Por: Roberto Candelaresi
Punto de partida
Son muchas las manifestaciones de una actuación “irresponsable” por parte de algún sujeto (o un colectivo de ellos) en las distintas esferas de interés y acción en una sociedad. Nosotros, dado nuestra materia de interés, nos abocaremos a describir aquellas acciones que pueden ser reputadas como tales, dentro del ámbito de lo político, y ello en razón de que partimos de una hipótesis que señala que, las conductas de un creciente grupo de actores políticos al menos en Occidente, se pueden calificar como irresponsables y por tanto, debería ser motivo de preocupación, objeto de estudio, y análisis para elaborar herramientas (normativas, culturales, etc.) a fin de conjurar, al menos, su expansión, si el interés es preservar el sistema democrático.
¿Qué podremos definir como conducta irresponsable? en nuestra opinión, distinguimos aquello que tiene que ver con actos que pueden ser calificados como connotados con imprudencia, irreflexión e insensatez tanto en la práctica política institucional como –especialmente–, en la gestión gubernamental. En otros términos, son aquellos actos que son el resultado de una falta de previsión o juicio.
Cuando bajamos al nivel subjetivo, la persona irresponsable sería aquella que obra o toma decisiones, sin considerarse responsable de lo que hace. Los calificativos que abarcan los individuos y sus acciones temerarias, son múltiples y variados.
Entre las manifestaciones de irresponsabilidad podríamos englobar a:
- Negligencia en la política o negligencia profesional (técnica);
- Politicos incompetentes;
- Mala gestión política,
- Inactividad en un área;
- Acción política ineficaz,
- Políticos indiferentes;
- Inoperancia de programas, la
- Hiperactividad de algunos dirigentes,
- Prácticas poco éticas en la política o de mala administración
Ironía de la política moderna, los políticos se quejan frecuentemente de la disminución de la confianza pública en las instituciones políticas, pero al mismo tiempo se comportan de manera irresponsable, y ello socava su credibilidad. “Haz lo que digo, no lo que hago” es demasiado común entre las élites políticas.
Si los políticos quieren ser escuchados por un público a veces escéptico, es mejor que practiquen lo que predican. Pero cuando los líderes no cumplen con sus propios mandatos y consejos, constituye una violación del deber y una violación de la confianza pública que merece no solo nuestro desprecio, sino también severas sanciones.
De hecho, por ejemplo, en la plenitud de la pandemia, hubo muchos casos de políticos que no siguieron sus propias advertencias de COVID, exponiendo a otros al coronavirus por su descuido y erosionaron así la confianza pública en el gobierno.
Otros ejemplos de Irresponsabilidad política (y de hipocresía, además), se reflejaron en el intento de varios gobiernos de disfrazar los efectos catastróficos de sus gestiones ante el desacertado manejo de la pandemia y sus riesgos: lo que hoy se oculta y se desatiende, puede tornarse inmanejable en el futuro.
Futuro proyectado desde la irresponsabilidad estructural
El ritmo del mundo social en que vivimos, se acelera. Si bien la atención se centra en nuestra vida social activa, restringida al presente, el futuro que creamos a diario proyecta sombras cada vez más largas.
En este escenario, se abre un precipicio entre la producción tecnológica de futuros cada vez más amplios, y un horizonte de preocupación política, acción y capacidad predictiva cada vez más corto. Este distanciamiento del saber y la práctica, ya es demasiado importante por su impacto en el diseño de un proyecto de la sociedad al futuro de largo plazo, como para admitir decisiones irreflexivas (irresponsables) en su construcción.
A nivel de las relaciones internacionales, y para exorcizar precisamente actitudes de líderes irresponsables como las que se observan en dirigentes de grandes potencias, cuya expectativas es la de expectativa sostener la estabilidad del mundo, incluso por las armas, y sin embargo, proceden con actitudes desestabilizadoras, un autor, Ernst Wolff, en su libro “Responsabilidad Política para un Mundo Globalizado”, propone una teoría de la corresponsabilidad estratégica para el incierto contexto global de la práctica.
La irresponsabilidad política propiamente dicha
Actuar de acuerdo con nuestras creencias sin preocuparnos por las consecuencias de nuestras acciones es una cuestión de lógica religiosa y no política. El efecto principal es que los actores se desentienden de lo que implican sus decisiones.
“Hazlo bien y deja el resultado en manos de Dios”.
Esta es la lógica que a veces prevalece en la política de muchas naciones, una lógica religiosa, ejemplo paradigmático de lo que Max Weber llamó la ética de las convicciones. El principal efecto de actuar exclusivamente sobre la base de convicciones, como subrayó el sociólogo alemán, es que los actores se liberan de las consecuencias de sus actos, es decir, se vuelven irresponsables. Los resultados serán atribuidos a circunstancias ajenas a su voluntad, al infortunio o a la maldad ajena (fuerzas opositoras). Es una perspectiva en donde todo fluye, sin permitirle remontar el flujo para corregir las decisiones tomadas, dadas las consecuencias de sus actos.
Esta lógica pseudorreligiosa actúa como un freno tanto para aprender del pasado como para anticipar el futuro. Una vez que los vínculos del razonamiento causal han sido cortados y reemplazados por el pensamiento doctrinal o ideológico, no hay forma de reconstruir la cadena de acción en la que la causa y el efecto están vinculados entre sí.
Al contrario de la ética de las responsabilidades, que examina críticamente una y otra vez las relaciones entre medios y fines, y por tanto es capaz de detectar causas y desvíos.
Para mejor ejemplificar las conductas que plasman la pretendida no responsabilidad, escuchamos a legisladores argentinos, enmarcados en bloques opositores, que bloquean prácticamente el funcionamiento del Congreso, al no concurrir o no prestar quorum para sesionar o resolver en votación, dejando pendientes numerosos proyectos de ley con tópicos importantes para la sociedad, y todo a modo de protesta y presión para que el oficialismo desista del proceso de juicio político que se inició a los miembros de la corte suprema.
Consultados estos legisladores en disidencia, no admiten responsabilidad alguna, argumentando que su proceder ha sido el correcto pues está conforme a sus convicciones más profundas y auténticas, y … ¡no puede estar mal el ser “coherente”!
Sin embargo, la política debe ser reivindicada cuando se basa en razones pragmáticas, en cálculos y beneficios, costos y oportunidades, considerando la gente no en abstracto, sino como individuos cuyas vidas pueden ser mejoradas marginalmente gracias a esa actividad llamada política.
Los partidos políticos son instrumentos para lograr los fines que contribuyan al cambio de vida de la población para mejor, que es para lo que la política democrática sirve. La actitud corporativa, el abroquelamiento a una consigna o directamente a un partido, como si este fuera un fin en si mismo, consiste en una conducta irresponsable. El político debe procurar acumular el poder como medio para poder transformar la realidad, no someterse en una obediencia colectiva o a un apego dogmático, que deja – aunque sea temporalmente – la gente afuera.
Al político actual se le admite votos diferenciados, abstenciones puntuales, formar coaliciones con ex adversarios, etc., pero ser incapaz, por supuesta coherencia con unas convicciones inamovibles, de transformar las vidas de la gente, ser irrelevante para aquellos que te eligieron, no devolverles nada a cambio de sus votos es sencillamente suicida. Y esa proposición es válida también para partidos o formaciones políticas. En definitiva; el suicidio de un partido o un líder es renunciar a mejorar las vidas de sus votantes, y ese es el mayor acto de irresponsabilidad.
Tener una conducta política irresponsable es también una vez en el poder, en la incapacidad de elegir entre alternativas, de asumir costos, de ordenar las preferencias de forma transitiva, ser coherente con ellas y explicarles a sus votantes cómo y por qué han tomado esas decisiones.
A veces los líderes partidarios son obstáculos (“tóxicos”) para formar coaliciones, si el país lo requiere, pero la obstinación de sostenerlo en el centro, sin mayorías, frustra expectativas y demuestra irresponsabilidad hacia el futuro (políticas dependiendo de un carisma).
La consecuencia de esta suma de irresponsabilidades es el deterioro del sistema político, incluso su deslegitimación. La estrella de la estabilidad y bienestar en un sistema, es la existencia de acuerdos políticos razonables (las ideologías no son barreras) e incluyentes.
Mientras, los que están en el poder, cuando se trata de alianzas (“frentes”), deben sostenerse en sus propuestas básicas, después de aceptar el juego pragmático de la política democrática, que siempre es incremental (crecimiento, justicia social, etc.).
Lo que todo sistema debe evitar es cuando existen crisis de cierta intensidad, es que su clase dirigente no asuma responsabilidades y no defina planes concretos (propositivos) de gobierno, de lo contrario; a “río revuelto” la política en el país se puede convertir en una colosal huida adelante para evitar asumir responsabilidades.
Cuando hay irresponsabilidad política, es culpa compartida
Todo funcionario público (electivo, designado o técnico), debería saber que tienen – en diferentes cuotas – en sus manos, un poder que es el de representar a un pueblo y velar por su bienestar, y que debe responder con responsabilidad por ese poder.
Los escándalos mediáticos, (magistrados y funcionarios involucrados en la parapolítica, por ejemplo), mayores subsidios al capital que a los consumidores/trabajadores, políticos con vínculos indeseables, mala administración presupuestaria, entre otros, son lesiones al sistema. ¿Quién permite que ello suceda?
La respuesta sería: Aquellos que no reclamamos desde la ciudadanía que se ejerza una responsabilidad política en cada cual. Esos asuntos no les atañen solamente al Gobierno o al Congreso (o eventualmente a la Justicia), debe ser objeto de interés público ya que precisamente, cuando se actúa negligentemente se afectan los intereses colectivos, para beneficio de pocos. Se trata del derecho ciudadano y la obligación gubernamental de actuar con transparencia.
Las condiciones ambientales
Dice el autor británico David Mitchell que “los medios de comunicación son el campo de batalla donde las democracias libran sus guerras civiles.” Aceptando ese aserto, podemos inferir que, si los medios se polarizan, la sociedad se polariza. Cuando ello ocurre, tiene lugar las manifestaciones de fanatismos y extremismos, que solapan – cuando persisten en el tiempo – las propuestas de esfuerzo conjunto, las mejores ideas y la generosidad entre todos para solucionar los problemas que la sociedad enfrenta.
El debate ideológico cuando se vuelve batalla, inhibe la concordia necesaria para las grandes decisiones generales.
De todo lo precedente, podemos rotular de actitudes irresponsables a quienes fomentan los desencuentros, profundizan la grieta y radicalizan posturas, negando al “otro”.
De responsabilidades individuales e irresponsabilidades políticas
Suele suceder, que los políticos, especialmente aquellos adscriptos a la filosofía liberal, pero no excluyentemente, describiendo alguna situación indeseable, o crítica, por ejemplo, de la sempiterna escalada de precios o a su descontrol, apunten demasiado a la “responsabilidad individual”, eximiendo, por la vía del silencio o de la complicidad, a la responsabilidad política y/o empresarial.
En otro ejemplo, ante la desobediencia o incumplimiento de pautas sanitarias en plena pandemia, escuchamos a funcionarios anunciar el aumento de controles con “firmeza” sobre la gente en la calle, contrastando con la tibieza para no hablar y mucho menos denunciar estas irresponsabilidades empresarias en fábricas, empresas de servicios o laboratorios.
Podríamos concluir entonces, que a veces detrás de la “responsabilidad individual”, se olvida, se tapa, se avala o se encubre una gran irresponsabilidad política y empresarial.
Desde el lado de ciertas fuerzas políticas, en los últimos años se puede observar un itinerario específico, a través del que se han ido poniendo las piezas y fundamentos de un planteamiento final de colisión bastante irresponsable, pues no siempre se puede revertir esa deriva hacia lo irracional, emocional y escasamente cavilado. No es susceptible de un análisis racional. La historia nos prodiga ejemplos de cómo lo irracional, e incluso lo casual e inesperado, puede llevar en ciertas ocasiones a un curso irreversible de los acontecimientos.
Los más comunes actos de irresponsabilidad política
Cuando los funcionarios de la administración (municipal, provincial o nacional) adoptan medidas contrarias a las corrientes ciudadanas que se manifiestas positivamente por una opción, es un gran acto de irresponsabilidad. Tanto cuando el poder judicial emite sentencias que agravian a gran parte de la sociedad por carencias de fundamentos, por claras manifestaciones de parcialidad o falta de equilibrio en la ponderación de los hechos, ello genera desazón social y socaba progresivamente la legitimidad del sistema todo, no solo el ámbito judicial.
En las decisiones económicas, en épocas de crisis y carestía, la falta de responsabilidad resalta mucho más cuando no se toman las medidas prontas y adecuadas para el reparto más equitativo de los costos de la situación. En ocasiones, los imperativos políticos (del partido en el gobierno) se imponen sobre la gravedad de los hechos económicos y sociales. Cuando ello sucede, conduce a una gran desmoralización de la sociedad.
La conducta de la oposición, si adopta una posición destructiva, negándose a llegar a algún tipo de pacto económico y social que contribuya a crear un marco de confianza para favorecer la salida de la crisis de que se trate, es un modo evidente de irresponsabilidad. A veces se prioriza las ansias de llegar al poder, sin perjuicio del daño general que acontezca a la sociedad civil.
Concluyendo: Responsabilidad política y democracia
Del sentido originario del vocablo en latín, tenemos que la “responsabilidad” es la posibilidad de responder por un asunto o compromiso asumido. Luego con el uso, el vocabulario amplió a otros sentidos y escenarios: digno de confianza, exigible del cumplimiento de obligación, etc. y tantos otros usos en el campo legal y hasta filosófico.
Por tanto, y más allá de su calidad de concepto omnicomprensivo, nuestro interés – enunciado desde el principio – se centra en contextos políticos. Para diluir toda controversia, parece relevante definir algunos conceptos predicados, tales como ¿Qué es una gestión pública responsable? ¿las reglas de responsabilidad admiten excepciones en la política? ¿Qué conductas son reprochables en el ámbito público? Y otras del estilo.
Creo ha de indagarse su significado y alcance aplicado a estas cuestiones. Nosotros en este texto fijamos nuestra opinión en torno a ciertas conductas, pero justamente al constatar que tantos políticos adoptan direcciones que, desde nuestra perspectiva ética y democrática, resultan reprochables, veo necesario consensuar respuestas, que permitan delimitar mejor las exigencias y conductas que toda democracia saludable supone. Hoy mismo, se recurre a la noción de “responsabilidad democrática” pero desde una visión polifacética ya que las miradas no son homogéneas en su alcance.
Finalmente, entendemos se deben precisar mejor los estándares que justifican los enunciados de responsabilidad en el ámbito público, ya que se concentra no sólo en las mayorías numéricas que preceden a una decisión, sino también en la razonabilidad y transparencia de las medidas resultantes.
Como siempre, el dialogo como mediador para un acuerdo viable solo por consenso y no por conflicto. La responsabilidad política quedará fijada como condición y sin querellas.
