“La propia naturaleza ha puesto en los hombres muy grandes desigualdades… los hombres mejor dotados han sido siempre minoría. Pretender eliminar esas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas”.
[Carlos Pedro Blaquier/Grupo Ledesma],
Por: Roberto Candelaresi
Historiando
Ya durante la última dictadura cívico-militar se verificó el notorio crecimiento en la participación de la renta por parte de un grupo de empresas a expensas del sector del trabajo, forzado mediante la represión a la protesta y la intervención de los sindicatos. En efecto, el sector capital se benefició no solo de las reglas que facilitaron su despliegue implementadas por el gobierno de facto (ley de inversiones, ley financiera, contrataciones del Estado, etc.), sino que, bajo la batuta del oligarca ultraliberal Martínez de Hoz, sentaron las bases de una burguesía capitalista concentrada y dependiente de flujos externos, que compusieron entre otros grupos, los llamados en ese entonces; «capitanes de la industria».
Ese bloque se ampliaría con nuevos actores, y crecería en poder con el neoliberalismo aplicado por el menemato, que, al amparo de un mensaje y una tradición litúrgica justicialista, empleó conforme el consenso de Washington políticas liberales absolutamente reñidas con la filosofía peronista, sometiendo la economía a las variables del mercado, desnacionalizando rubros estratégicos, privatizando todo tipo de servicios, al tiempo que retiró al Estado de su habitual rol de regulación y control sobre las actividades económicas del país, para lo cual amén de las nuevas normas implementadas, desarticuló la burocracia especializada.
Aquellas experiencias, de altos endeudamientos privados y luego transferidos al colectivo social, una y otra vez, concluyeron con el ya famoso estallido de diciembre de 2001 que desalojó al gobierno de De la Rúa, que continuó con el mismo y enfermizo sistema bi-monetario y su retraso cambiario que impedía cualquier competitividad nacional.
El clima de época se conoció bajo el slogan de «que se vayan todos», y es en el momento de la desarticulación de las fuerzas políticas mayoritarias, es decir, ante un vacío de poder al menos aparente, que se constituyen una corporación patronal, con pretensiones de gravitar aún por encima de los procedimientos democráticos. Se trata de un conglomerado de empresas muy importantes, nacionales y extranjeras que, asociadas al sector mediático, primeramente, y luego incorporando a parte del poder judicial bajo su ‘influencia’, no dejó de crecer en cuanto a poder y por su composición última; temeridad. Este entramado corporativo se nuclea en la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Desde esta entidad, se proyectaron algunas personalidades al mundo de la política, supuestamente capacitadas técnicamente, sin involucramiento ‘ideológico’, es decir, diferentes a los conocidos dirigentes políticos, que han “fracasado tanto”. En años recientes, se construye la coalición a su medida que llevará a Macri al poder. Naturalmente, financian toda campaña a través de sus selectos miembros no solo al partido de su directa representación, el PRO, sino que además auspician al nuevo aliado: la UCR, vaciado de todo contenido ideológico y ético que alguna vez caracterizó al partido centenario. Juntos con la Coalición Cívica esta componenda electoral, asegurará con su participación institucional, sus privilegiados intereses.
Hoy se verifican numerosas pruebas de que aquella construcción política («Cambiemos»), entre las que se encuentran las estrategias desplegadas para evitar u obstaculizar en lo posible, todo proyecto de impuestos o aportes especiales de estas grandes empresas en el Congreso, incluso sabiendo que la mayoría de ellas –si no todas–, han evadido cargas fiscales y fugado capitales.
Desde el 2016 hasta el 2019, gobernaron a través de CAMBIEMOS, representantes de AEA y de otras cámaras patronales [Sociedad Rural, UIA, Bolsa de Comercio, etc.), el Gobierno Nacional directamente fue manejado [altos cargos] por sus personeros [ejecutivos de grandes compañías nacionales o multinacionales] o socios, como el caso del propio Mauricio Macri. (Existe un pormenorizado estudio de la UNSAM donde detallan orígenes de los funcionarios macristas, entre los que se destacan: JP Morgan, Techint, “La Anónima”, Shell, Farmacity, Ledesma, Automotores Dietrich, Banco Galicia, Grupo Modena (FIAT), Mercado Libre, etc.).
En nuestros días
Son los mismos que en la actualidad procuran por todos los medios, perjudicar a la actual administración, bloqueando toda propuesta, evadiendo, y en lo posible, fugando dividendos y capitales, sin invertir demasiado en el mercado nacional. En un fenómeno generalizado de sincericidios, o en el paroxismo del cinismo, escuchamos estos días declaraciones, o vemos actitudes de parte de esos empresarios, que son absolutamente contrarias al interés general, y que sin embargo parecen estar naturalizadas por el tratamiento que tales versiones o acciones reciben de los medios.
En pocos días Federico Braun resulta “jocoso” al admitir que combate la inflación remarcando precios (con risas de fondo) desde el escenario del Foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y Pagani [ARCOR], pese al acuerdo supuestamente alcanzado con el presidente de la nación, el mismo día de la reunión con el primer magistrado eleve al 10% los ítems de sus listas de precios.
En ese contexto, se comenzó a extender un estratégico gasoducto (el “Néstor Kirchner), que, en realidad, principalmente depende del cumplimiento de un solo proveedor; Techint, siendo Paolo Rocca su principal accionista, un crítico (y “rebelde”) del gobierno popular de todos los tiempos.
Por otra parte, las cerealeras (mayoría de multinacionales), continúan con sus maniobras especulativas que ya explicamos detalladamente en otros artículos, solo que agregamos en esta oportunidad, la declaración muy voluminosa de saldos a exportar que hacen este año anticipadamente, para fijar precios y calcular retenciones a deducir, e ir en realidad vendiendo a posteriori, conforme suban los valores internacionales a causa de la guerra en Europa. Esa artimaña resta dinero en concepto de derechos de exportación (“retenciones”) en perjuicio del erario, ya que solo se aplica el porcentaje a percibir sobre el valor declarado al inicio, y se pierden así, los aumentos obtenidos con el escalamiento de las cotizaciones que se consiguen al momento de efectuar efectivamente los embarques (ante la agudización de la crisis).
Hasta el presente, solo se han aplicado multas a ciertas entidades bancarias por conductas sistemáticas para facilitar a sus clientes argentinos mecanismos para eludir pago de impuestos. Imaginen esa conducta violando sus leyes, siendo juzgada y penalizada en un tribunal de los Estados Unidos.
Emancipación eternamente Boicoteada
Veamos los temas que el poder económico concentrado se niega a debatir, poniendo todo tipo de obstáculos y circulando falsa información para confundir a la opinión pública, o, censurando la difusión de esta problemática con la complicidad de los medios de comunicación asociados, a fin de que el Estado no vuelva a ocupar un rol de dominio y control, en defensa del interés público.
Un actor interesante, con posibilidades de intervenir con más fuerza en la actividad agropecuaria, y, dar mayor transparencia a las operaciones de comercio exterior que practican las compañías del rubro, a la vez que garantizar la provisión de divisas, es la estatal YPF Agro.
La empresa estatal cuenta con múltiples centros de distribución que ofrecen un amplio portafolio de productos y servicios, que incluyen semillas, productos para protección y nutrición de cultivos, bolsas para silo, combustibles, lubricantes y el asesoramiento técnico requerido en cada etapa de la campaña. en todo el país, que podría sumar la estructura productiva de Vicentín, antes o durante su proceso concursal, con lo cual podría ser un instrumento regulador de precios internos de los alimentos, para garantizar comida accesible a precios justos en el mercado local, además de ser “empresa testigo” para cotejar las declaraciones de las empresas cerealeras que dominan el mercado exportador argentino.
Del control efectivo de puertos por la administración nacional, ya nos expedimos en otros aportes, donde queda patentizada la necesidad de sumar el manejo real del tráfico fluvio-marítimo por la “Hidrovía” del Paraná/Paraguay, que es recuperar SOBERANÍA.
Es evidente, que al menos a nivel superestructural, LOS PODERES FÁCTICOS a los que aludimos, tratan de ceñir al gobierno actual a un cierto inmovilismo, para evitar que rompa con condicionamientos de la democracia precarizada, precisamente la que dejan como herencia con sus intervenciones en los gobiernos afines a sus intereses.
Contexto Inflacionario. Una Táctica de Guerra.
Todos los seguimientos de precios ofrecidos en bocas de expendio, que practican las unidades de control de la Secretaría de Comercio Interior y su homónima de la provincia de Buenos Aires, y, los relevamientos del INDEC, son elocuentes en el sentido de la aceleración de remarcación de precios de los últimos meses, sin que tengan base monetaria, fiscal o cambiaria que la justifique. Simplemente adelantan por sobre las contraprestaciones y obligaciones toda captura de mayores beneficios. Nos referimos a las cadenas y empresas productoras de propiedad de los Braun, Pagani, Blaquier, Coto, Pérez Companc, entre otros que, al ser formadores de precio, generan inflación artificialmente.
¿Quién es Quién en la foto?
Específicamente, no se respetan en las grandes cadenas los “precios de referencia” acordados. A su vez, de los análisis de la cadena de valor, por ejemplo, en el rubro alimentario, también se constata que la rentabilidad se concentra en los canales de comercialización, mientras que está bajando la participación del productor en los precios de venta. Así, en abril del corriente año, los consumidores pagaron en promedio 3,3 veces más de lo que cobraron los productores, pero éstos recibieron un 30% menos (datos de CAME).
Estas conductas aviesas son inadmisibles en un contexto en el que el 40% de los argentinos que está bajo la línea de pobreza.
MECANISMOS y FUENTES del Poder Real
La actual matriz productiva y distributiva nacional, genera RENTA y POBREZA en una relación directamente proporcional, es una correspondencia de causa y efecto.
Ya hemos tratado en otros artículos, que, en materia AGROPECUARIA, por ejemplo, la renta diferencial argentina, que se resume en el diferencial entre costos de extracción o producción argentina y el precio que se vende ese producto en el mercado mundial, es muy alta pues medida en dólares, la explotación es comparativamente barata y jugosos los precios internacionales, especialmente en nuestra época.
Resumiendo; el RINDE por hectárea (esencialmente por su fertilidad y clima templado) de la soja, el maíz, trigo, girasol, sorgo, etc. es mayor que en otros países productores. En los dos últimos años (2020-22) los precios de muchos productos se duplicaron en el mercado de Chicago (referencia para el comercio mundial), a ese “beneficio” debe aclararse que el gobierno argentino devaluó la moneda nacional [T° C° oficial Bco. Nación vendedor] en un 105% , con lo que mantiene su valor poder adquisitivo DUPLICADO, y por otra parte, los Derechos de Exportación NO HAN SIDO MODIFICADOS, por lo que esa grandiosa renta fortuita es directamente apropiada por los acopiadores y comercializadoras de granos [grandes empresarios influyentes], sin que se incremente la participación del Estado. La no captura de parte de esa renta extraordinaria, es una decisión de política económica de la administración de A. Fernández.
Otro sector económico que concentra grandes empresarios, es el MINERO. Hoy, la Argentina es un fuerte exportador de oro y plata [u$s 2.400 millones] pero también de otros metales. Esta actividad, que debería ser una importante fuente genuina de recursos para la nación, se ve opacada por serias dudas en su realidad y en su potencial, ya que este sector primario, respondiendo al marco legal desregulatorio originado en los ’90, pero AÚN VIGENTE (Ley 24.196), declara la producción y venta en cantidades sin intervención o fiscalización estatal, ni provincial [“dueñas” de los recursos] ni nacional. De hecho, existen denuncias judiciales de omisiones en las declaraciones de exportación, que solo figuran con fines tributarios los principales (oro, cobre y molibdeno), sin incluir los embarcados cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, lutecio, columbio, níquel, escandio, tantalio, terbio, torio, uranio, tungsteno, ytrio e iterbio.
El impacto ambiental (pasivo para el país) no siempre es ponderado adecuadamente, y el derecho de exportación fijado hace 30 años es – en el caso del oro – de solo el 8%, y un 3% máximo en concepto de regalías para las provincias. En los dos años precedentes, el precio del oro se TRIPLICÓ. Una vez más, la enorme renta es apropiada por los inversores extractivistas (mayormente transnacionales), no por los argentinos.
Una digresión: con cifradas expectativas de un crecimiento exponencial de la minería nacional, futura fuente de recursos en divisas, el gobierno propone un Plan de Desarrollo Minero, solo esperemos que tengan en cuenta la renta diferencial que el demandante mercado ofrece, cuando se presentan los estímulos a los inversores, que a nuestro juicio suelen ser EXCESIVOS.
Finalmente, consideremos la renta del sector FINANCIERO, canalizada por los bancos y entidades inversoras, y que se nutren mucho más de lo que se denomina “deuda cuasi fiscal” del BCRA, que de su rol de dadores de créditos a familias y empresas [un mínimo porcentaje del capital prestable y de poca incidencia en el PBI argentino -11%-]
La política monetaria, en una economía de fuerte tendencia conductual bimonetarista, como la nuestra, dedica gran parte de sus objetivos a la “esterilización” del circulante, para un doble objetivo: disminuir el índice inflacionario y, evitar con altas tasas, que los excedentes y ahorros en pesos vayan al dólar.
De hecho, la mayor emisión monetaria, se debió –por su magnitud– más a pagar esos intereses incrementales, que a cualquier otro objetivo. Esto desmiente claramente a su vez, el DISCURSO FALAZ de precisamente los grandes capitalistas beneficiados, que sostiene que se emite para financiar el déficit fiscal y/o para financiar planes sociales (AUH; AUE; Tarjeta Alimentar; Programa Potenciar Trabajo; etc.).
CIERRE
El mayor consumo no solo dignifica a las mayorías, su impulso pone en marcha toda la microeconomía, asegura el crecimiento sostenido y se puede redistribuir ingresos, es mayor demanda que exige mayor oferta, o sea producción, no especulación y rentas acaparadas.
Es en el Estado donde recae esa responsabilidad, su rol es de equilibrar y favorecer al interés común, por ejemplo, garantizando un consumo accesible (aunque implique mayor gasto energético y menor saldo exportable), ciertamente no de propiciar rentas parasitarias y fugadores de la riqueza producida en el país, y para colmo; con ACTORES NO DEMOCRÁTICOS que atentan contra los intereses populares y se declaran enemigos de sus gobiernos.
La MATRIZ ECONÓMICA ARGENTINA, ha sido transformada en los últimos 45 años en modo profundo. En ese periodo, mediante una disimulada fusión de relaciones entre las dimensiones económicas y políticas, con el desembarco de instituciones corporativas supuestamente de estudio [usinas de ideas], como consultoras de la función pública primero [Fundación Mediterránea, FIEL, etc.] y, luego, con el pase de sus integrantes a ocupar puestos de decisión relevantes [Cavallo, Rapanelli, Caputo et al], se impusieron directivas de cambio, siempre orientadas a favorecer a poderosos del mercado (sus mandantes), disminuyendo necesariamente las herramientas de balance y control estatales.
Es innegable el conflicto entre el derecho de los pueblos a su INTERÉS GENERAL y las Corporaciones, la influencia desmedida de los intereses particulares sobre la democracia que pretenden “privatizar”, como último bastión de soberanía popular, es hoy mas que nunca bien nítida. Los ejemplos de dichos y conductas por personeros de los factores de poder incluidos al principio del presente son elocuentes.
La caracterización de estos Actores Económicos y Políticos, es de poseer una cultura autoritaria, monopolista, y subordinada a los capitales o mercados internacionales. Por tanto, su proyecto nunca puede ser el pretendido desde el peronismo, que se resume en impulsar una industrialización basada en el desarrollo de capacidades tecno-productivas, que pudieran potenciar las ventajas dinámicas de la economía, y ello como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y reducir el nivel de dependencia.
Se sale entonces confrontando, profundizando un modelo nacional y popular, de inclusión e igualación de derechos y posibilidades, renovando la autoestima de un gobierno democrático y legítimo fiel a sus convicciones y al contrato electoral, no negociando con quien no reconoce la autoridad legítima. Esa es la propuesta de justicia social, y la convocatoria al pueblo movilizado para asegurar el camino.
Junio 2022
