El 19 de julio de 1924 más de 400 personas pertenecientes a las comunidades Qom y Mocoví fueron asesinadas en la provincia de Chaco por fuerzas represivas del Estado. Este año se llevó a cabo el Juicio por la Verdad que determinó que la Masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad
Este martes se cumplieron 98 años de la feroz cacería y matanza en Chaco a más de 400 personas de las comunidades indígenas Qom y Mocoví, mientras que otras tantas permanecen desaparecidas. Del hecho, conocido como la Masacre de Napalpí, participaron más de 100 efectivos de la policía provincial, además de un avión prestado por el Aeroclub de Chaco.
La presidencia del país estaba en manos del radical Marcelo Torcuato de Alvear y el gobernador de Chaco era Fernando Centeno. Ambos son considerados como los responsables directos de la Masacre, que durante mucho tiempo permaneció oculta e impune.
El Juicio por la Vedad, denominado así ya que no contó con personas imputadas porque todos los responsables del hecho ya estaban fallecidas, tuvo lugar este mismo año y culminó en mayo con la sentencia que estableció que en la Masacre de Napalpí se cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Se responsabilizó al Estado en lo que fue un precedente para la jurisprudencia internacional y un acto de reparación histórica para los pueblos originarios de la Argentina.
Las víctimas de la matanza de hace 98 años estaban sumidas en una situación de profunda pobreza, bajo una explotación laboral y sometimiento cultural extremas. Las condiciones de vida eran deplorables, vivían hacinados y sin vestimenta apropiada. La comida escaseaba y era de mala calidad, no tenían atención médica ni la posibilidad de estudiar. Además, les cobraban un porcentaje sobre la cosecha que conseguían con su trabajo y eran obligados a permanecer durante largas y extenuantes jornadas laborales.
Aquel 19 de julio de 1924, cerca de mil personas estaban realizando una huelga para reclamar por las espantosas condiciones de vida a las que estaban sometidos cuando un centenar de policías nacionales, gendarmes y civiles armados, apoyados también por el avión cedido por la provincia de Chaco, los masacraron a tiros.
Durante la condena dictada hace algunos meses se habló de un genocidio indígena por “homicidios calificados por alevosía y ensañamiento, y por reducción a la servidumbre”. En ese Juicio por la Verdad se ordenaron medidas reparatorios por parte del Estado y el gobierno chaqueño, que debieron pedir públicamente perdón por lo sucedido.
