Procesan a contadores por inventar gastos de Cristina Fernández ante AFIP

Los contadores habían detallado compras en Gualeguaychú pero la vicepresidenta nunca las realizó. Los hechos surgieron a raíz de uno de los expedientes que impulsó contra Cristina el fallecido juez Bonadío.

Procesaron a contadores en Gualeguaychú, Entre Ríos, por brindar información falsa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre compras en esa ciudad que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca realizó.

El proceso legal que recae sobre los especialistas contables es por el delito de adulteración dolosa de registros e informar falsamente al ente recaudador.

Este procesamiento es el resultado de una investigación que surgió en 2016 a partir de la disposición del juez federal Claudio Bonadio para comenzar con un seguimiento de todos sus consumos y gastos mientras Fernández de Kirchner ejerció la presidencia de la Nación, en el marco de la causa Hotesur. Persecución que ahora les terminó jugando en contra.

En un país donde las sospechas de lawfare siguen acumulando pruebas a su favor, este procesamiento pareciera no sorprender, sobre todo ante el conocido funcionamiento del Poder Judicial.

Las diferentes averiguaciones determinaron el ingreso de una serie de gastos por una suma mucho mayor a los $16 millones en las arcas de la actual presidenta de la Cámara de Senadores.

Tras realizar un seguimiento de una dirección IP se logró conocer que los montos, discriminados en diferentes operaciones, provenían de la ciudad entrerriana.

Con esta información, la Dirección General Impositiva (DGI) inició una investigación que desembocó en los procesamientos dictados en esta jornada sobre los contadores que se desempeñan en un estudio.

Asimismo, se descubrió que los profesionales utilizan el CUIT de la expresidenta para “descargar” gastos de sus clientes.

En septiembre del año pasado, una delegación de la AFIP y de Policía Federal allanó el estudio contable de la zona céntrica de Gualeguaychú, en una causa que investiga la Justicia Federal por el delito de “Alteración dolosa de registros”, tipificado en el artículo 11 del Régimen Penal Tributario.