Por Guy Verhofstadt y Luis Garicano*
BRUSELAS – La semana pasada, el Eurogrupo de ministros de Finanzas de la eurozona, tras haber reconocido que nadie tiene la culpa de la crisis del COVID-19, dio luz verde a un acuerdo para mitigar sus consecuencias económicas. El acuerdo incluye 25.000 millones de euros (27.200 millones de dólares) en financiamiento fresco para el Banco Europeo de Inversiones, 250.000 millones de euros (272.000 millones de dólares) para el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y 100.000 millones de euros (109.000 millones de dólares) para la creación de un nuevo instrumento a través del cual la Comisión Europea pueda ayudar a los estados miembro a gestionar sus inminentes crisis de desempleo. En total, el paquete representa una suma sustancial: alrededor de 500.000 millones de euros en préstamos (cuando se tiene en cuenta el apalancamiento de los programas del BEI).
Desde un punto de vista político, cualquier acuerdo sobre un trato a nivel de la eurozona es un éxito en sí mismo, considerando las profundas divisiones de hace apenas unas semanas. Y, desde lo económico, el acuerdo implica que Europa hoy está respaldada por una combinación de redes de seguridad que harán que otra crisis del euro sea altamente improbable.
Como resultado del nuevo acuerdo, si un estado miembro de la eurozona enfrenta dificultades para financiar los enormes desembolsos necesarios para sustentar su economía durante el período de cierre por el COVID-19, tendrá varias opciones. Podría recurrir al nuevo e importante Programa de Compra de Emergencia por Pandemia (PEPP por su sigla en inglés) del Banco Central Europeo o podría solicitar un préstamo del MEDE, que hoy no tiene tantas restricciones. Lo crucial es que el nuevo programa del MEDE abre la puerta para que el BCE utilice un poder de fuego casi ilimitado a través de su programa de Transacciones Monetarias Directas (TMD).
Sin embargo, si bien estas opciones ofrecen un respaldo de liquidez sustancial a sus estados miembro, no resuelven la cuestión de la creciente deuda, que ya amenaza con menoscabar el crecimiento durante las próximas décadas en muchos países, sobre todo Italia y España. En nuestra opinión, esta cuestión crítica no debería abordarse a través de la mutualización de deudas pasadas o futuras, sino con un instrumento común que permita que la propia Unión Europea incurra en la deuda necesaria para financiar un enorme programa de inversión y recuperación.
Hasta el momento, el Eurogrupo sólo ha pregonado esta idea de la boca para afuera. “Sujetas a lineamientos de los Líderes”, sostiene su comunicado reciente, “las discusiones sobre los aspectos legales y prácticos de este tipo de fondo, incluyendo su relación con el presupuesto de la UE, sus fuentes de financiamiento e instrumentos financieros innovadores, consistentes con los tratados de la UE, preparará el terreno para una decisión”.
Entendamos algunas cosas. Por empezar, la deuda de la UE ya existe. Unos 800.000 millones de euros de esa deuda están representados por bonos emitidos por la Comisión Europea, el BEI y el MEDE. Pero esta deuda se utiliza únicamente para generar más deuda. Como los gobiernos de los estados miembro son responsables de su propio gasto, se espera que la UE simplemente ayude a hacer bajar las tasas de interés.
Ahora bien, para garantizar una recuperación económica después de la pandemia, debemos abandonar la idea de que los préstamos europeos se deberían utilizar únicamente para generar más préstamos. Llegó el momento de un gasto europeo genuino financiado a través de endeudamiento europeo. La Comisión Europea debería emitir anualidades consolidadas (o “Consolidaciones de la UE”) para financiar un paquete de reconstrucción económica de 1 billón de euros. Estos instrumentos constituirían una inversión segura en el futuro de la UE en su totalidad, que es exactamente el mensaje que Europa tiene que estar enviando en este momento.
Fundamentalmente, con las Consolidaciones de la UE, nadie estaría invirtiendo en un paquete de deuda europea mutualizada; estarían invirtiendo, en cambio, en el futuro de la Unión. Y, debido al respaldo implícito del BCE y de la calificación AAA de la Comisión, las anualidades no deberían tener ningún problema para atraer el interés del mercado.
En términos políticos, la anualidad de la UE podría desempeñar un papel esencial en una negociación post-pandemia. Como no implicaría la mutualización de deuda existente, funcionaría enteramente a nivel de la UE y, por lo tanto, no afectaría los niveles de deuda o gasto de un país. Los europeos del norte no estarían asumiendo responsabilidades por la deuda de los europeos del sur. El financiamiento generado por la anualidad estaría sujeto a un plan estrictamente europeo diseñado para redundar en beneficio de todos los europeos.
Por otra parte, las Consolidaciones de la UE no les costarían ni un centavo a los estados miembros de la UE. Para evitar el uso de los fondos que los países actualmente aportan al presupuesto de la UE, el interés sobre las anualidades sería pagado con nuevos gravámenes a nivel de la UE a grandes contaminadores y evasores impositivos. Con impuestos a los servicios digitales y plásticos no reciclados, junto con los actuales ingresos del mercado de carbono (el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones), la UE podría recaudar unos 26.000 millones de euros por año. Suponiendo una tasa de interés conservadora del 2,5%, eso le permitiría tomar deuda por más de 1 billón de euros para un paquete de recuperación. Y, como resultado de ello, los aportes nacionales al presupuesto de la UE podrían congelarse en los niveles actuales, evitando años de regateo por la deuda colectiva.
El nuevo Fondo de Reconstrucción Europea y su funcionamiento serían plena responsabilidad de la Comisión, que a su vez sólo sería rendiría cuentas ante el Parlamento Europeo. El fondo se centraría en fomentar las prioridades compartidas de todos los ciudadanos europeos. Después de respaldar a los países más afectados por la crisis del COVID-19, pasaría a facilitar el regreso del sector privado a la competitividad, así como inversiones en descarbonización, nueva infraestructura de transporte e investigación y desarrollo.
La pandemia no le ha dejado a Europa ninguna otra opción. Sólo superando las viejas rencillas por los aportes presupuestarios nacionales y la deuda los europeos podrán empezar a invertir en una recuperación.
*Guy Verhofstadt, ex primer ministro belga, es presidente del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) en el Parlamento Europeo y autor de la Última oportunidad de Europa: por qué los Estados europeos deben formar una unión más perfecta.
Luis Garicano es profesor de IE Business School y miembro del Parlamento Europeo.
Fuente: Project Syndicate
