debemos señalar también, que la menor liquidación responde a otra causa donde el Estado es un convidado de piedra (por decisión de sus autoridades políticas), puesto que se trata de la tensión entre los exportadores y los productores por los menores precios que pagan los primeros respecto de la cotización internacional, para apropiarse lo más posible de la renta diferencial. Esta es la única confrontación entre partes de la cadena que aparece en momentos extraordinarios. Normalmente, actúan corporativamente de consuno.
Y, redondeando el tema de los déficits de ingreso, no podemos dejar de mencionar que concurren fundadas sospechas, de que existe una brecha entre lo que se exporta y lo que realmente ingresa al país [en realidad constatado con innúmeros decomisos de productos primarios circulando hacia puertos y fronteras sin la genuina documentación]. Los especialistas, estiman que históricamente su cuantía se mueve entre un mínimo de 10% hasta superar el 20% en épocas de crisis. Por ello la necesidad de caducar o no renovar las concesiones de los puertos comerciales, por donde se embarcan la mayor parte de nuestros bienes transables, volviendo a la administración estatal, así como extremar los controles en las vías navegables interiores (“Hidrovía”) y costeras, para verificar que las cantidades coincidan con los manifiestos y permisos de embarques.
EL ELENCO DEL CAMPO
Usar el término ‘campo’ para englobar las realidades diversas y muy dispares de la producción agrícola es una lucha cultural que se intenta imponer para oscurecer las desigualdades que existen dentro de las tranqueras. Incluso dentro de los mismos complejos productivos, las diferencias son muy profundas. No es lo mismo cultivar soja en un campo propio que alquilarlo. También existe una trampa de precios que perjudica al pequeño productor y beneficia a los terratenientes. Cuando la cosecha es mala, los precios internacionales suben debido a la reducción de la oferta mundial. Y, dado que las rentas se basan en el precio por quintal de soja, los arriendos también se encarecen. Esto perjudica a los productores más que las ganancias obtenidas por precios internacionales más altos, ante una oferta limitada que no compensa los mayores costos.
El tema es complejo, siendo que un 50% de la producción se realiza a través del arriendo [18 millones de hectáreas sobre las 36.6 dedicadas a los principales cultivos], estos productores particulares (no empresas o pooles) que alquilan para cosechar, no pueden ser confundidos con la burguesía agraria, que como se ve, se diferencian en la rentabilidad capturada por cada cual.
Actores Principales y “Extras”
1) COMPLEJO AGROEXPORTADOR, se caracteriza por una alta concentración y cartelización. Las decisiones de venta y liquidación se toman y discuten en juntas anualmente. Solo siete empresas (AGD, Oleaginosa Moreno, Bunge, Cargill, Molino Agro, Dreyfus y COFCO) concentran más del 80% de las ventas de oleaginosas y granos. Las empresas de granos se encargan del manejo formal de las divisas, utilizando todo tipo de esquemas de evasión fiscal y controlando lo que ocurre en los puertos.
2) HACENDADOS Y TERRATENIENTES, les llamamos a los dueños de la tierra, que, por su cantidad en superficie, pueden optar por una explotación directa y obtener una renta óptima en razón a la escala que pueden lograr para condensar costos en altos rindes, o, arrendar sus campos a productores individuales o pooles de siembra a cambio de una suma que ronda el 50% del margen de rentabilidad por lo obtenido en la cosecha.
Los que entran en esta categoría, también denominados grandes estancieros y en general, nucleados en la Sociedad Rural, son dueños de buena parte de las áreas cultivables del país. Un gran número de ellos, cede sus propiedades en arrendamiento, el que habitualmente se calcula en una suma en dólares por hectárea, ya que se pauta el precio en referencia a quintales de soja. Por lo tanto, sus alquileres en los últimos años se ha más que duplicado en la zona núcleo [u$s 204 a 480], pues acompasa la suba de las materias primas a nivel internacional.
Es fácil advertir que las ganancias se van en ALQUILER. El incremento disminuyó mucho las ganancias de los agricultores arrendatarios, por ejemplo, para la soja y el maíz, pero incluso en el trigo, el resultado fue negativo (a pérdida).
Los grandes propietarios, estos últimos años, sin arriesgar absolutamente nada, ya que la incertidumbre climática y económica corren por los locatarios, han incrementado sus ‘retornos’ enormemente, debido no solo a que sus alquileres percibidos están vinculados con los precios de la soja (en ascenso), sino que, además, aumentaron la cantidad de quintales [valor de referencia] por hectárea a pagar por los inquilinos productores. En la provincia de Córdoba –principal polo productivo agropecuario, y con el mayor promedio de parcelas arrendadas– (su valor es entre u$s 370 y 417).
3) POOLES DE SIEMBRA, son otros de los actores determinantes en la conformación del negocio en cuanto a la exportación. Se trata de un conjunto de unos 15 grupos, que en total operan aproximadamente 1,6 millones de hectáreas, equivale a más de 100.000 has de promedio cada uno. Originadas con arrendamientos, en la actualidad ya cuentan con territorio propio a explotar, por lo que hoy reciben la totalidad del beneficio inesperado de la suba en las materias primas.
Por su alto (concentrado) poder adquisitivo, son los que mueven en el interior del país, las ventas de maquinaria agrícola de última generación, y por tanto a la industria ligada. Esta íntima conexión, así como muchos otros servicios vinculados con sus actividades, se refuerza en la población rural y urbana de las cuencas, con una cultura común de supervivencia, por esa amalgama, no es raro encontrar movilizaciones ‘populares’ apoyando a los grupos que protestan (y convocan), para evitar que desde el Estado ‘se metan’ con sus ganancias extraordinarias.
4) CHACAREROS Y ARRENDATARIOS – Se trata de sujetos que poseen o explotan chacras o unidades productivas menores (en relación a la estancia). El chacarero es un productor familiar capitalizado, propietario también de sus medios de trabajo, cuya producción se orienta al mercado y posee cierta capacidad de acumulación.
Los arrendatarios son productores que contratan con los propietarios una extensión de tierra con el propósito de trabajarla (ganadería, lechería o agricultura) y disponer de sus frutos a cambio de un canon o alquiler a favor del dueño.
Respecto a la decisión de los agricultores sobre qué tipo de cultivos realizar, algún discurso interesado recuesta en los cambios impositivos, las modificaciones de aquella, argumentando que los altos impuestos en algunos productos, son para desestimular el monocultivo (lo que en principio nosotros no lo ponderamos negativamente), sin embargo, la elección de que producir, está más relacionada por los precios internacionales y su impacto en los arrendamientos.
Por ejemplo, últimamente el precio de maíz y del girasol, subió el doble que el incremento de la soja, por tanto, esta perdió competitividad ante la modificación de los precios relativos. Los precios de las cosechas suben por encima de los insumos, por lo que entre la mejora del rendimiento (mayor tecnología, fertilizantes, etc.) y las mejores cotizaciones, multiplican la ganancia en dólares.
Los dueños de la tierra son en general y como hemos dicho, quienes acaparan esas mejoras y beneficios imprevistos, no tanto los que directamente producen arrendando la tierra e implementos. Sin embargo, en su discurso corporativo y político, hablan en nombre de los pequeños productores “agobiados por impuestos” para ‘defender sus intereses’.
CONCLUYENDO
Seguir viendo al país como el “granero del mundo”, inducidos por mano de un puñado de terratenientes dueños de las tierras en las que se producen las materias primas, solo entorpece el análisis e impide definir una estrategia productiva que permita sustituir importaciones, y con diversificación, generar divisas, la que actualmente, está a merced de un sector hiperconcentrado del campo.
La reprimarización de la economía solo beneficia a unos pocos, y perjudica a casi toda la población, tanto por la subida de los precios internos ligada a la concentración (nótese la ‘salvaje’ remarcación de precios de alimentos al consumidor, sin que existan causales macroeconómicas reales), como por la reducción de la creación de empleo en un segmento menos intensivo en mano de obra. El sector primario representa más en la economía [PBI] (6%) que las manufacturas de origen agropecuario (3%).
Se demanda una Política Inteligente [compleja, especializada, experimentada] para contrarrestar el poder real que el sector de la burguesía rural ostenta y ejerce, y que, gracias a aquel mito fundante de la argentinidad, cuenta aún con un difundido y cuantitativamente respetable apoyo popular.
El respeto institucional es la base de una sociedad democrática y pluralista, que debe sostenerse mientras TODOS los actores jueguen con sus reglas, de buena fe y considerando los intereses generales. Cuando la conducta de algunos se orienta a bloquear o distorsionar las iniciativas que han sido apoyadas por la voluntad popular mayoritaria, es responsabilidad del gobierno democrático de confrontarlos e imponer la potestad del Estado sobre tales intereses privados.
No hacerlo, implica refrendar el sino trágico de nuestro país, que en todo caso se explica por otro mito; el de Sísifo, condenado por los dioses a empujar una pesada piedra hasta la cumbre de la montaña, solo para que esta caiga, y vuelva el ciclo a repetirse ad eternum, como las progresiones y retrocesos continuos que padece la República Argentina en su historia del último siglo.
Esta última observación, amerita ser objeto de análisis en nuestro próximo ensayo.
Mayo de 2022
