Por: Roberto Candelaresi
Una Historia de verdadera riqueza
Alguna vez el país contó con un modelo que lo diferenció prontamente de sus vecinos, con claros logros en su desarrollo material, pero que, a su vez, fue acompañado por un crecimiento con distribución progresiva de la renta, de modo que la clase trabajadora se vio enriquecida y capitalizada.
Esa etapa, con un sostenido crecimiento anual, caracterizada por una importante industrialización por sustitución de importaciones, se prolongó desde 1943 hasta fines de 1975. Como dijimos, en lo socioeconómico, existía una interesante integración en su matriz productiva, y la diferencia entre el decil más rico y el más pobre, era la más ‘corta’ en toda Latinoamérica con el indicador de “pobreza” en un dígito (±6%).
Algunos bienes de manufactura compleja, comenzaban a exportarse con éxito a mercados de mediano desarrollo (motores eléctricos, automóviles, repuestos, caños sin costura, láminas de acero, aluminio, repuestos, etc.). Ese modelo de acumulación, logró importantes guarismos en los indicadores de bienestar, regido básicamente por la presencia estatal en los sectores productivos estratégicos y cierta planificación coordinada con la inversión privada, que en muchos casos resultaba mixta. Solo los interregnos dictatoriales impusieron pausas o aún, retrocesos, pero los gobiernos civiles en general de todo ese periodo, no cuestionaron ni la matriz ni el modelo descritos.
Ya a principios de los ’70, con la inconvertibilidad del dólar, y seguidamente la crisis petrolera que tuvo impacto productivo por la suba de energía y su consecuencia inflacionaria en el consumo, y, a nivel financiero, la inundación de “petrodólares” a los mercados, fueron el marco propicio para una nueva oleada ideológica capitalista. Esta vez, alejándose de los principios keynesianos que habían prodigado crecimiento y bienestar en el mundo occidental, con la ocasional y oportuna intervención estatal, para evitar ciclos pronunciados, la corriente ideológica hegemónica pregonaba el libre comercio y al mercado como idóneo regulador, excluyendo al Estado de toda intervención, para lo cual propició su ‘achicamiento’ y disminución de facultades [léase subordinación], para respetar las variables del mercado que definan la economía mundial.
En tal estado de cosas, prácticamente sin barreras a las actividades privadas, es lógico que los grandes capitales avancen acaparando, en los países periféricos ricos en recursos naturales, haciendo uso de sus excedentes de dinero, economía de escala y dominio de patentes (tecnología), en una feroz campaña de adquisiciones a las empresas locales de industrias básicas (petróleo, acero, cemento, alimenticias, etc.), las finanzas y el comercio exterior, etc.
Ya en los ’80 el lobby impulsando el “consenso de Washington”, es decir, las privatizaciones de toda actividad económica estatal, para “liberar” a las fuerzas del mercado y movimientos de capitales, para asegurar el ‘mejor producto’, las políticas económicas de toda Latinoamérica estarán sometida a la “enajenación compulsiva”, tanto como una década después, arriarán a los países de Europa del Este, para la misma ‘revolución’ del capital, que no es otra cosa que una centralización de mercados por rubros (monopolios), y luego la concentración de capitales de países centrales que determinó una matriz de dependencia a sus decisiones.
Su resultado es siempre: endeudamiento para “modernización” y transferencia tecnológica, importación de insumos para la producción por precios convenientes, es decir, se rompen las cadenas de valor nacionales por otras globales, que desconocen la valía del desarrollo autónomo. Los dividendos realizados por las inversiones extranjeras, deben migrar a voluntad, pero esa libertad de mercados financieros para sacar de la economía las rentas en divisas, suelen provocar cuellos de botella en el mercado cambiario, que así recibe presiones alcistas sobre la moneda extranjera.
Esa reversión del modelo, fue pavimentada por el “Menemato” (‘89/99), para lo cual, no solo se privatizó todo lo que se pudo, despojando al Estado de competencias y facultades, además de herramientas propias de intervención en los mercados, sino que la “racionalización” de la producción, y su ajuste solo a lo que “pedía” el mercado por su ‘eficiencia’, lanzó muchos trabajadores a la calle que, a su vez, estimuló el nivel salarial … a la baja.
Cae el consumo, cae el PBI, pues los pocos ganadores crecen – fundamentalmente involucrados con el mercado exterior –, pero en una magnitud relativa que no logra compensar la merma de los muchos perdedores. Hasta la crisis del 2001, la matriz del PBI no indicaba crecimiento en el consumo, aún con el ‘dólar atado por el 1 a 1’ (una ficción cándida para el «medio pelo argentino), clara indicación de la pérdida de poder adquisitivo del salario en el país.
Cambio de modelo
Con la concentración de riqueza y capital a posteriori, – con altibajos según las diferentes gestiones gubernamentales, pero que solo fue morigerada en el lapso kirchnerista 2003/2015 – la alta burguesía volvió a empoderarse, y, especialmente desde el gobierno de Mauricio Macri –quien representó parcial pero mayormente sus intereses de clase– los actores económicos nacionales, se pliegan a los internacionales y se acomodan en un rol de sumisión en el contexto de la economía global, pero con pingües ganancias para sí mismos como socios minoritarios o estratégicos. Y, reformulan junto a la normativa neoliberal que se promulga ad hoc, un nuevo modelo que se reconocerá como extractivista, agropecuario, financiero y exportador.
Revivió de algún modo, el viejo anhelo conservador de por lo menos un siglo atrás; su condición de rentista y fugador. Para lo cual, dispone de sus propiedades, posesiones, capital de trabajo y derechos de explotación, para insertarse en ese esquema antiguo de vivir de la exportación de recursos naturales (agropecuarios, hidrocarburíferos, mineros, pesca, etc.), es decir materias primas escasamente procesadas (primarización de la Economía), con costos de producción bajos a nivel internacional, pero medrando parte de la gran diferencia con los precios globales que se terminan colocando en el exterior, de tales productos.
El Mercado Interno Contraído (por bajos salarios) le es perfectamente funcional, pues el objetivo es aumentar los saldos exportables que se pagan en divisas y en general, más caros que en el mercado doméstico. Las deudas comerciales, o las paga el Estado o les reconoce el tipo de cambio más bajo.
El eterno drenaje
El sector externo, presenta algún problema de estrangulamiento en los años de fuerte crecimiento, ya que al no estar integrados los sectores productivos en modo “cadena”, se requieren muchos insumos, bienes intermedios (y en casos terminados) en el exterior, por lo que las importaciones crecen mucho y restan saldo de balanza de pago, del producido por las exportaciones.
Pero es un mito muy difundido, incluso en el ámbito académico, que la Argentina padece un problema crónico de falta de divisas por su deficiente economía. Lo desmiente el hecho que las tenencias de argentinos en valores extranjeros (inmuebles, bonos, acciones, depósitos, plazos fijos, metales preciosos, etc.) suman el equivalente a un PBI. Es decir, la economía nacional fue capaz de acumular ese fabuloso monto de capital (estimado en 471.000 millones de u$s), pero fue apropiado por los pocos actores económicos que lo sustraen al ahorro y a la inversión de la economía argentina.
Esa formación de capital en el extranjero es producto de espurios endeudamientos, de fuga con maniobras de sobre y subfacturación en el comercio exterior, ya que el Estado Nacional no controla, y apenas fiscaliza las cargas y las declaraciones valorizadas.
Una rotunda prueba de ello es que desde el 2000 hasta la fecha, el saldo del comercio exterior fue de 271.000 millones de dólares positivos. Nuestras actuales reservas no llegan al 20% de ese monto. Circuito pernicioso de fuga, de no inversión suficiente y actividades parasitarias, sin innovación a gran escala. Digamos para cerrar el acápite, que los activos financieros de argentinos en exterior, reconocidos (es decir no ocultos) por el Banco Mundial y el FMI, equivalen al 70% de toda la Deuda Externa.
Léase también: “Inflación: El primer trimestre del 2023 acumuló un 21,7%”
Es evidente que tal deuda, especialmente la que obliga al país con el FMI, opera como fuerte restricción al financiamiento que el Estado podría proveer para volver a cambiar la matriz productiva mejorando el perfil exportador, etc. Es decir, es un condicionante en lo económico y en lo político. Las metas acordadas con la entidad multilateral (fiscales, monetarias y de reservas), son en realidad, la expresión de una subordinación a sus dictados. Una grave falta estratégica para la nación.
La pobreza y la indigencia avanzan, sin que los ‘paliativos’ gubernamentales resuelvan más que evitar quizá la inanición de muchos argentinos. No existen hasta ahora medidas estructurales. Por otro lado, muchos beneficios empresarios concedidos, no solo no son retocados, sino que, en el marco de la sequía que afecta al campo, son incrementados (naturalmente con costo fiscal).
El BCRA no informa adecuadamente la dilución de los saldos positivos de divisas acumulados en los tres años del gobierno frentista. Sí se conoce, que ha concedido ingentes sumas al tipo de cambio oficial (1/2 del “dólar libre”) a las empresas que demandaron fondos para pagar sus “deudas privadas con el exterior”, conociendo la vieja práctica de autopréstamos, no se verifican, por lo demás, si las deudas son legítimas y autónomas, tienen garantías privadas para su recobro, por tanto; no debe ser el Estado el que, con dinero de todos los argentinos, una vez más, absorba compromisos de particulares (sospechados de fugadores, para peor).Otro tanto ocurre con las diferencias del dólar agro, que implica una devaluación encubierta, pero que se cubre emitiendo la diferencia (de $202 a $ 300), que resultan en miles de millones de pesos que sí son un estímulo inflacionario. Y, además, ese beneficio termina en pocas manos, que justamente suelen ser los formadores de precios, en el rubro alimenticio básico. Responsables también del incremento de la pobreza e indigencia que hoy raya el 40%, tan distante de aquella que mencionamos al comienzo, al describir el modelo industrialista con un nivel del 6% histórico.
A todo esto… ¿El Estado?
Tengamos presente que, según nuestros fundamentos constitucionales, al Estado –en tanto instrumento de gobierno– le cabe un rol predominante cual es conducir a la sociedad toda, por un camino idóneo para lograr el bienestar general, y asegurar su sostenimiento en el tiempo.
Para tal trascendental propósito, el gobierno que lleva sus riendas, debe contar con un proyecto de gestión (Plan ejecutivo), con el que liderará la actividad económica (entre otras) promoviendo normas que aseguren la consecución de sus objetivos, y, que los beneficios alcancen a todos los habitantes. Ese plan maestro, estará siempre connotado con los principios ideológicos que identifican a la fuerza política de origen en el poder, los que deberían ser siempre bien claros y difundidos, pues las mayorías ciudadanas que los vota (elige) en las democracias, lo hace en el marco y respaldo a esos valores proclamados.
Todos los años, el Poder Ejecutivo en funciones, presenta su Presupuesto General de la Administración Nacional para su debate en el Congreso a través del titular de Hacienda, quien resume en su mensaje de remisión, aquel Plan estratégico del Estado. Tanto las expectativas de las fuentes de recaudación (origen de los créditos), como fundamentalmente, el destino de los gastos, explicitan la matriz productiva y (re) distributiva que el gobierno pretende impulsar.
Esto naturalmente excluye, la posibilidad que sea el mercado el ‘ajustador’, el autorregulador de escenarios monopólicos, el bedel de la competencia, o el garante del equilibrio macroeconómico, pero mucho menos, en una democracia moderna, se puede confiar en que los intereses económicos particulares sean los factores distributivos de la renta nacional. Sin regulación estatal, por la propia naturaleza egoísta de intereses subjetivos de los actores económicos en juego, predomina la desigualdad, el desbalance de voces, la corrupción, la deshonestidad, el cortoplacismo, el negocio de oportunidad despreciando el proyecto común a futuro, etc.
Como se puede advertir, lo descripto en los párrafos antecedentes, encaja en un determinado marco teórico ideológico, que de hecho se encuentra en las antípodas axiológicas del liberalismo extremo, mercado céntrico. Es por ello, que, según la visión estatal, el Estado interviene como árbitro entre intereses y, como contención y compensación de la proverbial incapacidad de las fuerzas del mercado para sostener buenos indicadores de relevancia social, como sector de pobreza, nivel de salarios o nivel de ocupación laboral.
Léase también: “Una familia necesita $186.231 para no ser pobre“
Los números presupuestarios del actual modelo
El gasto previsional en el plan anual de gobierno para el ejercicio en curso (2023), si bien sigue siendo muy importante como componente del gasto total (38%), está disminuyendo por 3er año consecutivo, tal como disminuye el Presupuesto Oficial sobre el PBI (± 20%).
Para paliar la complicada situación económico-social reinante, producto de a)– una involución de las clases trabajadoras durante el periodo macrista (+ desempleo; caída de salarios; inflación), b)– la subsecuente pandemia y su efecto sobre la producción y distribución de bienes, y, en la actualidad, c)– la guerra del este europeo con su oleada de escasez y suba de precios, se programa en el presupuesto lo que se conoce como Transferencias a Familias.
Ese rubro agrupa la ayuda económica compuesta por varios programas a saber: AUH (Asignación Universal por Hijo); la AUE (Asignación Universal por Embarazo); Ayuda Escolar; otros subsidios tales como: pensiones no contributivas para personas discapacitadas; pensiones del Congreso, pensiones a ex presos políticos y ex combatientes de Malvinas, Seguros de Desempleo, PUAM (pensiones universales para el adulto mayor).
Otras asistencias son los programas de Potenciar Trabajo, Becas Progresar, Asignaciones familiares (maternidad, escolaridad, hijos discapacitados, etc.), Políticas alimentarias (AlimentAr, comedores, etc.) y finalmente, las Prestaciones de salud. (Programa Incluir Salud).
Otros beneficiarios
Las operaciones de liquidación de ventas al exterior del grano de soja demoradas dentro de los máximos de términos permitidos, o, la propia retención de cosechas en el campo (silo bolsas), especulando un mejor tipo de cambio o subas de precio internacionales del commodity, son una práctica dañina para la política cambiaria y monetaria del país, pero muy común especialmente en grandes productores, acopiadores y exportadores, que tienen suficiente respaldo financiero para ejercitar esas dilaciones voluntarias.
Conocido es que el FMI impone al país – y el gobierno acepta –, ciertas metas de acumulación de divisas, siempre ascendentes en el tiempo. En ese marco, las maniobras especulativas con el retardo de la liquidación de dólares u otras monedas de referencia, ponen en tensión al BCRA que dispone de poco margen de maniobra como para equilibrar compras y ventas, y, atesorar los saldos comerciales positivos, que normalmente los hay.
Así fue como en septiembre de 2022, el gobierno tomó medidas como para estimular la liquidación de ventas al exterior de productos del campo (no solo la soja), reforzando el tipo de cambio ‘oficial’ con $50 adicionales por dólar, lo que este subsidio tuvo una respuesta exitosa; los exportadores del agro liquidaron más de 8.000 millones de u$s. La fortuna cedida a los especuladores, obligó a la emisión del Tesoro de letras por aproximadamente más de $ 400 mil millones, como deuda al BCRA.
En diciembre último pasado, el gobierno ofreció otro plus, esta vez de $60 por unidad estadounidense, que provocó la cancelación de pendientes por más de 3 mil millones de dólares. Otra deuda del Tesoro por $ 190 mil millones.
En la actualidad, y esta vez a modo de compensación por las pérdidas por la grave sequía que afectó cultivos y crianzas, el ministro Massa habilitó un adicional de $80/90 por unidad de divisa, lo que significa virtualmente la quita de retenciones en cereales, y mucho más para los productos regionales, que carecen de gravámenes de exportación.
De la liquidación que se efectúe (otoño es temporada de cosecha y embarques) estimada en un promedio de u$s 6.000 millones, se emitirán nuevos títulos de deuda por 480.000 millones de pesos. En suma, las operaciones “no liquidadas” en tiempo y forma, exigen la generación de más de un billón de pesos, en subsidios “al campo”.
Pero la pérdida estatal tiene ciertamente un costo mayor, si incluimos en los cálculos, las sumas detectadas por la aduana, de empresas que exportan y que no liquidan ante el BCRA (léase contrabando), sino que dejan el producido en el exterior, o, maniobran con billetes contantes en operaciones en mesas de dinero (particulares, o de bancos comerciales off line) que además evaden otros impuestos. El monto del costo fiscal es enorme.
Es evidente que el BCRA como autoridad monetaria, no ejerce adecuadamente su rol de contralor, delegando en las entidades financieras (públicas o privadas) la supervisión del cumplimiento de sus obligaciones de los exportadores.
Y, a propósito de las Entidades Bancarias, también son objeto de beneficios por subsidios estatales, en el modo de pago por inmovilizaciones de fondos [encajes remunerados] con altas tasas, y además por diferencia de tasas (spread) entre pasivas y activas, que obtienen comprando Letras del Tesoro al Estado, conocido como pases pasivos. De todos los fondos recibidos en las entidades de los particulares, al colocarlos mayoritariamente en el Estado, a altas tasas y por cortos plazos, generan un interés compuesto que resulta en una ganancia del 10% anual sobre el “capital” invertido, esto, en términos absolutos implica más de un billón en $ de ganancias por año a repartirse en una decena de compañías.
Concluyendo
Viendo el Plan Económico del actual gobierno que se refleja en el presupuesto, por todas las vulnerabilidades a que se expuso y expone gran parte de la población, y tratando de evitar el desborde social, (ya que no el desánimo ni el sentimiento de frustración muy difundido según las encuestas) el Ejecutivo destina unos 3.1 billones de pesos. En forma directa (y no incluyendo otros subsidios a la energía, combustibles, etc.) llega en ayuda al 40% de la población total (46.5 millones).
Simultáneamente, el Estado provee de asistencia económica directa a dos sectores que simbolizan los actores principales del actual modelo: al campo y a la banca, en una cuantía que ronda los ¾ de los fondos destinados a lo social. Sí, de esto la Opinión Pública está ajena, por voluntad de toda la clase política.
Mientras unos muchos (las familias) logran subsistir con ese “auxilio”, otros, muy pocos, realizan enormes ganancias, y, como hemos dicho, estos últimos agentes concentrados desarrollan conductas económicas evasoras y especulativas, favorables siempre a la devaluación, lo que estimula el proceso inflacionario, del que siempre resulta el incremento de la pobreza y la indigencia, el mayor flagelo que paradójicamente en un país rico, se ha tornado crónico.
La persistencia de este modelo, en esencia extractivista (las “esperanzas de cambio” están puestas en los hidrocarburos de Vaca Muerta y el Litio de las salinas) y, profundamente desigual, no puede acarrear otra cosa que la postergación del verdadero desarrollo para el pueblo, ni mucho menos la emancipación de su política de los poderes fácticos y extraños a la Nación.
